Se suceden tremendos acontecimientos desde que se echó para atrás, con el voto en contra de PP, Vox y Junts, el Decreto Omnibus, que incluía la prórroga de todas las medidas sociales imprescindibles para asegurar el mínimo suelo de protección, el conocido “escudo social”, para que al menos las cosas siguieran como están: con los mismos dramas de las personas más vulnerables, y no más.
Desde luego, las políticas de nuestro Partido en materia de vivienda son muchas más y más profundas ante una situación que, ya lo advertíamos, era urgente atacar pues de lo contrario, el grado de afectación del problema iba a ser cada vez mayor. La rapidez con la que se produce ese aumento, y especialmente en determinadas zonas, es de tal magnitud, que ahora mismo muchas personas tienen problemas incluso para (sobre) vivir en una habitación.
Ya se advirtió que se estimaba que 60.000 familias estaban afectadas directamente por dichas medidas, y que su retirada podía suponer empujarlas desde la fina cuerda floja de la vulnerabilidad al abismo de la exclusión social. Pero nos quedamos cortos. Muy cortos.
En el escaso intervalo de 15 días hábiles, los juzgados están actuando de oficio, y llevando a cabo lanzamientos a diario, de personas en situación clara de vulnerabilidad, a favor de mercantiles
Porque lo que no es previsible, por increíble, es que en un sistema de justicia rogada, en el que para defender derechos y el cumplimiento de la legalidad solo puede ser por iniciativa de parte y con abogada/o y procurador/a, es decir, no existe un control de oficio ni una auditoría de la actuación judicial si no es a instancia de parte, nos encontremos con que en el escaso intervalo de 15 días hábiles, los juzgados están actuando de oficio, y llevando a cabo lanzamientos diarios, de personas en situación clara de vulnerabilidad, a favor de mercantiles y no de propietarios individuales.
Dos casos muy ilustrativos:
—En Sevilla: Un matrimonio de jubilados de más de setenta años, cuya vivienda fue ejecutada por un banco y no se llevó a cabo la revisión de las cláusulas abusivas que contenía su préstamo hipotecario, es ejecutada, perdiendo la propiedad de la casa. Al llegar la orden de lanzamiento, y por aplicación de la normativa antidesahucios (y no proocupación como se intenta desinformar), al vivir de una pensión y tener más de 70 años, se suspende su lanzamiento. En ese tiempo, el Banco vende un paquete de deuda a un fondo buitre, entre los que se encuentra su hogar. Se consigue negociar con el fondo, al que le ha costado la propiedad de esa finca una cantidad irrisoria, y tras un duro proceso, se produce la venta por el fondo a los hijos del matrimonio, en el año 2025. Pero, sorprendentemente, a finales de enero de 2026, aparece un funcionario del juzgado en su puerta, entregándoles una notificación: que en diez días se procederá a su lanzamiento (expulsión por la fuerza de su casa), y que si las circunstancias han cambiado, pues que informen al juzgado, porque la orden es desahuciarlos. Vamos, que si este matrimonio no tuviera a sus hijos como propietarios, gracias al PP, VOX, Junts, el poder económico y el poder judicial, se encontrarían en la calle, literalmente. El delito cometido por este taxista y su esposa, jubilados, fue haberse comprado una casa con una hipoteca ilegal, y no haber podido hacer frente a cuotas que llegaron a triplicarse. Su nacionalidad, española, desde las generaciones conocidas de su árbol genealógico, por si el dato ayuda a algún lector o lectora confundida.
—En Madrid: Un edificio propiedad de una constructora, quiebra en el año 2014, con los arrendatarios dentro. El banco insta ejecución hipotecaria contra la constructora. Una mercantil dedicada a adjudicarse inmuebles en las subastas por precios ínfimos, se adjudica la propiedad de la mitad de los pisos (los que seguían teniendo arrendatarios y no habían sido vendidos por el banco), en septiembre de 2025. El 18/12/2025 se dicta el lanzamiento, para el 04/02/2026 y con oficio directo a la policía municipal. El 19/12/2025 la mercantil ofrece 1.500 euros a quien se vaya ya y entregue las llaves. Permanecen los que no tienen otra solución habitacional, y defienden sus contratos de alquiler y los pagos que venían realizando puntualmente a la constructora. El 29 de enero de 2026 se celebra el juicio, en el que constando que han sido estafados y engañados por la constructora, simplemente se declara que sus contratos no están en vigor. Auto sin recurso, que es notificado al día siguiente, 30 de enero de 2026, viernes. Y el miércoles 04 de febrero, a las 9:30 h, los primeros que llegan son un despliegue de personal de cerrajería y alarmas de Seguritas Direct, con el procurador de la mercantil Urbanisol 2002, S.L., policía municipal y por último, la comisión judicial.
Bien organizados los negocios del lobby de la vivienda, con nuestro servicio público del poder judicial a la cabeza, desahuciando a familias con menores, personas con discapacidad hasta del 87% y jubilados de más de 70 años y 16 años viviendo allí.
Por supuesto, los servicios sociales brillando por su ausencia.
Me abstengo de contar más detalles sobre el comportamiento de algunos servidores públicos, para bien y para fatal. Sólo daré uno sobre una funcionaria del juzgado, que venía de otros desahucios ordenados por el mismo juzgado, llamado ahora “Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Navalcarnero Plaza nº 1”, presumiendo porque ella había hecho esa mañana cinco y sus compañeros solo cuatro cada uno.
Es urgente que tanto sufrimiento añadido pare; no se puede consentir que en el 2026, no es que no se aborden las medidas nuevas y urgentes para poner fin a la escalada de la especulación y del abuso y usura con el derecho a la vivienda, sino que quienes se llenan la boca de representar al pueblo en el Congreso, o ser excusa una de otros para vendernos un país roto por los nacionalismos, no tengan problema alguno en machacarnos a todas, sin distinción de origen, región, raza o enfermedad: la única distinción, llegados al punto del NEGOCIO, es quién puede dar más, caiga quien caiga.
Esto solo lo paramos entre todas, por nosotras, por nuestros padres y abuelos, por nuestros hijos y nietos. Y no, no todos somos iguales: ni en los barrios, ni en las regiones, ni en los partidos judiciales, ni en el Congreso. Pero todas podemos saber de qué clase es cada quién y actuar en consecuencia.
Y nunca olvidemos que avanzar en derechos nunca se fundamenta en denostar lo conseguido, sino en defenderlo y afianzarlo para dar un paso adelante.
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NUESTRAS PROPUESTAS SON CLARAS
—Sistema público de vivienda: vivienda por derecho, pública y social.
—Medidas concretas y urgentes para frenar y revertir la especulación.
—Reforma de la Ley de vivienda que garantice su aplicación en todo el país y su desarrollo.
—Nueva normativa que garantice por ley la protección que se ha demostrado indispensable como escudo social y ampliación de colectivos en riesgo de exclusión social.
—Medidas que garanticen la aplicación, desde los diferentes servicios de inspección existentes y su ampliación, hasta las competencias de servicios sociales, y sin olvidar el obligatorio control de oficio por el poder judicial, y el control de éste en la aplicación de las normas de protección de un derecho humano.
