El Congreso ha rechazado este jueves el segundo intento del Gobierno de prorrogar el denominado escudo social, un paquete de medidas que incluía la suspensión de desahucios para hogares vulnerables, la prohibición de cortar suministros básicos y la extensión del bono social eléctrico. El decreto ha decaído con 171 votos a favor, 177 en contra y una abstención, tras el voto negativo de PP, Vox y los siete diputados de Junts.
El Ejecutivo daba por perdida la votación y ahora estudia cómo rescatar al menos parte de las medidas. Las negociaciones de las últimas semanas, incluida una modificación pactada con el Partido Nacionalista Vasco (PNV), no han logrado atraer el apoyo de Junts. Los nacionalistas vascos arrancaron una excepción para pequeños propietarios —con una o dos viviendas— en la moratoria de desahucios, que no figuraba en el texto anterior.
La ruptura con Junts
En Moncloa asumen que el apoyo de Junts se ha convertido en estructuralmente improbable mientras Carles Puigdemont no pueda regresar a España, una decisión que depende del ámbito judicial. Aunque la formación catalana ha respaldado algunas iniciativas concretas, como la revalorización de las pensiones, se ha desmarcado de la agenda social del Gobierno de coalición.
Durante el debate, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, acusó a Junts de utilizar la “okupación” como “excusa falsa” para justificar su voto en contra. “Ni okupas ni okupos: no tienen ni un solo beneficio en este decreto”, afirmó desde la tribuna, recordando que la formación votó a favor de un texto prácticamente idéntico el pasado año.
Desde Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Jordi Salvador reprochó a Junts su alineamiento con las derechas. La portavoz socialista, Montserrat Mínguez, advirtió a la bancada catalana de que su voto sería aplaudido por PP y Vox pero podría tener coste entre su electorado. En la misma línea, Aina Vidal, de Sumar, acusó a los grupos que rechazaron el decreto de proteger a “fondos buitre” frente a inquilinos vulnerables.
Qué medidas decaen
El decreto prorrogaba hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de desahucios para hogares vulnerables, con protección reforzada en un contexto de crisis habitacional. Mantenía también el límite a la actualización anual de los alquileres y establecía compensaciones para propietarios afectados, ampliando el plazo para solicitarlas.
En materia energética, extendía durante 2026 el bono social eléctrico y la prohibición de cortar suministros de agua y luz a consumidores vulnerables.
El paquete incluía además la prohibición de despedir por aumento de costes energéticos a empresas beneficiarias de ayudas públicas, así como la condicionalidad social en expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a la guerra de Ucrania.
En el ámbito fiscal, prorrogaba el régimen de módulos para autónomos, mantenía deducciones por eficiencia energética y movilidad eléctrica, y declaraba exentas de tributación las ayudas concedidas a afectados por los incendios forestales del pasado verano y por la DANA en la Comunitat Valenciana. También contemplaba la actualización de las entregas a cuenta a comunidades autónomas y ayuntamientos, así como un régimen excepcional de endeudamiento para hacer frente a emergencias.
La caída del decreto deja en suspenso este conjunto de medidas mientras el Gobierno busca fórmulas para reactivarlas en un Congreso fragmentado.
