El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo paquete de medidas en materia de vivienda para hacer frente al impacto económico derivado de la guerra en Oriente Medio, que incluye la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler durante dos años y la limitación de las subidas al 2% anual. La medida, en vigor desde el 22 de marzo tras su publicación en el BOE, busca proteger a millones de inquilinos ante el encarecimiento del coste de la vida.
El decreto afecta a todos los contratos sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos que finalicen entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2027, y permitirá su renovación automática por dos años adicionales. Según el Ejecutivo, la iniciativa blinda cerca de un millón de contratos y beneficia a más de dos millones de personas, evitando subidas que en algunos casos podrían alcanzar entre el 30% y el 50%.
Desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) han valorado positivamente la medida, al considerar que ofrece protección a unos 600.000 hogares cuyos contratos vencen este año. Destacan que la prórroga permitirá a los inquilinos evitar tanto incrementos abusivos como posibles expulsiones derivadas de la no renovación por parte de los propietarios.
Sin embargo, la organización considera que el decreto se queda corto. Reclaman una congelación total de los alquileres, situando el límite de actualización en el 0% en lugar del 2% fijado por el Gobierno. Además, denuncian que la norma deja fuera a quienes viven en alquileres temporales o por habitaciones, una modalidad que, a su juicio, podría expandirse como vía para esquivar la regulación.
Otra de las principales críticas se centra en la falta de medidas para frenar los desahucios. Según el sindicato, más de 70.000 procedimientos se han reactivado tras el fin de la moratoria, lo que deja en una situación de especial vulnerabilidad a miles de familias.
El decreto deberá ser convalidado por el Congreso en el plazo máximo de 30 días, en una votación que se prevé ajustada. En este contexto, la CSI ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que respalden la norma y refuercen la protección de los inquilinos frente a los intereses de grandes propietarios y fondos de inversión.
Pese a la incertidumbre sobre su continuidad, diversos juristas sostienen que los contratos que se acojan a la prórroga mientras el decreto esté en vigor mantendrán sus efectos incluso si la norma es posteriormente derogada. Esta interpretación se apoya en jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a medidas excepcionales adoptadas durante la pandemia.
Para beneficiarse de la prórroga, los inquilinos deberán solicitarla de forma expresa a sus caseros dentro del periodo de vigencia del decreto, preferiblemente mediante un burofax u otro medio que deje constancia. La prórroga entrará en vigor al finalizar el contrato actual y se extenderá durante dos años, con independencia de cuándo se haya solicitado.
Mientras tanto, el Sindicato de Inquilinas prepara modelos de solicitud para facilitar el proceso y ha instado a los arrendatarios a organizarse y acudir a sus asociaciones más cercanas. La organización insiste en que la prórroga es obligatoria pero no automática, por lo que actuar con rapidez será clave para garantizar su aplicación.
