El ataque militar ejecutado por Estados Unidos el pasado 3 de enero, que culminó con el secuestro del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores, constituye una violación extrema de los principios fundamentales de soberanía y del derecho internacional. Este acto de agresión es la culminación de una estrategia deliberada y multifacética impulsada por la administración estadounidense, orientada a reconfigurar el equilibrio de poder en el hemisferio occidental, controlar recursos estratégicos y disuadir a cualquier nación que cuestione su hegemonía.
El objetivo inmediato y central de esta agresión es la apropiación y el control de los vastos recursos naturales venezolanos, con el petróleo como eje principal. El propio presidente Donald Trump lo expresó de manera explícita tras la operación, al afirmar que Estados Unidos estaría “muy involucrado” en la explotación del petróleo venezolano y que conduciría al país hacia una supuesta “transición segura”. Estas declaraciones revelan una concepción abiertamente depredadora del orden internacional, en la que los recursos de una nación soberana se consideran botín disponible. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en unos 303.000 millones de barriles, lo que equivale aproximadamente al 17% del suministro global. En un contexto de creciente incertidumbre energética, el control de estas reservas, situadas a pocos días de navegación de las refinerías estadounidenses del Golfo de México, adquiere un valor estratégico decisivo para garantizar la primacía económica y energética de Estados Unidos a largo plazo. Este interés se extiende también a otros recursos estratégicos como el oro, el coltán y las tierras raras, esenciales para asegurar cadenas de suministro críticas y limitar la influencia de China.
Ligado a lo anterior se encuentra el fracaso prolongado de Washington en imponer un cambio político por vías económicas, diplomáticas y mediáticas. Durante más de una década, Estados Unidos desplegó un amplio repertorio de medidas coercitivas contra Venezuela: sanciones unilaterales de efecto devastador, operaciones de desestabilización interna, el reconocimiento de una presidencia ficticia encarnada por Juan Guaidó, el robo de activos internacionales como Citgo y una campaña permanente de demonización mediática. A pesar de este cerco sistemático, el gobierno del presidente Maduro y el proyecto político chavista mantuvieron su estabilidad, apoyados en profundas raíces populares y en la solidez institucional del Estado. Ante esta realidad, la administración Trump optó por la vía del secuestro del jefe del Estado como último recurso, intentando imponer por la fuerza militar lo que no logró mediante la guerra económica y el asedio político. Sin embargo, la operación fracasó en su propósito de provocar una descomposición institucional y de imponer una autoridad subordinada a Washington. En cumplimiento del mandato constitucional, la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió la presidencia encargada, mientras Trump y su entorno intentaron imponer el relato de una designación arbitraria. La rápida respuesta institucional y la movilización popular evidenciaron el grave error de cálculo de la Casa Blanca.
El control de Venezuela implica arrebatar a China un socio energético clave y advertir a otros países de la región que han profundizado sus relaciones con Beijing. También asfixiar a Cuba
Otro eje central de la agresión es el intento de cortar un flujo económico de alto valor geopolítico: el comercio petrolero entre Venezuela y China realizado al margen del dólar estadounidense. Venezuela mantenía acuerdos mediante los cuales amortizaba parte de su deuda con China (estimada en una décima parte de su deuda externa total, cercana a los 150.000 millones de dólares) mediante el envío directo de crudo. Esta práctica, junto con el uso del yuan en intercambios comerciales, debilitaba el monopolio del dólar como moneda de referencia internacional, uno de los pilares del poder financiero estadounidense. Al bloquear este comercio, Washington ataca simultáneamente a Caracas y a Beijing, enviando un mensaje inequívoco contra cualquier alternativa al sistema financiero dominado por Estados Unidos dentro de lo que considera su esfera exclusiva de influencia. Esta estrategia se inscribe en una ofensiva continental más amplia, explicitada en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump, que persigue la reducción drástica de la presencia económica china en América Latina. El control de Venezuela implica arrebatar a China un socio energético clave y advertir a otros países de la región que han profundizado sus relaciones con Beijing.
