Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, en ejercicio de la acusación popular, han registrado en la Audiencia Nacional una querella contra altas autoridades civiles y militares del régimen de Israel por su vinculación directa en la organización del asalto el pasado mes de octubre a las embarcaciones de la denominada Global Sumud Flotilla y la detención de cientos de personas que participaban en la misma, entre ellas “decenas de personas de nacionalidad española”.
Posteriormente al registro de la querella en la Audiencia Nacional, el coordinador federal de Izquierda Unida Antonio Maíllo y el secretario general del PCE Enrique Santiago, quien es también responsable federal de Justicia e Interior de IU, han presentado a los medios, en dependencias del Congreso de los Diputados, el contenido de la querella.
Los delitos incluidos en el texto de la querella, según ha detallado Santiago, son los de «piratería, detención ilegal, tortura, delitos contra personas y bienes en caso de conflicto armado”, en un contexto de comisión de delitos de lesa humanidad y de genocidio tal y como se recogen el Código Penal español y en los tratados internacionales. La justicia española es competente, según explicó Santiago, «y no hay ninguna duda jurídica», añadió, para actuar en este caso por tratarse de un asalto en un acto de piratería a barcos de bandera española sucedido en aguas internacionales.
Las altas autoridades israelís contra las que va dirigida la querella, responsables de los delitos cometidos contra ciudadanos españoles y otros que no son de nacionalidad española, pero que iban en barcos de bandera española, son el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, responsable del Servicio Penitenciario de Israel (SPI); Ramatcal Eyal Zamires, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas israelíes; Ram Rotberg, almirante y comandante de las Fuerzas Navales de Israel, máximo responsable de las tropas que asaltaron los barcos y Yosef Knipes, general de brigada del sistema penitenciario de Israel, máxima autoridad de la prisión de Ketziot responsable no solo de las comisiones de delitos de torturas sistematizadas durante la detención ilegal, sino de la ausencia de investigación alguna.
Tanto Antonio Maíllo como Enrique Santiago explicaron la pertinencia de esta acción judicial como respuesta al secuestro de compatriotas y de ciudadanos de otras nacionalidades en aguas internacionales y las torturas en la cárcel a la que fueron trasladados ilegalmente por parte de los responsables que tenían competencia para tomar estas decisiones, lo que no quita que si en el curso de la investigación aparecieran vínculos que acreditan la implicación de las máximas autoridades del Estado de Israel, la justicia española tendría que continuar la investigación más allá de estas cuatro personas querelladas.
Se trata de llegar hasta el final en hacer cumplir el derecho internacional, explicó el coordinador Antonio Maíllo, para quien Israel ha hecho norma de saltarse toda normativa, «desde la Convención de Ginebra a la Carta de Naciones Unidas, o cualquier norma vinculada a la civilización” y ha calificado de criminal la acción de este país contra la Global Sumud Flotilla, para tratar de impedir la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, cuyo bloqueo y control va dirigido a la destrucción física de la población palestina.
La actuación de IU y PCE es un primer paso al cual pueden sumarse posteriormente las personas directamente perjudicadas por los hechos acaecidos. Igualmente, Maíllo expresó su convicción de estar en el lado correcto de la historia al posicionarse contra el genocidio palestino y no ser cómplices de mirar para otro lado «mientras la mayoría de los países europeos se movían en la mayor de la hipocresía ante el exterminio televisado de la población palestina”. También de estar en el lado correcto por el reconocimiento del Estado palestino, el embargo de armas del acuerdo del Consejo de Ministros ratificado en el decreto-ley del Congreso pero que aún habrá que tomar más medidas, como sentar a Netanyahu ante el Tribunal Internacional de La Haya y vincular al Gobierno español «al acuerdo y al equipo jurídico de La Haya para interponer acusaciones al Estado de Israel para sentar en el banquillo a sus máximos responsables”.
Fuente: Izquierda Unida
