Definitivamente el pueblo estadounidense no fue previsor cuando aprobó la Constitución el 17 de septiembre de 1787 —poco más de 11 meses después de la lucha por la independencia concluida el 4 de julio de 1776—, y no aprovechó para dejar establecido su derecho a ser consultado en un plebiscito si el país podría o no entrar en guerra, y que al Congreso solo le correspondiera institucionalizar su decisión.
Los bisabuelos de los tatarabuelos de aquella época de cowboys y pieles rojas, tuvieron una segunda oportunidad de incluir ese plebiscito en la Carta Magna dos años después cuando entró en vigor en 1789, pero a nadie se le ocurrió que, al no hacerlo, le estaban transfiriendo esa responsabilidad a un pequeñísimo grupo de gente acaudalada que tomarían la decisión por ellos, y mucho menos que pase lo de ahora que estos se la han pasado a su vez al presidente de la nación. Un solo hombre, decidiendo asuntos de trascendencia, incluso de vida o muerte para la masa de habitantes.
¿Por qué hubiera sido importante que, desde tan remota época, el contribuyente fuera quien tuviera la última palabra en ese asunto de la guerra y la paz? Pues, ni más ni menos, porque las guerras no las financia el gobierno, sino el ciudadano estadounidense.
¿Cuántas guerras enromes, grandes, medias, pequeñas, invasiones, intervenciones, bombardeos y cualquier conflicto bélico que entre en esa escala, ha iniciado Estados Unidos desde aquella lejana época?
Documentadas, que se pueden consultar y constatar, según un informe de 2022 del Servicio de Investigación del Congreso (CRS en inglés), 469 reconocidas por el legislativo desde 1798. Sólo como referencia, 218 entre 1798 y 1990, y 251 entre 1991 y 2022. No se incluye ninguna otra desde ese año hasta mayo de 2026.
Otro superdato del CRS: La lista de países a los que apunta el ejército estadounidense incluye a la gran mayoría de las naciones del planeta, incluidos prácticamente todos los países de América Latina y el Caribe, y la mayor parte del continente africano.
Agrega otro más: Desde principios de 1991 hasta inicios de 2004, el ejército estadounidense llevó a cabo 100 intervenciones, y las aumentó a 200 entre 1991 y 2018. A partir de allí hasta lo que va de 2026, otros 50, una decena de ellos guerras de gran envergadura. ¡Cuánto billones de billones de dólares se hubiera ahorrado EEUU si todas esas guerras se hubiesen sometido a plebiscito! ¡Cómo sería el desarrollo social y tecnológico de esa nación si esa montaña de dinero se hubiese invertido en el desarrollo! ¡Cómo se hubiera consolidado la paz en el mundo!
Las propias instituciones oficiales que aportan esos datos, incluido el CRS, aclaran que esas cifras son estimaciones conservadoras, ya que no incluyen las operaciones especiales estadounidenses, las acciones encubiertas ni los despliegues nacionales en los que las fuerzas estadounidenses han estado estacionadas en el extranjero desde la Segunda Guerra Mundial, en diversas misiones.
El Proyecto de Intervención Militar del Centro de Estudios Estratégicos de la Universidad de Tufts ha documentado aún más injerencias extranjeras. Allí se asegura: «Estados Unidos ha llevado a cabo más de 500 intervenciones militares internacionales desde 1776, de las cuales casi el 60% se realizaron entre 1950 y 2017», «Además, más de un tercio de estas misiones tuvieron lugar después de 1999».
Regresemos al principio del escrito, que es el verdadero interés de esta nota. Es muy probable que si el contribuyente pudiera decidir si el país entra o no en guerra, seguro que hubiese sopesado mucho mejor que el congreso la relación costo-beneficio por la simple razón de que los congresistas no sueltan ni un solo dólar de su bolsillo para invertirlo en pólvora y sangre, pero el pagador de impuestos sí, porque cuando hay conflagraciones como las de Irán, por ejemplo, o Irak, por citar algunas, sus gravámenes suben como la espuma y merma el retorno. Ilustremos esto de la forma más real y sencilla posible con el caso de Irán.
La cifra oficialista procedente del Pentágono —es presumible sea falsa— ubica el costo directo de esa guerra en 29.000 millones de dólares lo que equivale a unos USD 220 por cada declaración de impuestos o USD 260 por hogar. Con ese dudoso dato, cada familia estadounidense sufraga el conflicto en esa cantidad, pero eso es solo la punta del iceberg, y se refiere exclusivamente a una parte de los costos del conflicto, el denominado costo operativo directo.
Recuerden que son las cifras maquilladas del señor Pete Hegseth que difieren en gran medida de las del Center for Strategic and International Studies (SIS), que parecen más realistas y honestas: el conflicto cuesta cerca de USD 1.000 millones diarios, y eso que se refiere solo a lo que denomina Gasto Diario Continuo de la contienda.
