El Gobierno impulsa el Estatuto del Becario: hacia el fin de la explotación laboral juvenil

La nueva norma reconoce derechos básicos a estudiantes en prácticas y busca acabar con el fraude de los falsos becarios que trabajan sin cobrar ni aprender.
Yolanda Díaz ante la presentación del anteproyecto. – Fuente: Ministerio de Trabajo.

El Consejo de Ministros de España avanza hacia la aprobación del Estatuto del Becario, que busca dignificar a los practicantes y poner fin a la precariedad laboral. La norma establece derechos básicos como compensación económica y acceso a vacaciones, y limita la explotación laboral. Su implementación enfrenta desafíos políticos y resistencia de ciertos sectores.

Después de más de dos años de bloqueo político, el Consejo de Ministros ha dado este martes el primer paso para aprobar el llamado Estatuto del Becario, una norma largamente reivindicada por sindicatos y organizaciones estudiantiles que pretende poner fin a la precarización sistemática que afecta a cientos de miles de jóvenes (y no tan jóvenes) en España. Se trata de la primera regulación integral de las prácticas no laborales en nuestro país, y supone un avance histórico en la dignificación de quienes hoy realizan tareas de valor para empresas e instituciones sin los derechos más básicos.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendió el anteproyecto como “la reforma laboral para las nuevas generaciones”. Durante la rueda de prensa, leyó anuncios reales de becas que describían entornos “jóvenes, dinámicos y con alma” para luego exigir jornadas de más de 12 horas y cero retribución. “Esto es real. Esto es explotación”, denunció la ministra, visibilizando una realidad que ha normalizado la idea de que trabajar gratis es una condición inevitable para acceder al mercado laboral.

Un problema estructural: trabajar sin cobrar

Según los datos manejados por el Ministerio de Trabajo, solo en 2024 hubo más de 1,6 millones de becarios no remunerados en España. De ellos, casi un millón trabajaba sin recibir ni un solo euro, el 80% del total. La figura del becario se ha convertido, en demasiadas ocasiones, en la coartada perfecta para cubrir puestos de trabajo estructurales sin contrato, sin derechos y sin futuro.

Y, aunque las prácticas se vinculan habitualmente a la juventud, un 22% de quienes las realizan tienen más de 30 años, lo que revela que la precariedad ya no está asociada únicamente al inicio de la carrera profesional, sino a la fragilidad del mercado laboral en su conjunto.

Derechos básicos y límites a los abusos

El Estatuto —acordado con CCOO y UGT, aunque rechazado por la patronal CEOE en el último momento— reconoce por primera vez derechos explícitos a las personas en prácticas:

  • Compensación obligatoria de gastos de transporte y manutención.
  • Acceso a vacaciones y festivos, como el resto de trabajadores.
  • Derecho a servicios comunes del centro de trabajo (comedor, zonas de descanso, aparcamiento).
  • Tutorización real, con un máximo de cinco becarios por tutor (tres en pequeñas empresas).
  • Prohibición de que el estudiante deba pagar para acceder a sus prácticas.

Además, se establecen límites estrictos para evitar que los becarios ocupen puestos laborales: no podrán superar el 20% de la plantilla y no podrán realizar tareas que sustituyan a trabajadores. Si lo hacen, se presumirá automáticamente que existe relación laboral, con todas las obligaciones que ello implica.

Sanciones para proteger la dignidad

La norma prevé un aumento significativo del control de la Inspección de Trabajo, con sanciones que pueden llegar hasta:

  • 7.500 euros por incumplir derechos básicos.
  • 225.000 euros en casos de discriminación.

Un mensaje claro a quienes han construido modelos de negocio sobre la explotación encubierta.

Una reforma con obstáculos políticos

El camino, sin embargo, no está despejado. Aunque el anteproyecto ha sido aprobado en primera vuelta, su tramitación parlamentaria será difícil en un Congreso fragmentado. También se prevé resistencia por parte de universidades y empresas que durante años han considerado la mano de obra gratuita como un recurso “natural”.

Pero la ministra fue tajante: “Los jóvenes no pueden seguir pagando con precariedad su derecho a formarse”.

Un paso necesario

España arrastra desde hace décadas un modelo que normaliza que para aprender hay que trabajar gratis, aceptar cargas abusivas y, con suerte, recibir “experiencia” como única retribución. El Estatuto del Becario no resolverá por sí solo todos los problemas estructurales del empleo juvenil, pero sí marca un punto de inflexión: si se trabaja, se tienen derechos.

Dignificar las prácticas no es una cuestión generacional, sino democrática.

Porque un país que obliga a sus jóvenes a vivir en la precariedad es un país que renuncia a su propio futuro.

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