América Latina atraviesa una nueva fase de ofensiva reaccionaria que no puede interpretarse como una simple alternancia electoral ni como la suma de procesos nacionales aislados. El avance de la derecha y, especialmente, de la extrema derecha en la región responde a una estrategia estructural del capital transnacional y del imperialismo estadounidense para recomponer su control político, económico y militar sobre un territorio clave en un contexto de crisis hegemónica global.
Tras el ciclo de gobiernos progresistas iniciado a comienzos del siglo XXI, se desplegó una contraofensiva conservadora que combinó golpes de Estado “blandos”, lawfare, campañas masivas de desinformación, asfixia económica y, cuando fue necesario, represión abierta. El objetivo ha sido impedir la consolidación de proyectos soberanos, frenar procesos de integración regional y restaurar un modelo de subordinación funcional a los intereses de Washington y de las élites locales.
Uno de los pilares de esta ofensiva ha sido la utilización del poder judicial como arma política. Los casos de Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador o Cristina Fernández de Kirchner en Argentina muestran cómo sectores judiciales, mediáticos y económicos actúan coordinadamente para proscribir liderazgos populares y condicionar la voluntad democrática. No se trata de desviaciones puntuales, sino de una práctica sistemática que vacía la democracia de contenido real, manteniendo una fachada institucional al servicio del poder económico.
Este vaciamiento democrático genera frustración social y desafección política, un caldo de cultivo que la extrema derecha explota mediante discursos de odio, antipolítica y autoritarismo, presentándose falsamente como alternativa al sistema que, en realidad, refuerza.
No se trata únicamente de ajustes económicos brutales, sino de una ofensiva integral contra los derechos laborales, el feminismo, los pueblos originarios y cualquier forma de organización popular
El ascenso de figuras como Javier Milei en Argentina, Nayib Bukele en El Salvador o el legado bolsonarista en Brasil expresa una radicalización del proyecto neoliberal. No se trata únicamente de ajustes económicos brutales, sino de una ofensiva integral contra los derechos laborales, el feminismo, el movimiento LGTBI, los pueblos originarios y cualquier forma de organización popular.
Estos liderazgos no actúan en solitario. Cuentan con el respaldo del gran capital, de los grandes conglomerados mediáticos y de redes internacionales de la ultraderecha, y desempeñan una función clave: aplicar políticas profundamente impopulares con rapidez, disciplinar a la sociedad y canalizar el malestar social hacia el autoritarismo y la guerra cultural, desactivando la conciencia de clase.
El reciente documento de Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos ofrece un marco fundamental para entender este proceso. Se trata de un texto sin consenso interno, reflejo del profundo quiebre entre las élites estadounidenses. Mientras sectores liberales y republicanos tradicionales siguen situando a China como principal adversario estratégico, la actual orientación trumpista añade a ese eje una lógica centrada en las llamadas amenazas internas y en el control directo del hemisferio occidental.
América Latina reaparece así como un problema de seguridad. El documento pone el acento en la migración, las fronteras, la supuesta lucha contra las drogas y el combate contra gobiernos y movimientos considerados “inestables” o “hostiles”. En la práctica, esto significa identificar como amenaza no solo a actores externos, sino a procesos soberanos, gobiernos de izquierda, movimientos populares y cualquier intento de autonomía regional.
Estados Unidos asume implícitamente que ya no puede ejercer hegemonía en la región y apuesta por mecanismos directos de imposición: coerción económica, presión diplomática, guerra informativa, militarización…
Estados Unidos asume implícitamente que ya no puede ejercer hegemonía en la región, pero sí dominar sin convencer. Por ello prescinde cada vez más de instrumentos clásicos de construcción de consenso y cooperación, y apuesta por mecanismos directos de imposición: coerción económica, presión diplomática, guerra informativa, militarización y apoyo abierto a fuerzas de ultraderecha.
Este giro conecta con el llamado “corolario Trump”, heredero directo del corolario Roosevelt de comienzos del siglo XX, cuando la Doctrina Monroe se tradujo en ocupaciones militares y dictaduras sangrientas. Hoy los formatos cambian, pero la lógica de fondo es la misma.
El actual despliegue militar contra Venezuela constituye un ensayo práctico de esta nueva doctrina de seguridad. Se trata del mayor despliegue en décadas y cumple una doble función: intimidatoria y experimental. Al mismo tiempo, pone de manifiesto la debilidad de la estrategia, ya que el trumpismo carece de consenso interno suficiente para una intervención militar abierta. Cualquier escalada se produciría de forma ilegal, unilateral, con enormes riesgos políticos y regionales en un contexto de fuerte polarización interna en Estados Unidos.
En esta nueva concepción, América Latina queda relegada al papel de zona tampón: un espacio destinado a bloquear flujos migratorios, aplicar disciplinamiento político bajo la excusa de la lucha contra las drogas —donde los gobiernos de izquierda pasan a ser sistemáticamente etiquetados como “narcoterroristas”— y desplazar a China de sectores económicos estratégicos mediante coerción abierta.
No es casual, en este marco, el alineamiento de muchos gobiernos de derecha y extrema derecha con Israel, incluso ante el genocidio contra el pueblo palestino. Se normaliza así el colonialismo, el apartheid y la violencia como mecanismos legítimos de control social, exportables también a América Latina.
El avance de la derecha y la extrema derecha en América Latina no es inevitable ni espontáneo. Es el resultado de una correlación de fuerzas impuesta mediante injerencia, desinformación, autoritarismo y violencia estructural. Frente a ello, la respuesta no puede ser defensiva ni fragmentada.
La tarea de las fuerzas populares pasa por reconstruir proyectos soberanos, fortalecer la organización de la clase trabajadora, disputar la batalla ideológica y recuperar el internacionalismo como herramienta central. Porque lo que está en juego no es solo el signo político de los gobiernos, sino la capacidad de los pueblos latinoamericanos para decidir su futuro frente a una ofensiva imperial que vuelve a colocar la dominación y la fuerza en el centro de su estrategia.
