La guerra civil de Sudán ha dejado ya más de 150.00 muertos y una cuarta de la población desplazada en sólo dos años. Matanzas de civiles, mujeres violadas en masa, ejecuciones sumarias, el hambre como arma de guerra, fosas comunes cavadas por los prisioneros antes de ser ejecutados. Genocidio y limpieza étnica, financiado por los Emiratos Árabes Unidos y otras potencias como Israel, para reconfigurar demográficamente Darfur Occidental y asegurarse el control de sus recursos y territorios estratégicos. El Cuerno de África, una región clave por su proximidad al mar Rojo y sus rutas comerciales.
La guerra civil que desangra Sudán desde abril de 2023 constituye una de las tragedias más devastadoras y silenciadas del presente. En apenas dos años, el país ha quedado convertido en un territorio arrasado, con más de 150.000 muertos y cerca de 13 millones de desplazados, lo que equivale a más de una cuarta parte de su población de cincuenta y un millones de habitantes. La dimensión de esta catástrofe humanitaria supera las fronteras africanas y se inscribe en el drama global de un orden internacional que, pese a sus discursos sobre derechos humanos, sigue permitiendo que los crímenes más atroces se reproduzcan bajo el amparo de alianzas económicas y geopolíticas. El conflicto actual es la continuidad directa del genocidio de Darfur iniciado en 2003. Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), herederas de las milicias Janjawid, han replicado con siniestra meticulosidad las tácticas de limpieza étnica que en su día escandalizaron al mundo. La Oficina del Asesor Especial de Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio ha alertado de la existencia de indicadores de riesgo extremo de crímenes de lesa humanidad, recordando que los patrones de violencia, desplazamiento forzoso y destrucción sistemática de comunidades identificadas por su origen étnico o religioso configuran los elementos típicos del crimen de genocidio según el derecho internacional.
En este contexto, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se revelan como un actor central cuya implicación en la guerra sudanesa ha sido determinante para su prolongación. Su apoyo militar, logístico y financiero a las RSF constituye una de las más escandalosas expresiones de complicidad internacional contemporánea. Los Emiratos Árabes Unidos han establecido un puente aéreo clandestino desde el aeropuerto chadiano de Amdjarass, cercano a la frontera con Sudán, a través del cual abastecen de armas, pertrechos y combustible a las milicias comandadas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti. Este apoyo material se complementa con una estructura financiera paralela que canaliza hacia los Emiratos el oro extraído ilegalmente de las zonas bajo control de las RSF, legitimando el saqueo de los recursos nacionales que alimenta la maquinaria de guerra. Según investigaciones de la organización suiza Swissaid, entre el 50 y el 80 por ciento del oro sudanés sale del país de manera ilícita, teniendo los Emiratos Árabes como principal destino. Se trata de una relación simbiótica entre capital y violencia: mientras las milicias garantizan el flujo de recursos, los Emiratos Árabes Unidos obtienen beneficios económicos y aumentan su influencia geopolítica en el Cuerno de África, una región clave por su proximidad al mar Rojo y sus rutas comerciales.
Control y dominación en el Cuerno de Africa
Esa expansión emiratí responde a una lógica de poder que subordina los derechos humanos a la acumulación de capital y a la consolidación de un papel hegemónico en la península arábiga y el continente africano. En esa pugna, los Emiratos compiten con Arabia Saudí, Egipto, Turquía, Rusia y Estados Unidos, buscando establecer puertos, bases militares y zonas de influencia económica desde Eritrea hasta Somalia. La guerra en Sudán se convierte así en un laboratorio donde convergen intereses geoestratégicos, rivalidades regionales y la instrumentalización de conflictos locales para la proyección de poder global.
Los Emiratos actúan como pieza de una constelación de poder que incluye a Israel y al Reino Unido, con coordinación del Mando Central de Estados Unidos
Pero la implicación emiratí no se entiende sin considerar la red de alianzas que la respalda. Los Emiratos no actúan en soledad, sino como pieza de una constelación de poder que incluye a Israel y al Reino Unido, con coordinación del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM). Documentos filtrados a The Washington Post revelan que los EAU forman parte de un consorcio de seguridad regional que, bajo la cobertura de los Acuerdos de Abraham firmados en 2020, articula una cooperación militar, tecnológica y de inteligencia entre Israel y varios países árabes.
