El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el primero de los dos decretos aprobados por el Gobierno para paliar los efectos económicos y sociales derivados de la guerra de Irán, que se acerca a su primer mes. El Ejecutivo ha logrado el respaldo o la abstención de los partidos de la investidura, así como el voto favorable de UPN, garantizando así la continuidad de unas medidas que ya habían entrado en vigor. El PP optó por la abstención, mientras que Vox fue el único grupo que votó en contra.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió la necesidad de “proteger y preparar” a la economía española ante un posible shock derivado de la escasez de petróleo, especialmente si se prolonga el bloqueo del estrecho de Ormuz. En este sentido, apeló a desplegar un “escudo social” que amortigüe el impacto del encarecimiento de los combustibles, así como a impulsar una transformación económica que reduzca la dependencia energética.
El decreto aprobado incluye un amplio paquete de medidas fiscales y económicas. Entre ellas, destaca la rebaja del IVA de la electricidad del 21% al 10%, junto con la reducción del impuesto especial y la suspensión del gravamen sobre la producción eléctrica, lo que, según el Gobierno, supone un descenso global de la carga fiscal del 60%. También se reduce al 10% el IVA de los combustibles y se aplican rebajas en el impuesto de hidrocarburos, con un impacto estimado de hasta 30 céntimos por litro.
Asimismo, se contempla la congelación de precios del butano y el propano, la reducción del IVA del gas natural y de combustibles alternativos como pellets y leña, y la prórroga hasta 2026 de los descuentos del bono social eléctrico, junto a la prohibición de cortar suministros a hogares vulnerables.
El plan incluye además ayudas directas a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, con bonificaciones de 20 céntimos por litro de combustible, así como incentivos fiscales para la eficiencia energética y la movilidad eléctrica, incluyendo deducciones en el IRPF y beneficios en el Impuesto de Sociedades.
Pese al respaldo parlamentario, algunos socios del Gobierno han expresado críticas. Formaciones como ERC, EH Bildu o Izquierda Unida reprochan al Ejecutivo haber separado este decreto del que contempla la limitación del precio de los alquileres, aún pendiente de votación. Consideran que la rebaja generalizada de impuestos carece de mecanismos de control de precios más efectivos.
Por su parte, Junts condicionó su apoyo a concesiones en materia fiscal para autónomos y aprovechó el debate para cargar contra el Gobierno, al que acusó de no haber reforzado la economía familiar en periodos de bonanza.
El segundo decreto, centrado en la congelación de los alquileres, aún no tiene fecha de votación, aunque deberá ser sometido al Congreso en el plazo de un mes desde su publicación en el BOE.
