En el editorial del anterior número pedimos “llamar genocidio al genocidio” y actuar en consecuencia. La realidad obliga a redoblar ese compromiso. La tregua diseñada en Washington no ha detenido la maquinaria de exterminio en Palestina. Israel ha continuado bombardeando y asesinando civiles desde el mismo día de la firma, con al menos 50 violaciones del acuerdo en la primera semana y más de 150 muertos adicionales. La diferencia hoy es apenas de intensidad y de relato. Se permite con cuentagotas la entrada de ayuda humanitaria mientras, día sí y día también, se vuelven a cerrar los pasos y se reactiva el hambre como arma de guerra. Llamemos a esto por su nombre: continuidad del genocidio bajo cobertura diplomática.
Estamos ante una nueva maniobra política para descargar responsabilidades de los actores que desde hace meses tratan de sepultar el multilateralismo y el derecho internacional: Estados Unidos e Israel. El genocidio en Gaza y la anexión silenciosa de Cisjordania se han sostenido por la permisividad y el apoyo logístico de Washington y sus aliados occidentales y árabes. Si la Casa Blanca impuso un alto el fuego, podía imponer el cese de la masacre; si no lo hace, es porque no quiere hacerlo. Y mientras Gaza se ha convertido en un lugar inhabitable para dos millones de personas, la comunidad internacional acumula descrédito, desconfianza y una deuda con los derechos humanos cada día más difícil de saldar.
En nuestro país se ha convalidado un Real Decreto Ley de embargo de armas y materiales militares frente a la derecha y la ultraderecha, pese a la errática oposición de quienes amagaron con tumbarlo. Fue la presión realizada por la sociedad civil, desde manifestaciones masivas hasta la participación en la “Sumud Flotilla”, la que ha empujado a la toma de esas decisiones. Es un primer paso, pero todavía insuficiente ante la gravedad de la situación. Toca blindar una mayoría que impida que la derecha y la ultraderecha nos arrastren a la economía de guerra y toca seguir presionando para rechazar el aumento del gasto militar que pide la OTAN, y que ha llevado a Trump a “llamar la atención” en varias ocasiones a nuestro gobierno. Eso significa presupuestos con vivienda, salarios y derechos sociales en el centro; significa explicar con claridad que cada euro que no se evapora en armamento es un euro que combate la pobreza en nuestras ciudades y barrios.
Pero Palestina no es el único frente. Todo encaja en una nueva estrategia imperialista de los Estados Unidos, con Trump como rostro de una deriva autoritaria que amenaza dentro y fuera de sus fronteras. Mientras se administraba el “alto el fuego” en Gaza, la administración estadounidense escalaba la presión político-militar contra la República Bolivariana de Venezuela en una vuelta de tuerca autoritaria imperialista: despliegues aeronavales, operaciones de desestabilización, amenazas de magnicidio, ataques letales contra embarcaciones civiles en el Caribe bajo el pretexto de la “lucha antidroga” y una cadena de víctimas civiles. En paralelo, el bochorno del Nobel de la Paz a María Corina Machado, que ha llamado a la intervención extranjera, funciona como pistoletazo simbólico de una operación mayor. Venezuela es hoy el otro frente de la misma doctrina: disciplinar por la fuerza cualquier proyecto soberano que no se pliegue a Washington.
Hace un mes afirmábamos que llamar genocidio al genocidio es el primer paso. El segunda era actuar en consecuencia. Hoy añadimos el tercero: impedir que el mismo guion se reproduzca en Venezuela y que la OTAN imponga a nuestro país una carrera de armamentos contraria a nuestra soberanía, a nuestra democracia y a la paz. España debe perseverar como obstáculo a la guerra. Y la sociedad civil organizada tiene la llave para que esa posición no sea una pose, sino política de Estado.
