Nos enorgullecemos de haber iniciado la judicialización de la organización criminal incrustada en el PP, dedicada a financiar en B al partido con recursos obtenidos de comisiones pagadas por empresas que obtenían contratos públicos. A partir de nuestras denuncias vinieron los procedimientos Gürtel, Púnica y el listado interminable que afectó a más de 600 dirigentes del Partido Popular y que aún hoy no ha acabado de ser juzgado en su totalidad.
La corrupción es un problema político y económico prácticamente imposible de extirpar del sistema capitalista. La maximización de los beneficios del capital, por cualquier medio, es su principal objetivo.
Los inmensos beneficios que provocan las prácticas corruptas son vistos con normalidad por las oligarquías, que desprecian las leyes reguladoras incluso aunque prevengan contra actuaciones ilegales y dañinas para toda la sociedad. Las políticas neoliberales pretenden incrementar la desregulación, eliminar cualquier control y por tanto dar facilidades a las prácticas corruptas a la vez que se intenta que queden impunes.
En resumen, el capitalismo considera las prácticas corruptas como una eficaz herramienta, en constante perfeccionamiento, para la multiplicación de beneficios particulares, para la apropiación masiva de plusvalías. Continuar con prácticas corruptas de apropiación de recursos públicos es el mayor incentivo que tiene la derecha para cooptar instituciones públicas y no hacerlas desaparecer, que es lo que teorizan. Se dedican a externalizar los servicios públicos y subcontratarlos con una miríada de empresas privadas y chiringuitos varios a su servicio.
La versión más perfeccionada de la corrupción es el “caso Montoro”, la compraventa de leyes de amnistía fiscal o exención de impuestos, elaboradas a la carta para empresas y ricos
Corrupción y bipartidismo
España tiene un serio problema de corrupción, repitiéndose de forma habitual escándalos vinculados al Partido Popular. Es el partido más corrupto de Europa sin duda alguna, experto en el manejo en interés propio de los mecanismos de la contratación pública, incapaz de reprimirse en saquear lo público —yonquis del dinero— ni siquiera en trágicas situaciones como durante el COVID. La catástrofe social fue aprovechada por gente sin escrúpulos para enriquecerse especulando con material sanitario de primera necesidad, como hemos visto en casos como los del Ayuntamiento de Madrid —Medina y Luceño— o el caso del comisionista novio de Ayuso, conocido en el PP como “Alberto el de Quirón”. La versión más perfeccionada de la corrupción es el “caso Montoro”, la compraventa de leyes de amnistía fiscal o exención de impuestos, elaboradas a la carta para empresas y ricos previo pago de un precio. Prostitución de la Hacienda Pública.
La corrupción ha cabalgado a sus anchas en el bipartidismo, manchando también al PSOE con frecuencia. Desde el caso FILESA, pasando por el escandaloso saqueo de los recursos de los ERES en Andalucía, hasta el actual “caso Koldo”, que finalmente podría ser el “caso Cerdán”, un caso de corrupción deleznable.
La posición del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida es muy clara y así se lo hemos trasladado al PSOE. El mantenimiento del gobierno de coalición sería imposible si se descubriera que el caso Cerdán ha servido para financiar a las estructuras del PSOE y que éste, tras saberlo, no hubiera hecho nada para impedirlo o denunciarlo.
Muy probablemente desde hace tiempo ha existido una trama de miembros del Partido Socialista de Navarra (PSN) que han utilizado la contratación de obra pública para cobrar comisiones u obtener beneficios con cargo a empresas constructoras.
El trasfondo del caso Koldo-Cerdán
No es descartable que el ánimo de lucro de corruptos vinculados al PSN haya sido utilizado por las cloacas del Estado para desestabilizar al único gobierno de Europa en el que participan comunistas, el Gobierno de izquierdas de España.
Meses antes de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con funciones de policía judicial, enviase sus investigaciones sobre la entonces trama “Koldo-Ábalos” a la justicia, Feijóo relataba el contenido de los informes en las sesiones de control al gobierno insinuando que tenía el informe completo.
