El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge ha acordado abrir diligencias previas tras la querella presentada a mediados de noviembre por Izquierda Unida (IU) y el Partido Comunista de España (PCE) contra varias autoridades civiles y militares del Estado de Israel, a quienes acusan de estar implicadas en el asalto a las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla el pasado mes de octubre. Durante dicha operación, llevada a cabo por tropas israelíes, fueron detenidas centenares de personas, entre ellas decenas de nacionalidad española.
Según el auto, fechado el 17 de noviembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 acuerda “instruir diligencias previas” para investigar la naturaleza de los hechos, las circunstancias en las que se produjeron y las posibles responsabilidades individuales. El magistrado también ha dado traslado al Ministerio Fiscal, que deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de la querella y la pertinencia de las diligencias solicitadas.
Señalamientos por delitos graves
La querella presentada por IU y PCE sostiene que la interceptación de los barcos de la flotilla podría constituir delitos de detención ilegal, piratería, torturas y delitos contra personas y bienes en caso de conflicto armado, enmarcados dentro de delitos de lesa humanidad y genocidio.
El escrito se dirige contra varios altos cargos israelíes:
- Ramatcal Eyal Zamires, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Israel.
- Ram Rotberg, almirante y comandante de las Fuerzas Navales, considerado máximo responsable del operativo marítimo.
- Yosef Knipes, responsable de la prisión de Ketziot y general de brigada del sistema penitenciario, acusado de permitir torturas sistemáticas.
- Itamar Ben-Gvir, ministro de Seguridad Nacional, del que depende el Servicio Penitenciario de Israel.
Los querellantes dejan abierta la posibilidad de ampliar la denuncia a otros responsables políticos, policiales o militares que puedan ser identificados durante la investigación.
La iniciativa fue anunciada el pasado 13 de noviembre por Antonio Maíllo, coordinador federal de IU, y Enrique Santiago, portavoz parlamentario de la formación.
Una segunda querella de afectados españoles
Paralelamente, la Audiencia Nacional ha recibido una segunda querella, presentada individualmente por cinco tripulantes españoles de la Global Sumud Flotilla que fueron retenidos tras el asalto. Según fuentes conocedoras, el caso ha recaído también en el juez De Jorge, quien igualmente ha decidido abrir diligencias previas y remitirlas a la Fiscalía.
Fuentes cercanas a los querellantes apuntan que el escrito podría ampliarse en los próximos días con una docena más de personas. Esta segunda querella acusa a los mismos responsables y detalla que la flotilla —que zarpó de Barcelona a finales de agosto de 2025— estaba compuesta por embarcaciones de bandera española y tenía como objetivo llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza.
Un precedente que complica el horizonte judicial
El recorrido de estas acciones legales es incierto. El precedente más reciente no resulta alentador: la Audiencia Nacional inadmitió hace pocas semanas la querella presentada contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y altos mandos del Ejército por el asalto a la embarcación Madleen el pasado junio.
En aquella ocasión, el juez Antonio Piña, siguiendo el criterio de la Fiscalía, concluyó que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para investigar los hechos, en aplicación de la Ley Orgánica 1/2014 que restringió la jurisdicción universal tras la reforma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy. La AN ya había esgrimido argumentos similares para rechazar la investigación sobre un militar israelí acusado de crímenes de guerra que veraneaba en Barcelona.
A pesar de ello, IU y los afectados confían en que las nuevas querellas —que se apoyan en la presencia de ciudadanos españoles y embarcaciones bajo pabellón español— puedan abrir un camino distinto y permitir que la Justicia española se pronuncie sobre unos hechos que califican de extrema gravedad.
