Berlín vuelve a votar sobre su vivienda. El próximo 20 de septiembre, las elecciones al Parlamento regional llegan con una cuestión que lleva cinco años sin resolverse: qué hacer con las grandes empresas inmobiliarias que concentran cientos de miles de viviendas en una ciudad marcada por el encarecimiento de los alquileres.
La propuesta de socializar parte de esos grandes patrimonios, respaldada por una mayoría de los berlineses en un referéndum celebrado en 2021, regresa ahora al centro del debate político.
El asunto ha sido recuperado como una de las principales banderas electorales de Die Linke, que plantea la ejecución del referéndum como una prioridad. Las últimas encuestas apuntan además a un escenario especialmente favorable para la izquierda: Die Linke aparece ligeramente por delante de la CDU, con un 23% frente al 21% en el sondeo de Forschungsgruppe Wahlen para ZDF, mientras que Infratest dimap sitúa a ambas formaciones en el 21% y el 20%, respectivamente. La AfD se mueve entre el 17% y el 18%, los Verdes en el 16% y el SPD entre el 10% y el 12%.
Un referéndum que sigue pendiente
El origen del proceso se encuentra en la campaña Deutsche Wohnen & Co. enteignen, que consiguió llevar a las urnas en septiembre de 2021 una propuesta para socializar los grandes patrimonios inmobiliarios. El 57,6% de los votantes respaldó entonces la iniciativa, que establecía como referencia un límite de 3.000 viviendas para las empresas privadas con ánimo de lucro. Las viviendas que superasen ese umbral podrían quedar sometidas al proceso de socialización; según las estimaciones recogidas por Die Zeit, más de 200.000 viviendas podrían verse afectadas.
El resultado abrió un largo y complejo recorrido jurídico y político. La medida no consiste técnicamente en una expropiación convencional, sino en una Vergesellschaftung, una socialización contemplada en el artículo 15 de la Constitución alemana. En 2023, una comisión de expertos creada por el Gobierno berlinés concluyó que una ley de este tipo podía ser constitucionalmente posible bajo determinadas condiciones y mediante una compensación a los propietarios.
Pero el resultado de las urnas no se tradujo en la aprobación de una ley. La posterior coalición entre CDU y SPD frenó el proceso y la ejecución del referéndum quedó pendiente.
La plataforma promotora sostiene que precisamente ahí se encuentra el problema: a su juicio, el primer referéndum constituyó un mandato para que el Senado elaborase una ley y las instituciones han demorado deliberadamente su cumplimiento.
Del referéndum a un segundo intento
La iniciativa ciudadana decidió entonces no limitarse a reclamar al Gobierno que actuase. En 2023 comenzó a trabajar en su propio Vergesellschaftungsgesetz, un proyecto de ley de socialización elaborado con especialistas en Derecho constitucional.
La estrategia es ahora diferente. La plataforma quiere promover un referéndum legislativo: que sean los propios ciudadanos quienes voten directamente una ley concreta. Si esa segunda consulta obtiene el respaldo necesario, el objetivo es que el texto entre directamente en vigor.
La plataforma resume su estrategia en cuatro ideas: tiene la competencia para impulsar el proceso, cuenta con la experiencia jurídica necesaria, dispone del precedente del informe de la comisión de expertos y ha elaborado un modelo para administrar las viviendas socializadas mediante una entidad de Derecho público, la AöR, con una gestión democrática y orientada al interés general.
Su argumento político parte de una denuncia muy directa: mientras las instituciones aplazan la ejecución del resultado de 2021, los alquileres siguen aumentando y los grandes grupos inmobiliarios mantienen una posición dominante en el mercado. La plataforma sostiene que Berlín corre el riesgo de convertirse en una ciudad cada vez más inaccesible para quienes viven y trabajan en ella.
En septiembre, además, la organización ha intensificado su intervención en la campaña electoral. Ha puesto en marcha un sistema para comprobar la posición de los candidatos de los principales partidos respecto a la socialización y ha señalado especialmente a Die Linke como la formación más claramente comprometida con la ejecución del referéndum.
Die Linke, entre las urnas y la vivienda
La posición de Die Linke es especialmente relevante porque ha convertido la ejecución del referéndum en una prioridad política y defiende explícitamente la socialización de las grandes empresas inmobiliarias.
La plataforma promotora considera que las elecciones constituyen, por tanto, una nueva oportunidad para desbloquear el proceso. Su planteamiento es que una mayoría política favorable a la socialización permitiría impulsar desde las instituciones el proyecto de ley que el movimiento ciudadano ya ha desarrollado.
Los Verdes también respaldan la ejecución del referéndum, mientras que la CDU se opone frontalmente. La posición del SPD es más ambigua: aunque anteriormente había apoyado la elaboración de una ley de socialización, su actual candidato principal, Steffen Krach, se ha mostrado contrario a la medida.
Una batalla que va más allá de Berlín
El conflicto tampoco se limita ya al ámbito regional. El Gobierno federal pretende impedir mediante legislación estatal que los Länder puedan aprobar por su cuenta determinadas normas de socialización. Esto añade una nueva dificultad al proyecto berlinés y abre un conflicto sobre las competencias entre el Estado federal y los gobiernos regionales.
Por eso, incluso una victoria electoral de Die Linke no supondría automáticamente que las viviendas de las grandes inmobiliarias pasasen a manos públicas o colectivas. Quedarían por resolver cuestiones jurídicas, económicas y administrativas, incluida la compensación a las empresas afectadas y el modelo de gestión de las viviendas.
Pero sí podría producir un cambio decisivo: el Gobierno de Berlín pasaría a estar dirigido por una fuerza que ha situado la ejecución del referéndum en el centro de su programa.
Cinco años después de aquella votación, la cuestión vuelve así al lugar donde comenzó: las urnas. Solo que esta vez no se trata únicamente de decidir qué partido gobernará Berlín. También está en juego si aquel mandato ciudadano de 2021 seguirá siendo una promesa incumplida o si puede convertirse, finalmente, en una ley que transforme la propiedad de una parte sustancial del parque inmobiliario de la capital alemana.