El Informe de la UCO fue entregado al Tribunal Supremo el 5 de junio, pero al menos 7 días antes estaba en manos de periodistas que reconocen haberlo conocido por fuentes de la Guardia Civil. Los medios de comunicación han difundido audios intervenidos a Koldo que no han sido depositados ante la justicia, a la que se les han entregado transcripciones. Se ha publicado en prensa que antes de intervenirse a Koldo las más de 3.000 grabaciones de conversaciones en su domicilio, los audios habían estado depositados en una nube controlada por la UCO. Llama la atención las miles de horas de grabaciones —clasificadas perfectamente— que supuestamente habría realizado el tal Koldo, que no parece ser un virtuoso del uso de los sofisticados mecanismos tecnológicos que se necesitan para ello.
Sólo la falta de mecanismos adecuados de prevención de corrupción explica la gran irresponsabilidad del PSOE al permitir que medrara un individuo lumpen, sin ideología alguna, que pululaba por los bajos fondos pasando de ser portero de club nocturno a guardaespaldas de personas amenazadas por ETA. Muy probablemente mantenía desde hace años vínculos con servicios de información policiales. Quizás en esos tiempos conoció a Manuel Sánchez Corbí, destinado en el cuartel de Intxaurrondo durante años y ex jefe de la UCO, actualmente jefe de seguridad exterior de Acciona, la única empresa de la “trama navarra” que la UCO no ha creído conveniente registrar.
Koldo García ya fue indultado por el Gobierno Aznar en 1996 de una condena por un delito de lesiones producidas en una riña. En 2018 fue condecorado por el Gobierno de Rajoy, a propuesta de la Guardia Civil. Durante al menos cuatro meses percibió un sueldo procedente de un alto cargo del Partido Popular en Cantabria. El caso “Koldo-Cerdán” muestra grave responsabilidad del PSOE por falta de vigilancia a la hora de prevenir la corrupción.
La corrupción nos repugna, porque no es más que la sublimación del sistema capitalista, la falta de respeto a lo público y al interés de las mayorías sociales
Izquierda Unida siempre ha luchado contra la corrupción
Izquierda Unida ha tenido siempre un comportamiento ejemplar en el manejo de los recursos públicos. En los contados casos en que se han detectado supuestos de corrupción, han sido cortados radicalmente por los mecanismos internos que siempre se han activado. La corrupción nos repugna, porque no es más que la sublimación del sistema capitalista, la falta de respeto a lo público y al interés de las mayorías sociales. Por eso es una prioridad para el PCE y para Izquierda Unida combatir por todos los medios la corrupción, políticamente y también ante los tribunales. Nos enorgullecemos de haber iniciado la judicialización de la organización criminal incrustada en el Partido Popular, dedicada a dar sobresueldos a sus dirigentes y a financiar en B al partido, con recursos obtenidos de comisiones pagadas por empresas que obtenían contratos públicos. A partir de nuestras denuncias vinieron los procedimientos Gürtel, Púnica y el listado interminable que afectó a más de 600 dirigentes del Partido Popular y que aún hoy no ha acabado de ser juzgado en su totalidad.
A la corrupción la combatimos implacablemente para impedir que la más mínima sombra atraviese el gobierno de coalición. Un gobierno con una política diferenciada a la del resto de gobiernos de Europa. Por la permanente expansión de derechos sociales y laborales, por ser respetuoso con los derechos humanos de las personas migrantes, por trabajar para la democratización y la transparencia de los distintos poderes del Estado, por enfrentarse a la política arancelaria y belicista de los Estados Unidos y a la política de rearme de la Unión Europea y la OTAN, por denunciar el genocidio del pueblo palestino y exigir que Israel cese de cometer crímenes contra la humanidad.
En los últimos 30 años la corrupción ha costado más de 100.000 millones de euros a la sociedad española, 60.000 millones solo por las prácticas corruptas realizadas por personas vinculadas al PP. Cantidades que han sido robadas de los presupuestos públicos y que no han podido ser utilizadas en políticas sociales.
