El inicio de la aplicación de un ambicioso proyecto de modernización de la economía cubana con la promulgación de 176 medidas agrupadas en 23 ejes sectoriales o globales, ha motivado reflexiones, críticas, zancadillas, contrarréplica de muy mala leche por parte de los adversarios.
Pero también abrumadora defensa, apoyo y expresiones de comprensión de la necesidad de emprender esa batalla en condiciones de una guerra económica y financiera cada vez más implacable y criminal.
En el debate suscitado, la primera coincidencia entre las partes en pugna es que para ejecutar ese plan Cuba necesita capital urgentemente, y en grandes cantidades. Al mismo tiempo, deriva en la obligatoriedad de definir qué tipo de capital y su procedencia, a fin de que el país no pierda ni un centímetro de soberanía.
Ese solo hecho ya define, de por sí, la complejidad del proyecto en el que se ha metido el gobierno revolucionario cubano, y la urgencia, además, de acelerarlo cuidando al máximo cada detalle para que ni fracase, ni se deforme y que el bombardeo al que ya es sometido no lo desmorone.
En tanto, lleva implícito el reto de la permanencia o liquidación del modo de producción cubano sui géneris, y eso siempre estará presente en el análisis de la relación costo-beneficio.
Por supuesto que eso implica hacer conciencia de que no basta con modificar la ley de inversiones, como se está haciendo, si no va acompañada de la creación de leyes corporativas y comerciales modernas, ajustadas al nuevo modelo que se adopte en razón de la realidad que impone el recrudecimiento de la guerra económica y un entorno regional e internacional poco favorable, como implícitamente admite el proyecto.
En esta primera etapa, Cuba debe optar por las más asequibles y potenciales fuentes de inversión, como la que pueden realizar las mipymes existentes y por crear, y la diáspora cubana en el extranjero, en particular la residente en Estados Unidos.
A ello tratará de unir voluntades como la china, rusa, vietnamita, norcoreana, incluso iraní y otras, pero en otra dimensión y, en especial, con las inversiones más voluminosas y el requerimiento de transferencia tecnológica.
El estímulo a la diáspora no es ningún descubrimiento, sino algo que se está planteando desde el siglo pasado, en particular las primeras y segundas conferencias Nación y Emigración (1994 y 1995) presididas por Fidel Castro, luego de un primer abordamiento del tema en 1978, cuando las condiciones del momento no admitían avances ni decisiones al respecto.
Pero después del desmembramiento de la URSS y la caída del campo socialista de Europa del Este en 1990, la situación cambió radicalmente con el doble bloqueo que llevó a la primera gran crisis en el país, nombrada Período Especial, y se retomó el tema de tener en cuenta la diáspora cubana.
Debe aclararse que lo decidido este 2026 no es una copia mecánica de los procesos de reacomodo estratégico de las economías de China en 1978 (Gaige Kaifang) y de Vietnam en 1986 (Đổi Mới), sino de beber de su experiencia, pero desde la realidad cubana.
Esos dos países no estaban bloqueados como Cuba, ni Estados Unidos ubicado a 90 millas de sus costas, como es el caso nuestro. Además, ya el Pentágono había sido derrotado militarmente y expulsado de Indochina.
Tampoco su diáspora estaba presionada y amenazada por un ICE mercenario y criminal, ni estuvo politizada en el sentido de la cubana, que fue primero exilio político por la huida de los funcionarios y militares de la dictadura de Fulgencio Batista, y se convirtió muchos años después en migración económica, aun cuando en Miami se insiste en lo ideológico, aunque es una rémora de aquellos lejanos tiempos de terrorismo de Estado contra la isla.
A esos dos países asiáticos se les señala que han abandonado los principios del socialismo por el libre mercado, pero no es así.
Ambos han aplicado la teoría marxista según la cual los regímenes no se distinguen por lo que producen, sino por cómo lo producen, para llegar a la conclusión de que el modo de producción y sus relaciones sociales los determina la respuesta a la pregunta: ¿en manos de quién están los medios fundamentales de producción?
Y la respuesta es la misma tanto para China como para Vietnam: en las del Estado. Eso explica por qué ambos se declaran socialistas y no capitalistas, e incluso sus adversarios ideológicos estadounidenses y europeos así lo aceptan y los siguen denominando comunistas.
Esa esencia conceptual define también el caso Cuba y las diferencias no son tanto de principio como de capacidad de desarrollo. Por tanto, aunque se desee, la velocidad del cambio en Cuba no se debe comparar con los tiempos de China y de Vietnam, y tampoco sus características; sería ilusorio. En la isla caribeña es mucho más complejo.
No es un descubrimiento plantear, como indican algunos expertos, que, si Cuba desea obtener rápidamente una inversión extranjera directa significativa, necesita crear un marco jurídico regulatorio para que los inversionistas extranjeros, incluyendo a los cubanoamericanos, puedan utilizarlo para estructurar sus inversiones.
Esto implica adoptar leyes corporativas y comerciales modernas, así como establecer tribunales independientes donde tanto extranjeros como cubanoamericanos puedan resolver sus disputas.
Quienes lo recomiendan se expresan como perogrullo porque todo eso está implícito en las 176 medidas y los 23 ejes que les sirven de guía. Tampoco parece ser una necesidad absoluta la idea planteada por algunos de que Cuba debería adoptar leyes similares a las de Estados Unidos en las inversiones para facilitar la rápida circulación de capitales de la mayor diáspora cubana.
Es que eso no depende de Cuba, sino de los empresarios cubanoamericanos. La Habana simplemente oferta, presenta y amplía las oportunidades de inversión y abre canales para la negociación y el diálogo, pero quienes deben adecuarse a sus realidades y a las nuestras son los interesados, y dentro del marco de restricciones y trabas que seguramente impondrá Washington para obstaculizar la realización de acuerdos que no les convenga,
De tal manera podría ser así, que las 176 medidas se proyectan como una especie de parteaguas en el sentido de que habrá necesariamente una dualidad en su operatividad y objetivos.
En otras palabras, que la estrategia diseñada, interpretando lo publicado por el gobierno, es muy incluyente y abre las puertas tanto a proyectos de inversión a gran escala de empresas, corporaciones y gobiernos en los sectores básicos fuera del sistema de seguridad nacional, incluida la minería, que requieren de gran capital, como a empresas individuales grandes, medianas y pequeñas, todo en el ámbito de una pluralización y mixturización pragmáticas. (Continuará).
Fuente: almaplus.tv
