Han pasado 6 años del estallido social que se levantó en Colombia contra las políticas de miseria del gobierno de Iván Duque. En el 2019 se dio el paro convocado por las centrales y posteriormente las grandes movilizaciones del 2021 en pleno inicio de la pandemia cuando el hambre y la desesperanza lanzaron a las calles a miles y miles de jóvenes de los barrios populares. Contra ellos se desató una violenta represión oficial que fue llenando las calles de heridos y de muertos, lo que originó el despertar del país para rodear y proteger a la muchachada, y para vincularse a las protestas. Las cifras de víctimas de la violencia oficial aún no se conocen totalmente. Se habla de por lo menos 80 jóvenes asesinados, más de un centenar con lesiones oculares, 1.380 detenidos, 129 desaparecidos y 28 agresiones sexuales contra muchachas jóvenes detenidas por la policía.
Hubo 80 jóvenes asesinados, más de un centenar con lesiones oculares, 1.380 detenidos, 129 desaparecidos y 28 agresiones sexuales contra jóvenes detenidas por la policía.
Fue una verdadera guerra contra la juventud de los barrios populares que solo tenía un profundo reclamo de justicia y el anhelo de un nuevo país.
La impunidad frente a estos hechos es total. La justicia no actuó contra los victimarios, pero sí lo hizo contra quienes protestaban. 39 jóvenes continúan en las cárceles y las familias siguen en el desamparo y el abandono. Reclaman una ley que les reconozca el carácter de víctimas de la violencia policial durante el estallido social para poder avanzar en el derecho a la justicia, a la memoria, la dignidad, la reparación y la no repetición de la criminalización. Para ello se busca la creación de una Comisión de la Verdad sobre el Estallido Social. Con este propósito se realizó en el Congreso de la República, el pasado 23 de septiembre, una audiencia para dialogar sobre la constitución de la comisión. Participaron congresistas, organismos de derechos humanos y familiares y víctimas de la violencia durante el estallido.
La audiencia fue instalada por la senadora Jahel Quiroga quien instó a darle continuidad a las tareas desarrolladas para impedir la impunidad y el olvido y a seguir trabajando para que la ley reclamada pueda ser una realidad. Igualmente saludaron el evento el representante a la Cámara Gildardo Silva y el senador Rober Daza.
El experto Carlos Beristain, investigador internacional de violaciones a los derechos humanos, expuso los criterios generales que debería tener una Comisión de la Verdad. Alejandra Miller, comisionada de la verdad compartió la experiencia de los testimonios recogidos en Cali durante el estallido. De la misma manera intervinieron representantes de diversos colectivos de derechos humanos. Familiares de víctimas del estallido y sobrevivientes del mismo compartieron sus experiencias, sus dolores y sus reclamos. Reiteraron que se sienten abandonados, que no les han cumplido con la ley prometida, que la Fiscalía no hace ningún avance y todos los procesos están en las gavetas del olvido. Expresaron que el país conoce una parte del drama vivido durante los días del estallido, pero que desconoce el drama que desde entonces están viviendo las familias. Pese a todo dejaron constancia de que no se van a rendir y que a pesar de haber estado en tantos eventos denunciando siempre lo mismo, no se cansarán de seguir repitiéndolo hasta que los escuchen quienes tienen que escucharlos y actúen quienes tienen que actuar.
El dialogo realizado en el Congreso obligatoriamente revive dolores y desesperanzas. Pero igualmente reanima la certeza de que la lucha por la justicia debe continuar y el camino se debe acelerar.
«Falta mucho por hacer y esto nos debería quitar el sueño», dijo alguien en la audiencia.