Pero fíjense en este otro dato de diversas fuentes, que es de lo más interesante: Economistas y académicos advierten que, si se incluyen los costos médicos de veteranos, el reabastecimiento de armas a largo plazo y el impacto macroeconómico (incluyendo el alza del petróleo y la inflación), la factura total para los contribuyentes estadounidenses podría escalar a cientos de miles de millones e incluso alcanzar hasta USD 1 billón.
Ese dato se encuentra en la IA, pero no lo desestimen pues casi coincide con los del SIS, cuyos especialistas son más precisos al estimar que ese mismo ítem promedió USD 891,4 millones durante su fase inicial. Hay otra cosa que el contribuyente debe tomar en cuenta. Esos dígitos no son los totales porque se refieren solamente a los costos operativos del conflicto, así que el daño al bolsillo es mucho mayor que el estimado.
A ello hay que sumar los agravantes, entre los cuales los de mayor impacto son los gastos del hogar y personales que aumentan impulsados por las consecuencias económicas de la guerra sobre la población del país que la incita. Así que no se debe valorar solamente el desembolso familiar directo en favor de la guerra a través del sistema tributario, sino también mediante las afectaciones a la economía doméstica.
En Estados Unidos todo aumenta de precio. Como publicó hace unos días el The New York Times, el incremento en el costo de la vida promedio en Estados Unidos debido a la guerra en Irán se estima en correspondencia con la inflación general del 2.4% al 3.8% anual, lo que se traduce en un impacto directo de aproximadamente $3.000 a $5,000 dólares adicionales en gastos por hogar para el próximo año.
Pero hay otro efecto más de la guerra que paga el consumidor, y es que el gasto bélico es un extra que no sale —o se busca la forma que no salga— del presupuesto programado del Pentágono, sino del aporte del contribuyente indirectamente mediante el aumento de impuestos invisibles o gravámenes que paga el ciudadano facturas, y solo lo percibe cuando se da cuenta que sus ingresos ya no le llegan a final de mes.
Si todo eso duele, tanto o más le impacta al ciudadano común cómo con la guerra se reducen los servicios sociales y programas de bienestar, porque sus presupuestos específicos son reducidos y derivados a los gastos de guerra.
¿De qué tamaño es el impacto del exagerado gasto del gobierno de Donald Trump en la guerra de Irán y su afectación en el sistema de bienestar de Estados Unidos? Dejemos que nos lo cuente el U.S. Department of Health and Human Services o el U.S. Department of Agriculture, los cuales aseguran que con ese presupuesto se hubiera podido expandir o financiar la totalidad de varios programas sociales a nivel federal durante al menos un año.
Además, ese dinero gastado para matar y morir, hubiera permitido desarrollar programas como los siguientes: Atención Médica Comunitaria: Financiar aproximadamente tres veces el presupuesto anual dedicado a programas federales de salud mental y abuso de sustancias, multiplicar por más de diez el presupuesto del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC) y otros almuerzos escolares.
También, cubrir por completo el costo de los programas federales enfocados en el desarrollo y educación de la primera infancia (como Head Start), los programas de asistencia de emergencia para personas sin hogar o el fortalecimiento del Department of Housing and Urban Development, evitando recortes futuros en vales de ayuda para alquiler.
Pero, a nivel interno global, el impacto financiero acumulado por el conflicto ha elevado a su pico más alto de todos los tiempos la deuda pública total a 39 billones de dólares, según los datos más recientes de este mes de mayo de U.S. Treasury Fiscal Data.
Ello equivale a una proporción de deuda-PIB ligeramente superior al 100%, y un desbalance serio entre los ingresos federales recaudados de 3.32 billones de dólares acumulada desde octubre, en comparación egresos de $4.27 billones de dólares ejecutados para un déficit presupuestario acumulado de 954.000 millones de dólares que hace más pobre a los pobres, aunque la guerra haga más rico a los ricos, incluido Trump, cuyas empresas personales florecen como nunca antes soñó.
Por eso, al inicio decíamos que el contribuyente debería de gozar de un arma como el plebiscito, tener voz y voto a la hora de determinar si Estados Unidos se sigue metiendo en guerras que afecta a los ciudadanos, sean demócratas o republicanos, belicistas o antibelicista, blancos o negros, porque la crisis económica no distingue entre ellos, sino únicamente entre quien tiene dinero y quien no lo tiene.
Lamentablemente ya ni el Poder Legislativo, como entidad institucional del Estado democrático, goza de la potestad de tomar decisiones correspondientes a su fuero, y basta tener una mayoría de tres o cuatro legisladores en las dos cámaras a quienes sólo les interesa mantener pegado su trasero en la curul y que el dinero le caiga como maná del cielo, para tomar decisiones altamente riesgosas, por encima de la voluntad y el derecho de los 245 millones de empadronados con edad para votar y sobrados motivos para tomar las decisiones más justas para ellos y para la nación.
