Los bomberos y bomberas forestales de la Comunidad de Madrid llevan más de 17 años con un convenio colectivo caducado, lo que los mantiene en una situación de precariedad laboral extrema. Este colectivo, actualmente gestionado por la empresa pública TRAGSA, acumula años de temporalidad, bajos salarios y ausencia de medidas de protección adecuadas frente a los riesgos inherentes a su profesión, como la exposición a agentes cancerígenos.
Su historia se remonta a la época del ICONA. En 1984, las cuadrillas forestales pasaron a depender de la recién creada Comunidad de Madrid y, posteriormente, de la Agencia de Medio Ambiente en 1989. Años más tarde, en 1997, el servicio fue privatizado y adjudicado a empresas como Talher y Dehesa, lo que supuso un recorte drástico en salarios y la expulsión de compañeros y compañeras del operativo. Esta medida marcó un antes y un después: la pérdida de la vinculación laboral directa con la Administración y el inicio de una larga etapa de precarización.
Al ver que la encomienda no cumplía con los objetivos, en 1998, se le retiró la adjudicación pasando el servicio a la empresa API-Floresur, actualmente INFOSA y Matinsa, las cuales se mantuvieron hasta el año 2021. Después de huelgas y protestas pidiendo un servicio público y de gestión 100% pública, la Comunidad de Madrid le da el encargo a la Empresa pública TRAGSA —perteneciente a la SEPI y vinculada históricamente al extinto Ministerio de Medio Ambiente y presidida por Jesús Casas— para la gestión del servicio hasta el día de hoy.
Temporalidad y salarios insuficientes
Uno de los grandes problemas es la temporalidad: alrededor del 50% de la plantilla solo es contratada durante cuatro meses al año, coincidiendo con la campaña de verano. Esto no solo impide la estabilidad laboral y económica de los trabajadores, sino que compromete la eficacia de las labores de prevención, fundamentales para evitar incendios cada vez más desestacionalizados.
La emergencia climática agrava este escenario. Los incendios forestales ya no son exclusivos del verano y la necesidad de un operativo estable todo el año es más evidente que nunca. Pese a la peligrosidad del trabajo, los salarios de los bomberos forestales están muy por debajo de lo que implica su responsabilidad, acumulando además una pérdida de poder adquisitivo del 24% desde 2012.
Riesgos laborales ignorados
Los bomberos forestales se enfrentan a humos y sustancias tóxicas durante las labores de extinción y prevención, sin contar con un plan específico que evalúe y reduzca estos riesgos. Esto contraviene lo establecido en el Real Decreto 612/2024, de 2 de julio, sobre protección frente a agentes cancerígenos, y se ignoran estudios y resoluciones de la inspección de trabajo que ya reconocen esta problemática en otras comunidades autónomas.
