El Gobierno ha dado un nuevo paso en su objetivo de blindar el aborto en la Constitución. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta la reforma constitucional, tras introducir cambios sugeridos por el Consejo de Estado, y ha remitido el texto al Congreso de los Diputados, donde afrontará una compleja tramitación parlamentaria.
La principal modificación respecto al anteproyecto aprobado en octubre radica en la redacción. El Ejecutivo ha eliminado el reconocimiento explícito del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y ha optado por centrarse en su dimensión prestacional. Así, el nuevo texto establece que los poderes públicos deberán garantizar su ejercicio “en condiciones de igualdad real y efectiva” y con los servicios necesarios para ello.
Según ha explicado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, esta fórmula refuerza la obligación de las administraciones de asegurar el acceso al aborto en condiciones adecuadas dentro del sistema sanitario público. El objetivo es corregir las desigualdades territoriales existentes, ya que actualmente cerca del 80% de las interrupciones del embarazo se realizan en clínicas privadas, mientras que en comunidades como Andalucía, Madrid o Castilla-La Mancha la sanidad pública apenas asume estos procedimientos.
El Ejecutivo sostiene que esta situación genera una brecha entre mujeres en función de su lugar de residencia, lo que justifica la necesidad de reforzar la garantía pública del servicio. En este sentido, Redondo ha subrayado que la reforma se centra en la dimensión “objetiva” del derecho, dado que su vertiente individual ya está vinculada a derechos fundamentales como la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad, tal y como reconoció el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2023 sobre la ley de plazos.
La reforma se incorporará mediante un nuevo apartado en el artículo 43 de la Constitución, relativo a la protección de la salud, dentro de los principios rectores de la política social y económica. Esta vía permite una reforma ordinaria, más ágil que la agravada, aunque exige igualmente amplias mayorías parlamentarias.
En concreto, el texto deberá ser aprobado por una mayoría de tres quintos en Congreso y Senado. En caso de desacuerdo, se abriría la posibilidad de una comisión mixta y nuevas votaciones, con escenarios que podrían requerir incluso mayorías reforzadas. La falta de apoyo del Partido Popular, que ya ha mostrado su rechazo, complica las opciones del Gobierno, que también ha encontrado reticencias entre algunos de sus socios.
El Ejecutivo enmarca la iniciativa en un contexto internacional de retrocesos en derechos sexuales y reproductivos y busca, además, marcar perfil político en un asunto con amplio respaldo social. Según ha señalado la ministra de Igualdad, entre el 70% y el 80% de la ciudadanía apoya el derecho al aborto.
Consciente de la dificultad del proceso, el Gobierno ha apelado al diálogo para recabar apoyos. Redondo ha instado al Partido Popular a sumarse al consenso, argumentando que la defensa de este derecho trasciende las posiciones ideológicas y conecta con la realidad social de sus propios votantes.
