O, dicho de otro modo, no digas de esta agua no beberé o este cura no es mi padre [1]
Allá por el no muy lejano mes de abril del año 2025 publicábamos en este mismo medio un artículo que con nuestra habitual retranca titulábamos con una pregunta y su posible respuesta: «¿Nucleares? ¡Depende!», un documento en el que analizábamos las ventajas y desventajas de mantener o desmantelar las centrales nucleares en España, considerando su impacto ambiental y en el sistema eléctrico.
Poco tiempo después, aprovechando el desconcierto provocado por el «apagón» del 28 de abril, completábamos el análisis del artículo citado con el «¿Nucleares? ¡Para qué!» de mayo, en el que nos metíamos un poco más en harina, señalando que no hay energías «buenas» y «malas», que el Sistema Eléctrico Interconectado (SEI), es demasiado complejo cómo para admitir recetas de tertuliano y que cualquier tecnología tiene ventajas e inconvenientes, independientemente de que consigamos o no “pintarlas de verde”.
No citábamos —supongo que por considerarlo demasiado reiterativo—, que nuestro país es uno de los mejores ejemplos de lo que se denomina «Bailout Capitalism»[2]: un modelo defensor del libre mercado y del liberalismo económico, obsesionado por la maximización del beneficio inmediato sean cuales sean los riesgos asumidos, consciente de que papá Estado acudirá al rescate (bailout) ante cualquier crisis sistémica provocada por su desmedida avaricia.
Y así, entre dogmatismos verdes, apagones que ponen a prueba las costuras del sistema eléctrico y rescates preventivos con Ciclos Combinados cuyos costes sufraga el contribuyente de a pie, llegamos al último capítulo de esta trilogía nuclear. Porque si algo faltaba por certificar en este vodevil energético es cómo encaja el pragmatismo político ante la inminente caducidad de las instalaciones.
Es aquí donde entra en escena el nuevo giro de guion: la prórroga del funcionamiento de la Central Nuclear de Almaraz hasta junio de 2030. Una decisión de viernes de agosto que no responde a ninguna convicción técnica, tomada a espaldas del resto del gobierno y de sus apoyos parlamentarios que permite estirar la vida útil de los reactores en contra de los dogmas del PSOE, plegándose a las exigencias de las eléctricas y sus títeres parlamentarios, confiados en que la debilidad política de sus socios de legislatura no les permitiría más que ladrar.
¿De sabios es rectificar?
Cuando las eléctricas y el propio Gobierno fijaron en 2019 el calendario inicial de cierre de las nucleares, el escenario global dibujaba una posibilidad de evitar un cierre caótico de plantas nucleares derivado de su envejecimiento o del aumento de los costos, lo que permitiría al sistema eléctrico adaptarse de forma gradual a la pérdida de potencia nuclear. Disponíamos de un suministro abundante y fiable de gas natural licuado (GNL) a precios contenidos y una confianza ciega en que las renovables —eólicas y solares, que las hidráulicas siempre jugaron en otra liga— podrían hacerse cargo sin problema del resto del «mix» eléctrico.
Pero la realidad es tozuda y el despliegue de las renovables avanzó a una velocidad bastante menos vertiginosa que la prevista y con una notabilísima falta de planificación; su funcionamiento real descubrió debilidades infravaloradas o simplemente desconocidas en el proceso de diseño de las centrales. Finalmente, su implementación dentro de un sistema eléctrico preexistente y complejo, demostró una vez más que en estos temas la improvisación no es buena consejera. Resultado: problemas, problemas y problemas. Algunos se solucionaron sobre la marcha en un alarde de profesionalidad de los profesionales del Operador del Sistema. Pero como afirma el refrán gallego, “cántaro que moitas veces vai á fonte, ou deixa no camiño a asa ou deixa a fronte” y el 28 de abril de 2025 la posibilidad se convirtió en realidad señalándonos hasta qué punto nuestra sociedad padece de electro dependencia.
