El Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada número 5 ha acordado el sobreseimiento de la causa abierta por la supuesta tenencia de armas prohibidas durante los incidentes registrados el pasado 16 de abril en Granada, coincidiendo con un mitin de Vox. La decisión afecta a la investigación sobre varias personas que, según denunció la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), formarían parte del dispositivo de seguridad del partido de extrema derecha.
Los hechos tuvieron lugar durante una movilización antifascista convocada en protesta por el acto de Vox. En el transcurso de los incidentes, varias personas vinculadas al entorno del mitin fueron captadas en imágenes portando presuntamente defensas extensibles, instrumentos cuya tenencia está prohibida en España en determinadas circunstancias.
La APDHA presentó una denuncia el 21 de abril y solicitó que se identificara a las personas que aparecían en el material audiovisual portando estos objetos, así como que se investigara su posible utilización durante los altercados. La organización ha anunciado que recurrirá ahora el sobreseimiento ante la Audiencia Provincial de Granada.
La denuncia se produjo después de una jornada marcada por la tensión entre los asistentes al mitin y la movilización antifascista. Durante el acto, el presidente de Vox, Santiago Abascal, llamó a sus seguidores a avanzar por la calle donde se encontraba la protesta, afirmando: «Vamos a avanzar por esa calle, yo el primero».
Para APDHA, el archivo de la causa plantea dudas sobre el diferente nivel de escrutinio aplicado a quienes participaron en los incidentes. «Lo que reclamamos es que se investiguen todas las conductas potencialmente delictivas con el mismo rigor», sostiene la organización. Si bien corresponde a los tribunales determinar las responsabilidades individuales, la asociación considera necesario esclarecer quiénes aparecen en las imágenes, qué portaban y en qué circunstancias fueron utilizados esos instrumentos.
La decisión contrasta además con la situación de cinco activistas antifascistas, a quienes se atribuyen delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad por los hechos ocurridos aquella misma jornada. La diferencia entre ambas actuaciones judiciales vuelve a poner sobre la mesa una cuestión recurrente en torno a la respuesta institucional ante las movilizaciones políticas: la percepción de que las protestas vinculadas a la izquierda y al antifascismo reciben, en ocasiones, un tratamiento policial y judicial más severo que aquellas protagonizadas por sectores de la extrema derecha.
La causa sobre las supuestas armas, en cualquier caso, no queda definitivamente cerrada mientras esté pendiente el recurso anunciado por la APDHA ante la Audiencia Provincial.
