Colombia ha vuelto a situarse en el centro de la disputa política latinoamericana. La segunda vuelta presidencial celebrada el 21 de junio no ha sido una elección más. Lo que estaba en juego —y lo que sigue en juego mientras no concluya el escrutinio oficial con todas las garantías— es mucho más que una alternancia de gobierno: es la continuidad de un horizonte democrático, popular y de paz, o el retorno de las fuerzas que históricamente han gobernado Colombia desde la violencia, el miedo, la exclusión social y la subordinación a los intereses de Estados Unidos.
El resultado provisional exige máxima responsabilidad democrática. Según los datos difundidos por las autoridades electorales, la candidatura de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo mantiene una ventaja de 245.738 votos sobre la candidatura de Iván Cepeda y Aída Quilcué, del Pacto Histórico. Se trata de una diferencia estrecha en un proceso atravesado por una enorme polarización política y por denuncias de irregularidades, compra de votos, presiones sobre electores y violencia política.
Precisamente por eso, el preconteo no puede convertirse en cierre político anticipado del proceso. Colombia necesita un escrutinio completo, público, verificable y transparente. Cada acta debe ser revisada con rigor, cada denuncia debe ser investigada y cada impugnación debe ser atendida conforme a los procedimientos establecidos. No se trata de poner en cuestión la institucionalidad electoral, sino de defenderla frente a cualquier intento de clausurar artificialmente una elección cuyo resultado definitivo debe responder únicamente a la voluntad libre y soberana del pueblo colombiano.
Durante estos días hemos conocido denuncias de compra de votos, presiones empresariales sobre trabajadores, violencia política contra candidaturas, militantes y equipos de campaña, así como preocupación social por posibles alteraciones del proceso. En un contexto así, la exigencia democrática es clara: transparencia, garantías y respeto pleno a la verdad electoral. Ningún reconocimiento político internacional debería precipitarse antes de que concluya el escrutinio oficial con todas las garantías.
La candidatura de Iván Cepeda y Aída Quilcué representa mucho más que una opción electoral. Representa la posibilidad de profundizar el camino abierto por el pueblo colombiano en defensa de la paz, la justicia social, los derechos humanos, la soberanía nacional y la vida. Iván Cepeda simboliza una trayectoria inseparable de la defensa de los derechos humanos, la memoria de las víctimas y la búsqueda de una paz estable y duradera. Aída Quilcué, lideresa indígena y defensora de los derechos de los pueblos, expresa la Colombia profunda que ha resistido durante décadas la violencia contra los territorios, las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes y populares.
El resultado del Pacto Histórico expresa la fuerza de una Colombia popular, trabajadora, campesina, indígena, afrodescendiente, feminista, juvenil y democrática que se niega a aceptar que la paz sea derrotada por el miedo, que la justicia social sea sustituida por la revancha y que la voluntad popular sea condicionada por los poderes económicos, mediáticos o internacionales. Incluso en un escenario adverso, millones de colombianos y colombianas han vuelto a demostrar que existe una mayoría social que no quiere regresar al país de la guerra permanente, del paramilitarismo impune y de la persecución contra quienes defienden la justicia social.
Frente a ese horizonte se sitúa Abelardo de la Espriella, candidato de una extrema derecha que combina autoritarismo, militarización, neoliberalismo y restauración oligárquica. Su proyecto no ofrece estabilidad; ofrece revancha. No ofrece seguridad para el pueblo; ofrece orden para los poderosos. Su victoria supondría un retroceso gravísimo: debilitamiento de los avances sociales, bloqueo de la reforma agraria, amenaza contra los procesos de paz, criminalización de los movimientos populares y alineamiento automático con la agenda de Washington.
La historia reciente de Colombia obliga a tomar muy en serio este riesgo. El país arrastra una larga trayectoria marcada por el conflicto armado, el desplazamiento forzado, el paramilitarismo, la persecución contra dirigentes sociales y sindicales y el asesinato de quienes han defendido la paz. Por eso, la disputa electoral colombiana no puede leerse únicamente como una confrontación entre candidaturas. Es una disputa entre paz y restauración reaccionaria, entre soberanía popular e injerencia, entre democracia y miedo.
La internacional negra con Espriella
La dimensión internacional de estas elecciones ha sido evidente. Donald Trump ha intervenido de manera abierta en favor de Abelardo de la Espriella, prometiendo el “apoyo total” de Estados Unidos si gana la derecha. No estamos ante una anécdota diplomática, sino ante una forma descarada de injerencia imperialista. Washington pretende recuperar en Colombia un aliado plenamente subordinado a su estrategia regional: presión contra Venezuela, militarización, restauración de la lógica del Plan Colombia y sometimiento de la política exterior colombiana a los intereses estadounidenses.
También desde Ecuador se han producido movimientos inaceptables. Daniel Noboa ha utilizado decisiones comerciales y arancelarias como instrumento de presión política para favorecer a la derecha colombiana, intentando convertir la política exterior ecuatoriana en una palanca electoral contra el Pacto Histórico. Esta actuación confirma que la batalla en Colombia supera las fronteras nacionales: las derechas continentales actúan coordinadamente, con apoyo de Washington, para frenar cualquier avance popular en América Latina.
La cuestión de fondo es la soberanía
Colombia debe decidir libremente su futuro, sin tutelas extranjeras, sin amenazas, sin presiones de Estados Unidos ni maniobras de gobiernos aliados de la derecha regional. La voluntad del pueblo colombiano debe ser respetada con todas las garantías democráticas, con transparencia en el escrutinio, control sobre el proceso electoral y pleno reconocimiento del resultado que expresen las urnas tras el procedimiento oficial.
Desde una perspectiva internacionalista, antiimperialista y solidaria, defender a Iván Cepeda, a Aída Quilcué y al Pacto Histórico es defender la paz frente a la violencia, la soberanía frente a la injerencia y la esperanza popular frente al regreso de los poderes de siempre. La victoria del Pacto Histórico permitiría consolidar un horizonte de paz, derechos sociales, justicia territorial, soberanía y democratización profunda del Estado. La imposición de una restauración reaccionaria, por el contrario, tendría consecuencias muy graves para Colombia y para el equilibrio político latinoamericano.
Colombia merece verdad electoral, garantías democráticas y respeto pleno a la voluntad popular. Y quienes creemos en la paz, la justicia social y la soberanía de los pueblos tenemos la obligación de decirlo con claridad.
