El pasado 8 de agosto de 2025 tuvo lugar un incendio en la Mezquita de Córdoba originado en una de las capillas utilizada como almacén de útiles de limpiezas y barredoras eléctricas. El fallo eléctrico en una de estas barredoras fue de las primeras hipótesis que se apuntaron como origen del fuego que se extendió y afectó a cuatro capillas más.
El incendio en un inmueble de incalculable valor, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, que conmocionó a la sociedad andaluza y española y generó gran atención en los medios internacionales, no sólo puso en riesgo el patrimonio sino que también abrió el debate sobre la titularidad de la Mezquita.
Tres días después del incendio, el 11 de agosto de 2025, Enrique Santiago, portavoz de Izquierda Unida del Grupo Plurinacional Sumar y cuatro diputados/as más de IU, Antonio Valero, Nahuel González, Engracia Rivera y Francisco Sierra, presentaron un escrito a la Mesa del Congreso de los Diputados con preguntas dirigidas al Gobierno, varias de ellas relacionadas con lo que había sido una inadecuada y poco transparente gestión del Cabildo Catedral de Córdoba; el texto de IU apremiaba también saber del Gobierno, qué mecanismos de intervención pensaba implementar para evitar usos inadecuados de los espacios del recinto; interrogaba al ejecutivo sobre el coste de la rehabilitación y una pregunta final inquiría «si va a realizar alguna acción el Gobierno para el reconocimiento jurídico de la titularidad pública de la Mezquita, garantizar una gestión pública y transparente».
Está última pregunta del escrito de IU acerca de la titularidad pública de la Mezquita iba en la línea de las reivindicaciones de la Plataforma Mezquita de Córdoba y otros colectivos ciudadanos y patrimonialistas llevadas a cabo en este sentido desde que en 2006 este monumento Patrimonio de la Humanidad fuera inmatriculado por la Iglesia católica con un coste total de 30 euros, gracias a la modificación de la Ley Hipotecaria llevada a cabo por el Gobierno del PP de José María Aznar.
El citado escrito de Izquierda Unida señalaba también que «los beneficios de su uso litúrgico y los económicos de su uso turístico los percibe en exclusiva la Iglesia católica», 22 millones de euros libres de impuestos en 2024, mientras que buena parte de la restauración de la Mezquita de Córdoba durante largo tiempo y puntualmente en la actualidad había sido llevada a cabo por el Estado.
Hace unas semanas, con fecha 16 de octubre de 2025, el Gobierno ha contestado concretamente a la pregunta formulada por IU en el mes de agosto en relación a la titularidad, y su respuesta ha sido que «no existen antecedentes que permitan cuestionar la actual titularidad registral del inmueble». Esta respuesta cita y se apoya en dos informes de la Abogacía del Estado, del 9 de abril de 2014 y del 12 de abril de 2017 que establecían que «no existían indicios de la titularidad de la Administración General del Estado».
Enrique Santiago, portavoz de IU en el Congreso, diputado por la circunscripción de Córdoba y uno de los firmante de la citada batería de preguntas remitidas al Gobierno en agosto, calificaba ayer, en un mensaje de su cuenta de la red social X (antes twitter), «de poco argumentada» la respuesta del Gobierno, indicando que «se contradice con el dictamen de la Comisión presidida por Federico Mayor Zaragoza y el informe de la Secretaría del Ayuntamiento de Córdoba». «Ambos —añadía Santiago— indican la titularidad pública de la mezquita, que IU reclamará en el Parlamento».
El dictamen de la Comisión presidida por Federico Mayor Zaragoza, al que alude Santiago, es un informe elaborado en 2018 por un grupo de expertos a instancias del Ayuntamiento de Córdoba que establecía que ningún documento histórico avalaba la titularidad de la Iglesia sobre la Mezquita, que la Iglesia no podía presentar ningún título de propiedad sobre la misma y que por lo tanto su inmatriculación había sido irregular.
Hasta ahora ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía han impulsado iniciativas para anular la inscripción de la Mezquita a nombre de la Iglesia Católica, revertir su inmatriculación y defender su titularidad pública, que Izquierda Unida sí parece que seguirá reclamando en el Parlamento tal y como anunció ayer su portavoz.
