El juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge Mesas ha admitido a trámite las querellas presentadas por Izquierda Unida Federal, el Partido Comunista de España (PCE) y varios particulares contra el jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamires, y el comandante de las Fuerzas Navales, Ram Rotberg, por su presunta responsabilidad en el asalto a la Flotilla Global Sumud ocurrido en octubre de 2025.
La resolución judicial abre la puerta a investigar los hechos ocurridos durante la intervención de las fuerzas israelíes sobre varios barcos de la flotilla humanitaria, al considerar que parte de los sucesos tuvieron lugar a bordo de embarcaciones con bandera española, lo que atribuye competencia a la jurisdicción española.
Además, el magistrado ha acordado solicitar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) autorización para avanzar en la investigación y conocer si los mandos militares investigados ya forman parte de otros procedimientos abiertos en este tribunal internacional, que previamente ha solicitado órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por presuntos crímenes de guerra.
Competencia de la Audiencia Nacional
En el auto, el juez sostiene que las fuerzas israelíes «carecían de la habilitación necesaria, conforme al ordenamiento jurídico español», por lo que considera que actuaron como particulares al practicar las detenciones, lo que podría constituir un delito de detención ilegal cuya investigación corresponde a la jurisdicción española.
La resolución destaca que los hechos investigables se circunscriben a los ocurridos en embarcaciones con pabellón español. Según explica el magistrado, no existen limitaciones legales que impidan perseguir estos delitos cuando se producen a bordo de barcos españoles, independientemente de la nacionalidad de sus tripulantes.
Sin embargo, el auto excluye de la investigación los hechos posteriores al desembarco en Israel y los presuntos delitos cometidos en territorio israelí, al entender, siguiendo el criterio de la Fiscalía, que esos hechos quedan fuera del ámbito competencial de los tribunales españoles, aunque afectaran a ciudadanos españoles que viajaban en otras embarcaciones.
Delitos investigados
Las querellas presentadas por IU y el PCE solicitan que los responsables militares israelíes sean investigados por presuntos delitos de detención ilegal, piratería, torturas y delitos contra personas y bienes en caso de conflicto armado.
Las organizaciones querellantes sostienen que estos hechos se produjeron «en el contexto de la comisión de delitos de lesa humanidad y de genocidio», tipificados tanto en el Código Penal español como en diversos tratados internacionales de aplicación directa.
No obstante, la Audiencia Nacional ha limitado por el momento la investigación a los hechos ocurridos durante el abordaje de los barcos españoles, sin extenderla a las presuntas torturas denunciadas tras el traslado de los detenidos a territorio israelí.
Dos víctimas ejercerán la acusación particular
De los querellantes, únicamente Reyes Rigo y Néstor Prieto han sido reconocidos como perjudicados directos por el presunto delito de detención ilegal, por lo que podrán ejercer la acusación particular.
Por su parte, Izquierda Unida, el PCE y el resto de querellantes podrán intervenir en el procedimiento como acusación popular.
El asalto a la Flotilla Global Sumud
Los hechos investigados se remontan a octubre de 2025, cuando unidades militares israelíes interceptaron varios barcos de la Flotilla Global Sumud mientras navegaban a unas 70 millas náuticas de la costa con ayuda humanitaria destinada a Gaza.
Durante la operación fueron detenidos una decena de ciudadanos españoles. Algunos de ellos denunciaron posteriormente haber sufrido malos tratos y torturas, especialmente durante su estancia en la prisión israelí de Ketziot.
Paralelamente, integrantes de la Flotilla de la Libertad han comparecido ante la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, María Dolores Delgado, para aportar sus testimonios sobre el abordaje, la detención y el posterior encarcelamiento. Estas declaraciones serán remitidas a la Corte Penal Internacional para incorporarlas a las investigaciones ya abiertas por presuntos crímenes de lesa humanidad contra Benjamin Netanyahu, Yoav Gallant y otros posibles responsables israelíes.
