El pasado domingo 26 de julio tuvo lugar en Palma de Mallorca una multitudinaria manifestación contra la masificación turística en la isla, con una participación de 70.000 personas, convocada por la plataforma «Menys turisme, més vida» para reclamar un cambio del modelo turístico, la adopción de medidas que garanticen el derecho a la vivienda y a la protección del territorio de las Illes Balears.
La manifestación trascurrió de forma pacífica, con la participación de familias completas, sin embargo a su finalización se produjeron cargas por parte de la Policía Nacional desproporcionadas que causaron al menos una docena de heridos y una persona detenida. Las entidades convocantes han cuestionado la proporcionalidad de la actuación y el propio delegado del Gobierno en la comunidad autónoma balear ha declarado que «hay imágenes que son inaceptables» y ha explicado a la prensa que solicitaría explicaciones sobre lo ocurrido.
En los días previos a la manifestación, la Guardia Civil llevó a cabo un operativo contra dos activistas investigadas por realizar sabotajes y desobediencia civil en dos inmobiliarias de Santa María del Camí. Operativo polémico por la exposición pública de la detención y el traslado a los juzgados y por el contenido del atestado policial que les atribuye entre otros un presunto delito de pertenencia a grupo criminal.
Diputados de Izquierda Unida y del Grupo Sumar han dirigido al Gobierno a través de los mecanismos parlamentarios de la Mesa del Congreso, una serie de explicaciones en relación a las actuaciones policiales tanto previas como posteriores al desarrollo de la manifestación.
El diputado y portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, manifestaba en su cuenta de X la «intolerable violencia contra quien defiende el fin de la especulación en Baleares», reclamaba aclarar «la desproporcionada represión contra la manifestación ‘Menys turisme, més vida’» y publicaba el escrito con la batería de preguntas interpelando al Gobierno.
En dicho escrito instan al Gobierno a pronunciarse con una valoración sobre el operativo policial contra las dos activistas del movimiento del derecho a la vivienda, la exposición pública de las detenidas y la imputación de presunto delito de pertenencia a grupo criminal.
Los diputados y diputadas de estos grupos instan también al Gobierno a que se pronuncie sobre si la actuación de la Guardia Civil en esas detenciones de las activistas conlleva una criminalización del derecho a la protesta.
En relación al dispositivo de la Policía Nacional en la manifestación requieren conocer quién autorizó dicho dispositivo y si existió algún tipo de coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil y Delegación del Gobierno en relación a las actuaciones previas y posteriores a la manifestación, así como qué conocimiento tenía el Delegado del Gobierno del operativo policial prevista para la manifestación.
A tenor de la violencia de la actuación policial, los diputados y diputadas firmantes del escrito requieren del Ministerio del Interior conocer si comparte las declaraciones del delegado del Gobierno de que «hay imágenes que son inaceptables».
También inquieren al Gobierno conocer si la Delegación del Gobierno en Illes Balears ha solicitado algún informe a la Jefatura Superior de Policía sobre los hechos ocurridos al término de la manifestación y si el propio Ministerio del Interior ha abierto alguna investigación interna o expediente para esclarecer la actuación policial, así como qué responsabilidades exigiría el Gobierno en caso de concluir una actuación policial desproporcionada.