Cortando la cooperación solidaria entre Venezuela y Cuba, basada en el suministro energético, Trump busca asfixiar definitivamente a la Revolución Cubana. Sentenció: “Cuba está lista para caer”
La agresión también responde a una motivación histórica e ideológica: la obsesión estadounidense con Cuba y el objetivo de asfixiar definitivamente a la Revolución Cubana. La cooperación solidaria entre Venezuela y Cuba, basada en el suministro energético a cambio de colaboración en ámbitos como la salud y la educación, ha sido un pilar fundamental de la resistencia cubana frente al bloqueo. Cortar este vínculo se convirtió en un objetivo estratégico derivado del ataque a Venezuela. Trump celebró cínicamente el bloqueo energético, afirmando que Cuba estaba “lista para caer”. Además de interrumpir los envíos, su administración implementó un cerco marítimo que constituye un acto flagrante de piratería internacional, interceptando buques en el Caribe. El propósito es provocar una crisis profunda que desemboque en un colapso interno. Frente a esta agresión, la respuesta cubana ha sido de firmeza y movilización popular, con declaraciones oficiales que ratifican la voluntad de resistir incluso en las condiciones más adversas. La agresión contra Venezuela opera así como un ataque directo de máxima dureza contra Cuba.
En un plano más amplio, el secuestro del presidente venezolano cumple una función simbólica y disciplinaria: imponer nuevas reglas en el orden internacional. La administración Trump ha reforzado la Doctrina Monroe, rebautizándola de forma provocadora como “Doctrina Donroe”, y proclamando el hemisferio occidental como zona de dominio exclusivo estadounidense. El ataque a Venezuela funciona como demostración práctica de esta doctrina, señalando que cualquier gobierno que defienda su soberanía, gestione sus recursos en beneficio propio o establezca alianzas con potencias rivales será considerado un objetivo legítimo de intervención. Se trata de una actualización de la diplomacia de la fuerza, destinada a disciplinar tanto a gobiernos progresistas como a aliados tradicionales, recordándoles el carácter condicionado de su soberanía.
Ante la ausencia forzada del presidente Maduro, la presidencia encargada asumida por Delcy Rodríguez ha garantizado la continuidad institucional y ha contado con un respaldo masivo del pueblo venezolano, movilizado en defensa de la soberanía y en demanda de la liberación inmediata de Maduro y Cilia Flores. La dirección política, junto a Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, ha demostrado cohesión y capacidad estratégica, fortaleciendo la unidad nacional en un contexto de enorme desigualdad militar.
El pueblo venezolano ha transformado la agresión en un impulso de organización y resistencia. Movimientos sociales, trabajadores, campesinos, estudiantes, jóvenes y mujeres han sostenido una movilización constante que refuerza la conciencia colectiva en torno a la soberanía y la autodeterminación. Las campañas de intoxicación mediática han fracasado en su intento de quebrar la moral popular y la solidaridad internacional.
La institucionalidad, la movilización y la solidaridad internacional convergen para enfrentar los intentos de expolio y dominación: la soberanía venezolana es inviolable y la autodeterminación no se negocia
Esta solidaridad se ha expresado en movilizaciones en América Latina, África, Europa y en el propio Estados Unidos, donde sectores sociales y comunidades migrantes han denunciado la agresión y respaldado la causa venezolana. Gobiernos, movimientos sociales, sindicatos y partidos progresistas han reafirmado el derecho de los pueblos a decidir sobre sus recursos y su destino, constituyendo un freno a la normalización de la violencia imperial.
La respuesta al secuestro del presidente Maduro ha fortalecido la unidad, la conciencia política y la determinación popular. La institucionalidad, la movilización y la solidaridad internacional convergen para enfrentar los intentos de expolio y dominación, proyectando un mensaje inequívoco: la soberanía venezolana es inviolable y la autodeterminación no se negocia. Venezuela demuestra que un pueblo consciente, organizado y respaldado por una dirección firme puede resistir cualquier agresión externa y emerger con mayor fortaleza, dignidad y legitimidad ante la comunidad internacional.
