El pasado 17 de diciembre, cientos de personas fueron expulsadas del antiguo Instituto B9 de Badalona, en el mayor desalojo colectivo de la historia de España, sin alternativas reales de realojamiento. Personas migrantes que habían encontrado en ese espacio una forma de supervivencia frente a una emergencia habitacional estructural. La respuesta del Ayuntamiento de Albiol (Alcalde del PP) no ha sido ofrecer soluciones, sino represión, abandono y propaganda del odio.
Albiol ha celebrado el desalojo como una victoria, presentándolo como un acto de “valentía” y “defensa de la legalidad”. Pero ¿qué legalidad es esa que deja a personas durmiendo en la calle en pleno invierno? ¿Qué seguridad se construye empujando a la exclusión a quienes ya están en el límite? No se trata de hacer cumplir la ley, sino de usar la ley como coartada para deshumanizar.
Albiol ha insistido en hablar de “mafias”, “incivismo” e “invasión”, activando un marco discursivo de la extrema derecha. Es una estrategia conocida: convertir un problema social en una amenaza, señalar a un colectivo vulnerable y presentarse como el salvador que impone orden. Así se oculta lo esencial: la falta de políticas públicas de vivienda, la precariedad laboral y el racismo estructural que condena a miles de personas a la exclusión.
No hay emergencia migratoria. Hay emergencia habitacional. No hay ocupación “mafiosa”. Hay abandono institucional. Pero admitirlo implicaría asumir responsabilidades políticas, y eso no encaja en el proyecto de Albiol, que prefiere gobernar desde el conflicto y el odio a los más vulnerables.
El desalojo del B9 es violencia institucional. No solo por la expulsión física, sino por el mensaje que transmite: hay vidas que importan y otras que no. Al renunciar a garantizar alternativas dignas, el Ayuntamiento legitima la idea de que hay personas descartables, prescindibles, expulsables.
Este tipo de políticas no solo golpean a quienes las sufren directamente. Deterioran la convivencia, normalizan el racismo y refuerzan a sectores reaccionarios que se sienten respaldados desde el poder, ejemplificado en las 150 personas que impidieron que algunos de los desalojados pudieran ser acogidos en una parroquia. Cuando se amplifica el discurso de la extrema derecha, la extrema derecha avanza, aunque parezca no gobierna formalmente.
Frente a este modelo de ciudad excluyente, la respuesta no puede ser la resignación ni el silencio. Es necesario la organización popular, la solidaridad de clase y la confrontación política clara con el proyecto segregacionista de Albiol. Defender el derecho a la vivienda y los derechos de las personas migrantes no es una cuestión moral abstracta: es una lucha concreta contra un sistema que expulsa a los invisibles para sostener privilegios de unos pocos.
Badalona merece volver a ser una ciudad de acogida. Y eso exige desmontar el discurso de odio de Albiol, desde los barrios populares, construir una alternativa basada en los derechos, la justicia social y la dignidad para todas las personas. Porque nadie es ilegal, y nadie debería quedarse sin techo para que otros ganen votos.
