Las formaciones del espacio político de Sumar han puesto en marcha la campaña “Pide la prórroga, defiende la prórroga” con el objetivo de garantizar la continuidad de la congelación de contratos de alquiler aprobada el pasado 20 de marzo por el Gobierno. La iniciativa, impulsada por Izquierda Unida, Más Madrid, Movimiento Sumar y Catalunya en Comú, combina movilización social y apoyo directo a los inquilinos.
Durante una rueda de prensa conjunta, en la que participaron dirigentes como Mónica García, Ernest Urtasun, Toni Valero y Lara Hernández, las formaciones detallaron una estrategia en dos frentes. Por un lado, promoverán actos y participarán en movilizaciones para visibilizar el apoyo social a la medida. Por otro, ofrecerán herramientas de información, asesoría y acompañamiento para facilitar que los inquilinos soliciten la prórroga.
“Vamos a demostrar que existe un país organizado”, afirmó García, quien subrayó la importancia de este mes como clave para consolidar la medida. En paralelo, el espacio político ha anunciado una ronda de contactos con los partidos del bloque de investidura —a la que también invitarán al Partido Popular— con el objetivo de asegurar la convalidación del decreto en el Congreso.
Urtasun apeló directamente a las formaciones parlamentarias para que definan su posición: “Que expliquen de qué lado están: con los inquilinos o con los especuladores”. La negociación será liderada por la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero. Por su parte, Toni Valero afirma que «Andalucía es una comunidad que se va a ver especialmente beneficiada de esta prórroga. En caso de darse, estamos hablando de 360000 personas afectadas por la caducidad de 144000 contratos».
Desde el espacio confederal consideran que la prórroga de los contratos supone un “punto de inflexión” en la política de vivienda, al limitar la especulación y reforzar el carácter de la vivienda como derecho. En este sentido, también han instado al Partido Socialista Obrero Español a implicarse plenamente en la defensa de una medida que, recuerdan, ha sido aprobada por el conjunto del Gobierno presidido por Pedro Sánchez.
La medida podría beneficiar a cerca de 2,7 millones de inquilinos en España con contratos que expiran hasta el 31 de diciembre de 2027. A ellos se dirige directamente la campaña, con un mensaje claro: solicitar la prórroga y defenderla públicamente.
Las formaciones de Sumar se comprometen, tanto dentro como fuera del Ejecutivo, a asegurar la continuidad del decreto y a sostenerlo políticamente en el Parlamento. “El derecho a la vivienda tiene que convertirse en un clamor social”, concluyeron.
