La reciente resolución impulsada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, aprobada con 13 votos a favor y la abstención de China y Rusia, constituye un salto cualitativo en la larga trayectoria de intervenciones coloniales y tutelas extranjeras en Palestina. Lejos de su apariencia técnica o diplomática, este acto supone la imposición, mediante instrumentos político-militares y bajo amenaza explícita, de un nuevo régimen de control sobre la Franja de Gaza, diseñado para servir a los intereses geoestratégicos de Washington y garantizar los objetivos del régimen genocida israelí. En términos prácticos, esta resolución sienta las bases para transformar Gaza en un protectorado estadounidense sometido a la tutela directa de Trump, es decir, un territorio cuya soberanía queda subordinada al diseño político, económico y militar de una potencia externa.
Para comprender el alcance de este paso, conviene recordar brevemente qué significa la figura del protectorado en geopolítica: una forma de dominio colonial indirecto en la que la metrópoli controla las relaciones exteriores, los recursos estratégicos y las decisiones fundamentales del territorio supuestamente “administrado”. Fue la forma preferida de dominación de las potencias europeas desde el siglo XIX (especialmente Reino Unido y Francia) para gobernar regiones enteras sin asumir la responsabilidad formal de la colonización. Lo novedoso en este caso es que la potencia que asume ese rol no es una antigua metrópoli europea, sino la superpotencia estadounidense, que desde mediados del siglo XX actúa como eje del sistema imperialista global y protector incondicional del régimen colonial israelí.
La resolución incorpora dos elementos que expresan con nitidez ese proyecto colonial: la creación de una “Junta de Paz” extranjera y la autorización para desplegar una Fuerza Internacional de Estabilización con mandato para “desarmar a la Resistencia” en Gaza. Estas estructuras derivan de propuestas promovidas por figuras como Jared Kushner (yerno de Trump y principal arquitecto del plan de anexión impulsado durante el primer mandato de su suegro) y Tony Blair, que tras abandonar el gobierno británico se ha convertido en operador diplomático y consultor vinculado a proyectos de reconfiguración geopolítica en Oriente Medio. Más allá de la biografía de ambos personajes, lo relevante es lo que representan: la visión profundamente colonial que concibe Palestina como un espacio que debe ser gobernado desde fuera, sin soberanía popular, sin autodeterminación y sin capacidad efectiva para decidir su futuro.
En este nuevo marco, la llamada Junta de Paz se presenta como una autoridad designada por actores externos para dirigir Gaza, controlar sus fronteras y gestionar sus recursos. En términos pedagógicos, podría compararse con los gobiernos “interinos” impuestos en Iraq tras la invasión de 2003: estructuras de gestión colonial que niegan al pueblo dominado su derecho básico a ejercer la soberanía. Lo que se presenta como una “misión técnica” o una fase de “transición hacia la estabilidad” reproduce la lógica imperialista clásica: una potencia extranjera se arroga la capacidad de decidir quién gobierna, cómo se administra el territorio y bajo qué condiciones se permitirá la vida cotidiana.
La amenaza lanzada por el embajador estadounidense Mike Waltz antes de la votación del Consejo de Seguridad es reveladora del tipo de relación que Estados Unidos mantiene con el resto del mundo. Waltz declaró literalmente que “un voto en contra de esta resolución es un voto a favor de volver a la guerra”. Este tipo de advertencia constituye una forma de coerción diplomática, un mecanismo histórico del imperialismo mediante el cual una potencia impone decisiones en un organismo internacional supuestamente neutral. Ante esta presión, China y Rusia optaron por abstenerse, pese a disponer del derecho de veto.
Su decisión refleja el delicado equilibrio del actual escenario de multipolaridad, un concepto que describe un sistema internacional donde ya no existe una única potencia incontestada, pero donde Estados Unidos sigue conservando herramientas suficientes para forzar consensos y bloquear alternativas.
El punto más grave de la resolución es la autorización para desplegar la mencionada Fuerza Internacional de Estabilización, cuyo mandato consiste en desarmar a la Resistencia en Gaza. Conviene explicar con claridad qué significa este concepto. En los procesos coloniales y de ocupación militar, el término Resistencia designa a los movimientos, organizaciones y estructuras sociales que se oponen al dominio extranjero. Desde la resistencia argelina contra Francia hasta los movimientos africanos contra las potencias coloniales, pasando por la resistencia francesa frente a la ocupación nazi, el concepto remite a la lucha por la liberación nacional. En el caso palestino, la resistencia constituye un derecho reconocido por el derecho internacional para los pueblos sometidos a ocupación y colonización.
La resolución invierte esta lógica al pretender que la retirada de las fuerzas genocidas israelíes dependa del desarme previo de esa Resistencia. En términos prácticos, equivale a exigir que el pueblo ocupado renuncie a su derecho a defenderse antes siquiera de que el ocupante considere la retirada, sin garantía ninguna de que esta se produzca. Es un mecanismo histórico típico del imperialismo: responsabilizar al agredido de su propia opresión, imponerle condiciones imposibles y culparlo de cualquier fracaso del proceso.
El documento crea asimismo un supuesto “comité ejecutivo palestino”, encargado de la administración cotidiana. Su papel equivale, en la práctica, a tareas menores —gestión de servicios básicos, orden administrativo— bajo una estricta tutela externa. No es una estructura de autogobierno, sino un órgano subordinado a la Junta de Paz y a los parámetros fijados por Washington y sus aliados. Es, en esencia, una forma de tutela política que limita la capacidad de decisión palestina y consolida el control colonial a través de mecanismos indirectos.
Todo esto ocurre en un contexto marcado por la continuidad del genocidio perpetrado por el régimen israelí contra el pueblo palestino. Conviene recordar que, según la definición de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, el genocidio no se reduce al exterminio físico masivo, sino que incluye la creación deliberada de condiciones de vida destinadas a destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. La destrucción sistemática de infraestructuras civiles, los desplazamientos masivos forzados, la asfixia económica, la imposición de hambre y la negación del retorno conforman un patrón que numerosos juristas, académicos y organizaciones internacionales han denunciado en relación con Palestina.
La Resolución 2803 no surge para proteger al pueblo palestino, sino para administrar su sometimiento bajo un nuevo esquema colonial que pretende legitimar la ocupación y reorganizar Gaza en función de los intereses estratégicos de Estados Unidos y del régimen genocida israelí. Bajo el lenguaje diplomático se esconde una lógica de dominación: transformar la devastación humanitaria en una oportunidad para redibujar el territorio, controlar sus recursos y eliminar cualquier forma de resistencia política, social o militar.
En conclusión, lo que se presenta como una operación de “estabilización” constituye, en realidad, la fase más reciente de un proyecto colonial que combina coerción militar, ingeniería política y manipulación del derecho internacional para consolidar una hegemonía en crisis. La resolución no abre ningún horizonte de paz ni de justicia; perpetúa la negación del derecho a la autodeterminación del pueblo palestino.
Convertir Gaza en un protectorado estadounidense es una forma renovada de colonialismo que ignora deliberadamente las raíces del conflicto y sitúa los intereses geopolíticos de Washington y las obsesiones expansionistas del régimen genocida israelí por encima de la dignidad, la soberanía y la vida del pueblo palestino. Frente a esta imposición, la lucha internacionalista por una solución justa y basada en los derechos históricos de Palestina se vuelve más urgente y necesaria que nunca.