¡La Nuclear nos salvará!
Volvamos al origen: el consorcio Centrales Nucleares Almaraz-Trillo pide formalmente la extensión de la vida útil de los reactores y el Gobierno —con la antes citada agosticidad y alevosía— concede. ¿Es este un acuerdo «win-win», todos ganan? El Consorcio desde luego que gana; en caso contrario no pedirían la extensión de la vida útil. Pero ¿y el Gobierno? ¿El Gobierno gana? O más exactamente: ¿Ganan algo los colectivos a los que dice representar este «Gobierno socialcomunista, bolivariano y proetarra»? ¡Misterio!
Misterio que pretendemos desvelar en los párrafos siguientes.
Las razones de las eléctricas
Lo cierto es que las razones de las eléctricas para pedir ahora la prórroga no son muy complejas: simplemente el cálculo de costes, de riesgos y beneficios. Lo que en 2019 se vendía como un pacto modélico y ordenado para el «apagón nuclear» hoy se denuncia como un error insostenible porque el escenario financiero, geopolítico y regulatorio ha dado un vuelco radical.
En 2019, la fecha de la firma de aquel “modélico acuerdo”, el horizonte energético europeo dibujaba una transición plácida y libre de nubarrones que presagiaran lo que se nos venía encima. El gas natural era abundante, los precios del pool eléctrico eran relativamente estables y se asumía que los ciclos combinados podían entrar y salir del mix con un coste mínimo para cubrir los huecos de la eólica y la solar.
Lástima que «El villano naranja» decidiera que era mucho más beneficioso para su pecunio particular y el de sus amigos sacudir el avispero de «velutinas»[3] y acabar de una vez por todas con la ilusión de un gas barato y fácilmente accesible.
En este nuestro 2026 las crisis geopolíticas globales, la práctica desaparición de los contratos a largo plazo de los mercados de GNL[4] y los sobresaltos en las cadenas de suministro han demostrado que fiar la estabilidad y los precios del sistema únicamente a las renovables y al gas expone a las eléctricas —y a la economía en su conjunto— a shocks de precios insoportables. Una central nuclear amortizada proporciona un suelo de costes operativos mucho más previsible frente a la montaña rusa de los combustibles fósiles.
Otro aspecto a tener en cuenta en este cambio de opinión de las eléctricas es la evolución del coste real de la «mochila» fiscal y regulatoria. En 2019 las eléctricas aceptaron el calendario de cierre escalonado porque el peso de la fiscalidad específica sobre la energía nuclear —tasas de ENRESA, impuestos autonómicos, combustible, etc.— hacía que los márgenes de explotación se estrechasen peligrosamente frente al coste de mantener las plantas abiertas. En la actualidad la ecuación económica ha cambiado y desmantelar prematuramente un parque generador que sigue estando en buenas condiciones operativas exige asumir de golpe unos costes que nunca pensaron que iban a tener que pagar: recordemos quién ganó las elecciones y “no fue presidente porque no quiso”.
No olvidemos, además, que el sector ha presionado y conseguido que se renegocien los términos y las cargas fiscales para hacer viable la prórroga. Para las propietarias, la rentabilidad de exprimir unos años más una infraestructura 100% amortizada compensa, siempre que el Gobierno mueva ficha y alivie los gravámenes.
Y llegamos a los aspectos técnicos. En 2019 nos invadía el triunfalismo de las renovables: fotovoltaica y eólica serían capaces por si solas de suministrar el 100% de la energía necesaria en la mayor parte de las situaciones, complementadas cuando fuera necesario por “los Ciclos”, es decir las centrales térmicas de gas de Ciclo Combinado.