Izquierda Unida hemos defendido en el Congreso y en el Gobierno la aprobación de un paquete de mecanismos de prevención de la corrupción, para hacer más difíciles estas prácticas, cumpliendo las recomendaciones del Grupo GRECO o de las convenciones contra la corrupción tanto del Consejo de Europa como de Naciones Unidas. El PSOE se ha comprometido a hacer realidad estas propuestas. Hasta ahora España no había cumplido ese mandato a pesar de ser un país afectado por la corrupción desde la dictadura de Franco, con casos tan sonados como el MATESA.
Sabemos que va a ser difícil acabar con la corrupción hasta que no acabemos con el capitalismo. Mientras existan prácticas económicas neoliberales, de desregulación, de privatización o externalización de lo público, la corrupción seguirá existiendo y fortaleciéndose.
Solamente un modelo de sociedad que piense en el interés colectivo y de las mayorías sociales y los anteponga por encima del interés individual es capaz de preservar lo público y de prevenir comportamientos delictivos para el saqueo de lo que es de todos. Incluso en un sistema económico socialista pueden existir casos de corrupción, minoritarios. La diferencia es que deben ser combatidos con total contundencia, como vemos a diario en la República Popular China. La militancia comunista tiene que dar ejemplo de ética, de respeto y defensa de todo lo que es público y pertenece a toda la comunidad, a la clase obrera, defendiéndolo y no permitiendo prácticas corruptas en nuestras filas, en ningún espacio de la sociedad en el que tengamos influencia, ni en ninguna de las instituciones que gobernamos o en las que tenemos representación. Nuestro pueblo tiene que seguir viéndonos como personas de confianza, que podremos cometer errores pero que jamás “meteremos mano en la caja”, que nunca nos apropiaremos de lo que es de todos. Por el contrario, siempre trabajaremos para preservarlo y multiplicarlo.
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OFICINA DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
Para reforzar el combate contra la corrupción y prevenirla Izquierda Unida ha elaborado e impulsado la Proposición de Ley de Creación de la Oficina de Prevención de la Corrupción, que recoge 4 elementos fundamentales:
1.- El fin de la Oficina es la prevención, detección, investigación y erradicación de la corrupción, el fraude y el uso o destino ilegal de fondos públicos, así como cualquier otro aprovechamiento irregular derivado de conductas que conlleven conflicto de intereses o el uso en beneficio privado de informaciones derivadas del ejercicio de funciones públicas o privadas vinculadas a la Administración Pública.
La Oficina tendrá independencia y autonomía y su presidencia será elegida por el Pleno del Congreso por mayoría de tres quintos.
2.- Entre sus funciones más relevantes estará la creación de un sistema preventivo de alertas tempranas dirigido a detectar irregularidades y malas prácticas administrativas en la Administración General del Estado y en el sector público estatal. Elaborará una Estrategia integral de prevención de la corrupción e impulso de la integridad pública, mediante el análisis de riesgos, indicadores concretos de resultados y medios eficaces para su aplicación y evaluación, con obligación de actualización periódicamente. Deberá garantizar la elaboración de planes de prevención por todas las Administraciones públicas de competencia estatal, planes conexos entre sí y conectados con la Estrategia Integral.
3.- La Oficina tendrá plena capacidad investigadora y de inspección para el esclarecimiento de fraudes, corrupción o conflicto de intereses, por lo que podrá personarse en cualquier dependencia de las Administraciones y entidades públicas o centro afecto a un servicio público para solicitar información, realizar comprobaciones in situ y examinar los documentos, los expedientes, los libros, los registros, la contabilidad y las bases de datos.
La capacidad de investigación alcanzará a todas las Administraciones públicas, Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado, empresas o entidades privadas que reciban subvenciones, incluidos partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, acabando así con una excepción existente hasta ahora en lo relativo a la investigación de casos de corrupción en las Fuerzas Armadas.
4.- Finalmente se impone a las Administraciones públicas y empresas privadas la obligación de disponer un sistema interno de prevención de la corrupción. El incumplimiento de la obligación de disponer de este sistema interno de prevención de la corrupción podrá ser sancionado con multas de hasta 1 millón de euros.
