La idea de que privatizar servicios públicos los hace más eficientes y económicos se ha convertido en uno de los grandes mitos de las últimas décadas. Sin embargo, los datos vuelven a contradecir ese relato. Un informe técnico de Comisiones Obreras alerta de que la privatización no solo encarece la prestación de servicios esenciales, sino que empeora su calidad y amplía las desigualdades sociales, especialmente entre los hogares de clase trabajadora.
Carlos Gutiérrez, secretario confederal de Estudios y Discurso del sindicato, es tajante: “Las privatizaciones siempre salen caras, social y económicamente. Encarecen el servicio para las arcas públicas, empeoran la calidad para los ciudadanos y excluyen a una parte de la población”. La conclusión, añade, es clara: “Este modelo empobrece al común y deteriora la convivencia”.
La sanidad pública, ejemplo paradigmático
Uno de los terrenos donde la privatización ha dejado huella es la sanidad. Pese a que el gasto sanitario por habitante apenas ha aumentado en 15 años, los tiempos de espera y los indicadores de atención al paciente se han deteriorado de manera constante. El informe explica el porqué: financiar servicios mediante conciertos con empresas privadas sale notablemente más caro que hacerlo directamente desde lo público.
La comparativa es elocuente. Una operación de hernia cuesta menos de 700 euros en la sanidad pública y casi 3.400 euros en la concertada. Es decir, hasta seis veces más caro. Ese exceso, señala Gutiérrez, supone un despilfarro de recursos que deja sin financiación otras necesidades sociales prioritarias.
Privatizar no mejora la calidad: la empeora
El deterioro en la atención no es una percepción subjetiva, sino una realidad medible. Hoy, las listas de espera son más largas y las demoras casi se han duplicado para acceder a consultas especializadas o intervenciones no urgentes respecto a hace veinte años.
La consecuencia es doble: un servicio más lento y una exclusión silenciosa de las personas con menos recursos, que ven cómo se reduce la oferta pública en determinadas especialidades mientras se impulsa la oferta privada. Se obliga así a muchas familias a recurrir a seguros médicos para obtener una atención digna —un fenómeno que afecta ya a uno de cada cuatro hogares.
La educación superior, cada vez más inaccesible
La privatización también golpea a la educación. La escasez de plazas públicas en Formación Profesional o en másteres universitarios empuja a miles de estudiantes a la enseñanza privada, con un efecto directo sobre la economía familiar.
Entre 2016 y 2023, el gasto por hogar en FP superior se ha duplicado, pasando de 1.069 a 2.085 euros. Y la brecha crece aún más en el caso de los másteres, donde el coste adicional ronda los 1.600 euros por familia.
Un modelo que rompe el contrato social
El informe de CCOO pone cifras a lo que muchas familias ya viven en primera persona: la privatización no libera recursos, los desplaza hacia manos privadas, encareciendo lo que debería ser un derecho universal. En vez de mejorar la eficiencia del gasto, la externalización multiplica costes y desigualdades, y convierte el acceso a la salud o la educación en una cuestión de capacidad económica.
La disyuntiva es política, no técnica: seguir degradando lo común o reforzar lo público como pilar de igualdad y bienestar. Mientras, la clase trabajadora paga —literalmente— la factura.