No hizo falta llegar a 2025 para convencerse de que los constantes avisos de los profesionales del sector sobre la pérdida de inercia síncrona, malfuncionamiento de las protecciones, dificultad en la regulación de tensión, etc., convenciera a los ejecutivos de las eléctricas que un colapso del sistema o un fallo generalizado de suministro no es solo un problema técnico, sino un desastre reputacional y financiero de proporciones bíblicas. Al conseguir la prórroga de Almaraz, logran que sea el propio Gobierno el que valide y avale la continuidad de un colchón de seguridad del que ellas mismas se benefician comercialmente, blindándose ante apagones y volatilidad extrema.
En definitiva, lo que en 2019 parecía un ejercicio de relaciones públicas alineado con los objetivos oficiales del Gobierno, en 2026 se revela como un cálculo de supervivencia económica e industrial. Para las eléctricas, mantener Almaraz ya no es un dogma ideológico, sino un salvavidas financiero y un seguro a todo riesgo contra las turbulencias de un mercado eléctrico que el libre albedrío por sí solo no puede garantizar.
Las razones del Gobierno
Aunque el Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, era firme partidario de atenerse rígidamente al calendario del apagón nuclear previsto en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), hay algo que no se nos cuenta que consiguió torcer la voluntad ministerial de cumplir sus compromisos con sus votantes, pasándose “por el arco de triunfo” los acuerdos de legislatura, al firmar la prórroga que retrasa el cierre de la Unidad I hasta el 8 de junio de 2030 y unifica el horizonte temporal de la Unidad II de la Central de Almaraz mediante la correspondiente orden ministerial.
Con la boca pequeña, el Ministerio para la Transición Ecológica intentó justificar la medida fundamentándose en varios motivos clave como la Incertidumbre geopolítica y crisis energética internacional, las circunstancias excepcionales derivadas de los conflictos en Oriente Medio y la alteración en las cadenas de suministro de gas natural licuado (GNL). Según su interpretación de los hechos la continuidad temporal y limitada de Almaraz actuará de forma coyuntural para proteger a los consumidores y al sistema eléctrico español frente a subidas bruscas e imprevistas de los precios de la electricidad, desplazando principalmente a la generación mediante gas de los ciclos combinados en momentos de tensión en los mercados. [5]
Más cierto es que la contribución de los grupos de Almaraz a la necesaria “energía de base” no deja de ser importante sobre todo si su funcionamiento está supervisado y avalado favorablemente en materia de seguridad por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y por ENRESA respecto a los residuos, sobre todo teniendo en cuenta que aunque la potencia renovable en España sigue creciendo de forma acelerada, lo hace también de forma desordenada y no planificada, el almacenamiento sigue en pañales, y los problemas del tipo de inversores empleado en la práctica totalidad de las renovables no se han ni comenzado a solucionar.
Finalmente: La prórroga concede un margen temporal adicional de varios años para que la comarca de Campo Arañuelo (Cáceres) y los municipios de su entorno puedan preparar alternativas industriales y diversificar su economía, amortiguando de golpe el fuerte impacto laboral y fiscal que supondría el cese inmediato de la actividad de Almaraz.
Lo que nadie dice
A menudo se le atribuye al filósofo griego Pitágoras la frase de que «el hombre es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras», pero al final los actos dicen más de nosotros que las palabras. Prorrogar el funcionamiento de Almaraz — prórroga que, además, cuestiona todo el calendario de cierre de las Centrales Nucleares de Catalunya y País Valencià— plegándose a los intereses del poder financiero en contra de lo firmado en el pacto de gobierno, sin ni siquiera debatirlo en el seno del Ejecutivo y con los socios que firmaron el pacto tiene un costo político importante para el PSOE.
Pero ¿solo tiene coste? ¿No existe beneficio para el PSOE? ¿Para qué firmarlo entonces a meses de las elecciones al Parlamento? Llamadme conspiranoico, pero no creo que el Capital tenga problemas morales para poner dinero a negro y a rojo, porque gane quien gane ganan ellos.
