Colombia abandona la coalición internacional por los derechos LGTBI en el giro conservador de De la Espriella

El Gobierno colombiano rompe la copresidencia que compartía con España y se distancia de una política impulsada durante el mandato de Gustavo Petro
Abelardo de la Espriella como candidato a la presencia de Colombia. Fuente: Gabinete de Abelardo de la Espriella (CC)

El Gobierno de Colombia ha decidido retirar al país de la Coalición por la Igualdad de Derechos (ERC), la alianza internacional que reúne a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil para promover y proteger los derechos de las personas LGTBI. La salida, comunicada este jueves por la Cancillería, tiene efecto inmediato y pone fin antes de lo previsto a la copresidencia que Colombia ejercía junto a España.

La decisión supone uno de los primeros movimientos del Gobierno de Abelardo de la Espriella que marcan una ruptura con algunas de las políticas de derechos e igualdad desarrolladas durante el mandato de Gustavo Petro. La coalición, integrada por más de 40 Estados y organizaciones, trabaja en ámbitos como la diplomacia, la legislación, las políticas públicas, la cooperación internacional y la protección de personas LGTBI en situaciones de vulnerabilidad.

Colombia había asumido junto a España la copresidencia para el periodo 2025-2027 y estaba previsto que permaneciera en ella hasta febrero de 2027. La retirada anticipada ha sido criticada por organizaciones de derechos LGTBI como Caribe Afirmativo, que reclamó al Gobierno explicaciones públicas sobre los motivos de la decisión.

De la agenda de Petro al giro conservador

La salida de la ERC se produce en un contexto de cambios más amplios en la orientación política del nuevo Ejecutivo. De la Espriella llegó a la Presidencia con un discurso conservador en cuestiones sociales y durante la campaña expresó su oposición a la adopción por parte de parejas del mismo sexo.

En una entrevista durante la campaña, el actual presidente afirmó que, si dependiera de él, no habría aprobado la adopción homoparental, aunque aseguró que respetaría la decisión de la Corte Constitucional de 2015 que reconoció ese derecho. También defendió una concepción de la familia basada en la existencia de un padre y una madre.

El nuevo Gobierno ha incorporado además propuestas de signo conservador a su programa. Una presentación difundida en el marco del Departamento Nacional de Planeación incluía entre sus planteamientos la recuperación de la prohibición de la adopción por parejas del mismo sexo y una posición “provida”. El Ejecutivo matizó que el documento no constituía por sí mismo una decisión oficial.

Las organizaciones LGTBI colombianas ya habían advertido durante la transición presidencial de posibles cambios en las políticas públicas relacionadas con diversidad sexual, educación y derechos reproductivos. La salida de la ERC añade ahora una decisión concreta en el ámbito de la política exterior.

“Conmigo tienen todas las garantías”

De la Espriella ha rechazado las acusaciones de homofobia y ha defendido que su Gobierno garantizará los derechos de las personas LGTBI. Durante la campaña aseguró que “conmigo tienen todas las garantías” y sostuvo que cualquier persona, independientemente de su orientación sexual, tendría la protección del Estado siempre que cumpliera las leyes.

“En la era del tigre, no importa si eres homosexual, si eres blanco o negro, indio, amarillo, rosado, si eres de izquierda o de derecha”, afirmó entonces el candidato. Su posición, sin embargo, incluye la oposición a la adopción por parejas del mismo sexo y la defensa de un modelo de familia tradicional.

La diferencia entre ambas cuestiones es relevante: la retirada de la ERC no elimina por sí misma los derechos reconocidos por la legislación colombiana. La adopción por parejas del mismo sexo, por ejemplo, está amparada desde 2015 por una sentencia de la Corte Constitucional, mientras que el matrimonio igualitario fue reconocido al año siguiente.

La decisión sí supone un cambio en la posición internacional de Colombia. El país deja una plataforma que precisamente busca coordinar a gobiernos y organizaciones para impulsar la igualdad y la protección de las personas LGTBI.

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