Este entramado ha sido presentado como una arquitectura de “estabilidad regional”, pero en realidad constituye un eje de control y dominación que se extiende desde el Golfo Pérsico hasta el mar Rojo. Entre 2020 y 2023, el comercio bilateral entre Israel y los Emiratos alcanzó los 6.000 millones de dólares, mientras la empresa israelí Elbit Systems firmaba contratos por más de 50 millones para suministrar sistemas de defensa aérea a la fuerza aérea emiratí. Estas relaciones se traducen en cooperación militar efectiva, intercambio de inteligencia y entrenamiento conjunto bajo el pretexto de enfrentar “amenazas comunes”. Dicha alianza, consolidada en pleno genocidio en Gaza, revela hasta qué punto la defensa de los derechos humanos se ha convertido en una retórica vacía frente a los intereses de seguridad y lucro de algunos “Estados”.
Del protectorado británico a la alianza estratégica
La complicidad británica agrava aún más este cuadro. The Guardian reveló que funcionarios del gobierno del Reino Unido presionaron internamente para reducir o silenciar las críticas a los Emiratos por su papel en el suministro de armas a las RSF, mientras informes de Naciones Unidas calificaban de “creíbles” las acusaciones sobre el apoyo militar emiratí a las milicias sudanesas. Esta actitud no sorprende si se considera la relación histórica entre Londres y Abu Dabi, heredera del protectorado británico sobre los llamados “Estados de la Tregua” entre 1853 y 1971. El vínculo colonial se ha transformado en una asociación estratégica que incluye cooperación militar, financiera y diplomática, y que en la práctica refuerza la capacidad de los EAU para intervenir en conflictos externos, como en Yemen o Sudán, sin consecuencias políticas relevantes.
Las consecuencias sobre el terreno son inenarrables. La toma de El Fasher, último bastión de resistencia en Darfur, por parte de las RSF, ha expuesto de forma brutal el carácter genocida de la campaña. Las matanzas de civiles, las violaciones sistemáticas, las ejecuciones sumarias y el uso del hambre como arma de guerra son elementos de una estrategia deliberada de limpieza étnica. Testimonios recogidos por la ONU y organizaciones humanitarias describen un paisaje dantesco: cuerpos abandonados en las calles, hospitales reducidos a escombros, niños caminando solos durante días bajo el fuego cruzado, mujeres violadas en masa y fosas comunes cavadas por los propios prisioneros antes de ser ejecutados. La destrucción de El Fasher representa el punto culminante de un proceso de deshumanización que busca reconfigurar demográficamente Darfur Occidental para asegurar el control de sus recursos y territorios estratégicos.
La impunidad se reproduce porque el sistema internacional la tolera. No solo hay que juzgar a los perpetradores materiales, sino desmantelar las redes de complicidad internacional que los financian, los arman y los legitiman
La impunidad se reproduce porque el sistema internacional la tolera
Ante este horror, la respuesta internacional ha sido insuficiente y moralmente inadmisible. En marzo de 2025, Sudán presentó ante la Corte Internacional de Justicia una demanda contra los Emiratos Árabes Unidos por violar la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, acusándolos de ser cómplices directos de los crímenes cometidos en Darfur Occidental mediante su apoyo militar, financiero y político a las RSF. La denuncia constituye un precedente jurídico y político de gran alcance: por primera vez un país africano señala a una potencia del Golfo por su implicación activa en un genocidio contemporáneo. Sin embargo, la respuesta de los organismos internacionales y de las potencias occidentales ha sido la habitual: declaraciones de preocupación, llamamientos a la moderación y ninguna acción efectiva para detener el flujo de armas, dinero y apoyo diplomático que alimenta el exterminio.
La lección que nos está dejando tanto Sudán como Gaza es clara y devastadora: la impunidad se reproduce porque el sistema internacional la tolera. El mundo permitió que Darfur se convirtiera en una herida abierta en la conciencia de la humanidad, y hoy asiste a la repetición del mismo crimen con actores diferentes y métodos idénticos. Romper este ciclo exige no solo juzgar a los perpetradores materiales, sino desmantelar las redes de complicidad internacional que los financian, los arman y los legitiman.
En la economía moral de las relaciones internacionales contemporáneas, tan responsable es quien empuña el machete como quien, desde oficinas climatizadas y capitales relucientes, paga el afilado y calla ante la masacre. La comunidad internacional, especialmente aquellas potencias que se autoproclaman defensoras del orden y la legalidad global, carga con una culpa histórica: su silencio equivale a consentimiento. Sudán no es solo el espejo de una tragedia africana, sino el reflejo del fracaso moral de un sistema que ha convertido la vida humana en variable secundaria frente a la codicia, la geopolítica y el negocio de la guerra.
