El Ministerio de Trabajo ha propuesto elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026, lo que supondría un incremento de 37 euros mensuales hasta situarlo en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas. La iniciativa, trasladada este miércoles a sindicatos y organizaciones empresariales, incluye además el mantenimiento de la exención del SMI en el IRPF, una de las principales incógnitas del debate de los últimos años.
La propuesta del departamento que dirige Yolanda Díaz se enmarca en las negociaciones del diálogo social, que continúan abiertas pese a que aún no se ha alcanzado un acuerdo. Tras la reunión, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, destacó el “buen clima” y la “predisposición” de todas las partes para avanzar hacia un consenso que podría cerrarse a lo largo del mes de enero, una vez que sindicatos y patronales analicen el planteamiento con sus órganos internos.
El aumento previsto para 2026 se sumaría a una subida acumulada del 61% del salario mínimo desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Desde entonces, el Gobierno de coalición ha pactado todas las subidas con CCOO y UGT, aunque solo en una ocasión contó con el respaldo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme.
Garantizar el poder adquisitivo
El incremento del 3,1% es el mínimo recomendado por el comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo para el escenario en el que el SMI continúe sin tributar en el IRPF. Según este grupo, una subida incluso inferior —del 1,8%, hasta los 1.205 euros— ya permitiría cumplir el compromiso de situar el salario mínimo en el 60% del salario medio neto del país. No obstante, el Gobierno ha optado por una subida mayor para evitar la pérdida de poder adquisitivo y compensar la evolución de los precios.
En caso de que el SMI comenzara a tributar, los expertos habían recomendado un alza del 4,7%, hasta los 1.240 euros mensuales. Finalmente, el Ejecutivo ha descartado esta opción y ha decidido mantener la exención fiscal también en 2026, previsiblemente mediante una deducción específica en la declaración de la renta, como ya ocurrió el año anterior. La decisión corresponde a Hacienda, que dirige María Jesús Montero, aunque Trabajo ha confirmado que se trata de un acuerdo del conjunto del Gobierno.
Las posiciones de los agentes sociales siguen siendo dispares. CCOO y UGT habían reclamado una subida del 7,5%, incluso aceptando la tributación, mientras que la patronal defendía un incremento del 1,5%, en línea con el aplicado a los salarios de los funcionarios. Desde la CEOE, además, se ha insistido en que el salario mínimo está “sobredimensionado”.
La clave: los contratos públicos
La principal novedad de la negociación es la propuesta de permitir que las subidas del SMI puedan repercutirse en los contratos públicos, algo actualmente impedido por la normativa de desindexación aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Esta reclamación, compartida tanto por empresarios como por sindicatos, ha cambiado el tono de la negociación y ha abierto la puerta a un posible acuerdo tripartito, que sería el primero desde 2020.
El Ministerio de Trabajo confía en poder “relajar” esta limitación dentro del marco fiscal, tributario y laboral, aunque la medida aún debe ser acordada con Hacienda y Economía. Según fuentes del diálogo social, este giro ha hecho que, por primera vez desde el inicio de las conversaciones, la patronal no descarte respaldar la subida propuesta.
Los representantes sindicales Javier Pacheco (CCOO) y Fernando Luján (UGT) coincidieron en señalar que la mesa de negociación se ha desbloqueado y que existen más opciones de consenso ante una patronal más dialogante. Las conversaciones continuarán en los próximos días, sin fecha aún para el siguiente encuentro, con el objetivo de cerrar la subida del salario mínimo de 202