A lo peor el PSOE se pliega a los deseos de las eléctricas para que sea otro —PP/VOX— el que se haga cargo de la construcción del famoso Almacén Centralizado, indispensable si empezamos a cerrar CN. Se haga cargo con los fondos del Estado, ¡por supuesto! Porque este es el problema de fondo: no hay «pasta» para pagar la gestión de los residuos radioactivos. Las empresas no han ido pagando cómo y cuándo debían, y los residuos no se pueden quedar eternamente en los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) en cada CN, ¡eso eliminaría la posibilidad de reutilización del suelo industrial que actualmente ocupan las centrales!
Hablar de «cementerios nucleares” —Almacén Temporal Centralizado (ATC) en la denominación oficial española— excede con mucho el propósito de este artículo. Apuntaremos solamente el fracaso del proyecto de Villar de Cañas, que llegó a acumular tantos problemas en tantos frentes abiertos que terminó convertido en un jeroglífico irresoluble.
Lo cierto es que el dilema entre centralizar los residuos radiactivos en una única instalación o mantenerlos de forma dispersa en los almacenes de cada central ha sido uno de los debates técnicos y políticos más agrios de la ingeniería energética en todo el mundo.
Si bien el Almacén Centralizado (ATC) único presenta claras economías de escala —construir, vigilar, actualizar y dotar de seguridad de máxima categoría a un solo recinto es incomparablemente más barato y eficiente que duplicar sistemas de alta seguridad en media docena de emplazamientos distintos— permite realizar traslados planificados y seguros desde las plantas hasta el punto de destino y la liberación del suelo industrial de las centrales nucleares, una vez apagadas y desmanteladas presenta el claro inconveniente que podríamos denominar como de «Todos los huevos en la misma cesta»,la vulnerabilidad logística en ruta yla imposibilidad práctica de encontrar el territorio que se quiera quedar con la cesta.
El modelo descentralizado, como era de esperar, presenta también ventajas e inconvenientes. Si construir, vigilar, actualizar y dotar de seguridad de máxima categoría a un solo recinto es incomparablemente más barato, mantener la seguridad, el control radiológico y la supervisión técnica en cinco o seis puntos distintos del país multiplica los costes de operación y el esfuerzo del regulador (el CSN).
En segundo lugar, el territorio de las antiguas centrales nunca llega a liberarse del todo. Aunque los reactores se desmonten, el suelo sigue albergando residuos radiactivos durante décadas a la espera de un almacén definitivo. Es un parche a medio plazo, una solución temporal que deja la resolución del problema a la siguiente generación.
Sin embargo, esta solución tiene un menor riesgo logístico, ya que el combustible gastado apenas se mueve unos cientos metros desde la piscina de la central hasta la pista de almacenamiento seco en seco dentro del mismo recinto, y una mayor modularidad en cuanto a la posibilidad de ampliar su ATI de manera sencilla.
En conclusión [6]
- Aunque lo hagáis un viernes de agosto, no cuela.
- Que tampoco nos enfadamos porque le digáis que sí a las eléctricas, pero deberíais explicar que contrapartida obtiene el pueblo llano.
- Que probablemente es cierto que nunca se debieron de construir centrales nucleares sin saber lo que íbamos a hacer con los residuos, pero que aquel era un momento y ahora es otro; y en este momento de Hormuz, Nord Stream, Medgaz, apagones y inestabilidades, igual no es mala idea mantener funcionando reactores totalmente amortizados y que producen electricidad constante y barata.
- Que la nuclear es mala, pero no por las razones que esgrimen algunos. En general toda actividad industrial es mala. Salvo cuando ayuda a salvarte la vida en un quirófano.
- Que entre todos la mataron y ella sola se murió. Y aquí ni unos ni otros han hecho la parte que les toca de los deberes para salvar la actividad económica de la región extremeña. ¿Un poco de tiempo más o lo vais a gastar en no hacer nada?
- Por la noche no luce el sol y las baterías son los padres. Cierto. La nuclear tampoco es la solución, pero, ¿qué tal si planificamos un poco? Porque de inversiones que buscan la rentabilidad inmediata sin plan industrial alguno, y de gimoteos a toro pasado pidiendo subvenciones porque los números no cuadran, estamos ya hartos.
