La paciencia de los empleados públicos en España se agota. Tras meses de silencio administrativo por parte del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, los tres grandes sindicatos —UGT, CCOO y CSIF— han decidido dar un paso al frente. El próximo 30 de octubre a las 12 horas, miles de trabajadores de empresas y organismos públicos como Correos, Renfe, Paradores o la Administración General del Estado (AGE) saldrán a la calle para exigir una negociación real, una subida salarial y la mejora de los servicios públicos.
El conflicto se arrastra desde hace meses. El bloqueo de la negociación colectiva ha dejado a más de 20.000 empleados sin convenios actualizados, algunos de ellos con acuerdos que datan de hace más de una década, como en el caso de Tragsatec, donde más de 15.000 trabajadores siguen regidos por un texto de 2011. En empresas como Isdefe, Incibe o el Consorcio de Compensación de Seguros, los sindicatos denuncian convenios “obsoletos” o acuerdos incumplidos, mientras que en Paradores o Fundae las negociaciones se encuentran paralizadas desde hace años.
“Los empleados públicos no pueden seguir siendo los paganos de la inflación ni del inmovilismo político”, advirtió Isabel Araque, secretaria general de UGT Servicios Públicos. En la misma línea, CSIF denuncia que no se ha aplicado la jornada de 35 horas en la mayoría de las empresas públicas, a pesar de que el Gobierno ya eliminó las restricciones legales. La reducción de jornada —ya implantada en la FNMT desde julio— permitiría crear empleo, mejorar la conciliación y reducir la temporalidad, que alcanza cifras alarmantes: más del 60% en Tragsa, 30% en Paradores y 20% en Correos.
Un sector público que envejece y se precariza
El deterioro de las condiciones laborales se percibe en todos los niveles de la Administración. En la AGE, en los servicios autonómicos de salud, en los ayuntamientos o en las empresas públicas, los recortes de personal y la falta de reposición han provocado una sobrecarga crónica. “En los últimos 20 años se han perdido más de 42.000 efectivos en el sector público”, recuerdan desde CCOO.
Mientras tanto, la Oferta de Empleo Público de 2025 sigue sin aprobarse en muchos organismos, y las plazas ofertadas no cubren ni de lejos las necesidades reales. El envejecimiento de las plantillas amenaza con colapsar servicios esenciales como la sanidad, la educación o la administración de justicia, mientras los jóvenes encuentran cada vez más difícil acceder a una carrera pública estable.
Salarios congelados y pérdida de poder adquisitivo
Tras el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que contemplaba subidas del 9,5% entre 2022 y 2024, los salarios han vuelto a quedar congelados este año. Los empleados públicos solo han recibido un 0,5% de atrasos en agosto, correspondiente al acuerdo anterior ya caducado.
Los sindicatos reclaman ahora un nuevo pacto salarial que blinde el poder adquisitivo de los funcionarios frente a la inflación, con cláusulas de revisión y criterios de equidad. “No pedimos privilegios, pedimos justicia. El Estado no puede exigir eficacia mientras recorta derechos”, resumió el presidente de CSIF, Miguel Borra.
Una movilización que irá en aumento
La protesta del 30 de octubre marcará el inicio de una campaña de movilizaciones “en presión ascendente”, con concentraciones en todas las provincias y una gran manifestación en Madrid en noviembre. Si el Gobierno no reacciona, las organizaciones sindicales advierten que convocarán una huelga general en diciembre, la primera en las Administraciones Públicas desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa.
Los sindicatos coinciden en que no se trata solo de una cuestión salarial, sino del modelo de servicios públicos que España quiere para las próximas décadas. Reclaman una administración moderna, eficiente y humana, capaz de atraer talento, garantizar derechos y ofrecer un servicio digno a la ciudadanía.
“Sin empleo público digno, no hay Estado social ni igualdad real”, concluyó Lucho Palazzo, de CCOO. “Esta movilización no es solo por los funcionarios: es por la calidad de los servicios públicos que sostienen nuestro país”.
