Esta España nuestra a la que cantaba Cecilia, vive una contradicción que lastra con eficacia su madurez democrática: sigue manteniendo una monarquía hereditaria en pleno siglo XXI. En un país que ha alcanzado cotas de libertad y pluralismo como no se habían conocido, resulta anacrónico que la Jefatura del Estado dependa del azar biológico y no venga de la voluntad ciudadana. La instauración de la III República no sería una aventura, sino la culminación lógica de un proceso histórico pendiente: el de convertir a este país por fin en una democracia plenamente moderna, participativa y transparente.
La monarquía parlamentaria española ha jugado un papel perversamente catalizador durante la Transición, y sus fundamentos son incompatibles con la idea de la soberanía popular. La legitimidad republicana nace de abajo hacia arriba: la Jefatura del Estado no se hereda, se elige. En una república, todos los cargos públicos —sin excepción— se deben al voto de los ciudadanos y responden ante ellos. Esa es la gran diferencia esencial entre una democracia madura y una democracia tutelada por una institución no elegida y anacrónica.
Es tiempo, en pleno siglo XXI, de exigir un sistema político que encarne los valores de igualdad, rendición de cuentas y racionalidad institucional. Las repúblicas modernas —como las de Portugal, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, o Finlandia— han demostrado que la figura de un presidente elegido, con funciones delimitadas y simbólicas, refuerza la neutralidad del Estado y lo despoja de toda herencia con tintes medievales. Frente a ello, la monarquía introduce un elemento de privilegio hereditario que ninguna sociedad igualitaria debe justificar.
La III República no puede entenderse como una mera sustitución de símbolos o de una familia real por un presidente. Es una reforma integral del Estado para hacerlo más moderno, ágil y más transparente y próximo al ciudadano. La República debe representar el marco para un nuevo pacto constitucional que dé respuesta a los desafíos actuales: la descentralización eficaz, el reconocimiento de la diversidad territorial, la igualdad real entre mujeres y hombres, la participación directa de la ciudadanía en todos los procesos y la tan necesaria regeneración ética de la vida pública.
El republicanismo de hoy es una propuesta de futuro basada en tres principios esenciales: libertad cívica, igualdad política y fraternidad social
El republicanismo de hoy no es una reliquia de los años treinta como pretende el frente monárquico. Es una propuesta de futuro basada en tres principios esenciales: libertad cívica, igualdad política y fraternidad social. La libertad cívica supone instituciones sometidas al escrutinio constante y al control público. La igualdad política demanda que nadie, por nacimiento o linaje, ocupe un puesto de privilegio al que los demás no pueden llegar. Y la fraternidad social exige un Estado que proteja los derechos de todos, sin distinciones ni privilegio alguno.
Una III República española deberá erigirse sobre pilares modernos y sólidos: una Constitución que limite los mandatos de todos los cargos electos; una ley electoral verdaderamente proporcional; mecanismos de democracia directa y deliberativa; y un poder judicial independiente en toda su extensión, libre de injerencias políticas.
Será entonces una oportunidad histórica para reconciliar a la ciudadanía con la política y devolverle sentido a la palabra “representación”.
Recordemos también que en el plano internacional, la forma republicana es hoy la expresión más extendida y moderna de la soberanía democrática. De los más de 190 Estados miembros de las Naciones Unidas, más de 150 son repúblicas. No hay entre los países que lideran los índices de desarrollo humano, igualdad o transparencia, ninguno que mantenga una monarquía hereditaria con poderes constitucionales visibles e importantes. Este dato, más que ideológico, podríamos tomarlo como empírico: el republicanismo es la forma de gobierno más extendida y coherente con la democracia moderna.
Ese manido argumento de la “utilidad práctica” de la monarquía se desvanece ante los escándalos reales, la opacidad financiera y la ausencia de control parlamentario sobre la Casa Real. Siempre una república permitiría someter al jefe del Estado a los mismos estándares de responsabilidad que a cualquier otro servidor público. Y, además, liberaría a la institución de la sospecha constante de favoritismo o impunidad que se tiene con la monarquía al frente de la Jefatura del Estado.
En la República el respeto no se hereda: se gana. La República somete al jefe del Estado a los mismos estándares de responsabilidad que a cualquier otro servidor público
La República ofrece un marco más honesto para afrontar corrupción, desafección política o desigualdad: un Estado en el que los ciudadanos son los únicos depositarios del poder, sin intermediarios hereditarios ni símbolos de sumisión. En la República, y esto es una de las claves, el respeto no se hereda: se gana mediante el servicio y la ejemplaridad.
La III República no puede temerse, sino imaginarse. Puede ser el punto de encuentro entre tradición y modernidad, entre memoria y esperanza. Un proyecto que respete la pluralidad de la realidad española, que reconozca su pasado sin reproducir sus jerarquías privilegiadas, y que mire al futuro con total confianza en su ciudadanía. No se trata de destruir, sino de completar: de culminar la democratización total iniciada en el año 31.
Cuando España comprenda que ha superado la necesidad de tutelas simbólicas, la República no será una reivindicación minoritaria sino una consecuencia natural de la madurez democrática
Llegará el momento en que España se mire al espejo y comprenda que ha superado la necesidad de tutelas simbólicas. Cuando ese día llegue, la República no será una reivindicación minoritaria, sino una consecuencia natural de la madurez democrática. Y entonces, por fin, la soberanía —esa palabra tantas veces invocada y tantas veces postergada— residirá plenamente en el pueblo. Podremos decir entonces sin temor a equivocarnos. ¡Viva la República!