- El precio del kwh solar no es más barato que el de la nuclear como se explica en el anexo.
- El oligopolio no es un problema; ¡el problema es que sea privado!
ANEXO: ¿El costo del KW nuclear es mucho mayor que el del solar?
Las cosas no son tan sencillas como parecen cuando las explica un «youtuber». Comparar sin más el costo del kilovatio-hora (kWh) de una central nuclear ya amortizada como Almaraz frente a una central fotovoltaica equivalente implica analizar dos modelos de generación eléctrica radicalmente distintos.
Si vamos simplemente a los números el LCOE o Coste Nivelado por kWh de una Central Nuclear como la de Almaraz, que ya está totalmente amortizada, se sitúa aproximadamente entre los 45 € y los 70 € por MWh, mientras que para un Parque Fotovoltaico en instalaciones terrestres a gran escala, estaría entre los 25 € y los 45 € por MWh.
La razón es que, aunque las grandes infraestructuras de Almaraz están totalmente amortizadas en su inversión inicial, la Central tiene unos altos costes operativos fijos, gastos de mantenimiento, el combustible nuclear, y una importante partida de impuestos autonómicos y estatales, a lo que hay que añadir la tasa destinada a ENRESA para la gestión de residuos radiactivos y la previsión para los costes del desmantelamiento.
Pero esta comparación tiene trampa: ¿Son realmente comparables una y otra tecnología? La respuesta es claramente no: estamos comparando una fuente Gestionable con una Intermitente. Una Central Nuclear como Almaraz, funciona como una central de base: genera energía de forma constante 24 horas al día, los 365 días del año, con una potencia que ronda los 1.000 MW por cada uno de sus dos reactores. Una planta fotovoltaica produce energía de manera intermitente: depende de la radiación solar y las horas de luz. Para que una instalación solar fuera «equivalente» en términos de suministro continuo y garantizado a una central nuclear, requeriría obligatoriamente asociarse a sistemas gigantescos de almacenamiento, lo que eleva significativamente el coste final del kWh. Dicho de otra forma: Una central nuclear tiene un factor de capacidad muy elevado (superior al 85-90% anual). Un parque fotovoltaico en España suele rondar un factor de capacidad[7] del 20-25% anual.
Notas:
[1] La revista satírica «El Jueves» añade una indicación más, que no hemos de reproducir en un medio tan serio como este.
[2] No tengo más remedio que darle la razón a Irene Calvé, querida compañera del GEMA, en su defensa del inglés para estas definiciones. Es indudable que «Bailout Capitalism» tiene muchísimo más encanto que «Capitalismo de rescate»
[3] Avispas asiáticas. Aunque por su comportamiento se parecen mucho más a los sicarios de nuestro “Con-man”
[4] Históricamente, el mercado mundial del Gas Natural Licuado (GNL) se estructuraba sobre contratos a largo plazo con fórmulas indexadas al petróleo y destinos fijos, lo que garantizaba cierta previsibilidad de precios y estabilidad para las industrias. La situación política actual ha provocado la desaparición de este mercado, substituido por los mercados spot (al contado), una especie de subasta permanente por cada barco metanero disponible.
[5] No disponemos de espacio suficiente para comentar el complejo tema de los papeles de cada una de las fuentes en el “mix” de energía eléctrica, pero esto no es una verdad a medias. Más bien una verdad “a calcetines”, o incluso “a pinkies”, con muy poco porcentaje de verdad.
[6] He de confesar que mía es la literatura: las conclusiones son en su práctica totalidad cosa de Irene Calvé
[7] El factor de capacidad de una central es la relación porcentual entre la energía eléctrica que la central ha producido realmente durante un período —normalmente un año— y la energía máxima que habría podido producir si hubiera estado operando de forma continua a su potencia máxima nominal (plena carga) las 24 horas del día los 365 días del año.
