El Congreso vivió este martes una escena que ya empieza a parecer rutina: PP, Vox y Junts unieron sus votos para tumbar un decreto social que incluía la revalorización de las pensiones conforme al IPC, descuentos en la factura eléctrica para hogares vulnerables y la prórroga de la suspensión de desahucios en casos de extrema necesidad. El resultado fue ajustado —171 votos a favor frente a 178 en contra—, pero el mensaje político fue rotundo: las derechas prefirieron castigar al Gobierno antes que garantizar mejoras inmediatas para millones de personas.
La justificación oficial volvió a ser la misma que en ocasiones anteriores: el Ejecutivo no debería “mezclar temas” en un mismo decreto. Sin embargo, el argumento pierde fuerza cuando se revisa la hemeroteca. Hace apenas un año, PP y Junts rechazaron un paquete muy similar… para terminar aprobándolo semanas después sin cambios sustanciales, incluyendo puntos que entonces calificaron de inaceptables. La coherencia, una vez más, quedó relegada a un segundo plano frente a la oportunidad de infligir una derrota parlamentaria al Gobierno.
Pensiones como rehén político
La consecuencia más llamativa del veto es que la subida del 2,7% de las pensiones —destinada a mantener el poder adquisitivo de los jubilados en 2026— quedó atrapada en una batalla partidista. Desde el PP se insiste en que apoyan la revalorización, pero votan en contra del único instrumento que la hacía efectiva de inmediato. Es una posición difícil de explicar fuera de la lógica del desgaste político: se dice defender a los pensionistas mientras se bloquea la medida que los protege.
El decreto no se limitaba a las pensiones. También incluía la prórroga de los descuentos eléctricos del 42% para consumidores vulnerables y del 57% para los vulnerables severos, así como la prohibición de cortar suministros a estas familias. A eso se sumaban exenciones fiscales para afectados por la dana y por incendios, y ayudas vinculadas a vehículos eléctricos y financiación territorial. Un paquete amplio, sí, pero con un denominador común evidente: medidas de alivio social en un contexto de encarecimiento de la vida.
La vivienda, terreno de agitación
El punto que más incomodó a las derechas fue la prórroga de la suspensión de desahucios para personas en situación de vulnerabilidad sin alternativa habitacional. PP y Junts centraron buena parte de su discurso en presentar la medida como un ataque generalizado a pequeños propietarios. Sin embargo, el texto limita su aplicación a grandes tenedores —más de diez viviendas— y contempla mecanismos de compensación pública.
Pese a ello, el relato de la “indefensión del propietario” volvió a imponerse en la bancada conservadora. La estrategia encaja con la ofensiva política más amplia contra las políticas de vivienda social, donde cualquier limitación al mercado se presenta como una amenaza, aunque esté dirigida a grandes carteras inmobiliarias y fondos de inversión.
Algunos socios habituales del Gobierno, como el PNV o Coalición Canaria, reprocharon al Ejecutivo el uso de decretos “ómnibus” y la presión de tener que aceptar todo el paquete o cargar con el coste político de tumbarlo. Aun así, terminaron apoyando el texto, subrayando que las medidas sociales pesaban más que sus reservas procedimentales.
La diferencia clave fue esa: mientras estos grupos expresaron malestar pero priorizaron el impacto en la ciudadanía, PP, Vox y Junts optaron por la negativa total. No hubo abstenciones estratégicas ni votos diferenciados por bloques de medidas. El rechazo fue completo.
Lo ocurrido no es un episodio aislado, sino parte de un patrón parlamentario cada vez más claro: utilizar votaciones sociales como campo de batalla política, incluso a costa de generar incertidumbre en colectivos vulnerables. El Gobierno ya ha anunciado que intentará aprobar de nuevo la subida de las pensiones en un decreto separado, como reclaman sus adversarios. Si se repite la secuencia del año pasado, es probable que quienes hoy votaron en contra terminen apoyándolo más adelante.
