El próximo 16 de noviembre, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) elegirá a quien dirigirá la institución durante el periodo 2027-2032. La elección se produce en un momento en el que el mundo del trabajo afronta una transformación acelerada por la automatización, la inteligencia artificial y los cambios en las formas de organización de la producción.
Entre las tres candidaturas está la de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo y Economía Social. Frente a ella concurren el actual director general, Gilbert F. Houngbo, de Togo, y el peruano Javier González-Olaechea Franco, excanciller de su país. Los tres participarán este miércoles 23 de septiembre en un acto público en Ginebra para presentar sus propuestas, antes de las audiencias privadas de noviembre y de la votación secreta del día 16.
La OIT es una institución particularmente singular porque reúne en su estructura a gobiernos, organizaciones empresariales y organizaciones sindicales. La persona que salga elegida tendrá que moverse, por tanto, dentro de ese equilibrio tripartito, pero también afrontar un escenario laboral que está cambiando a una velocidad que plantea preguntas nuevas sobre el empleo, los salarios y los derechos.
Tres candidaturas y distintas formas de entender el futuro del trabajo
Houngbo representa, en primer lugar, una opción de continuidad. El político togolés ocupa la dirección general desde 2022 y busca renovar su mandato al frente de la organización. Su candidatura parte, por tanto, de la experiencia acumulada durante los últimos años y de la continuidad de las líneas de trabajo de la OIT.
Díaz concurre desde un perfil diferente. Su trayectoria reciente está vinculada directamente a la política laboral y a la negociación con sindicatos y organizaciones empresariales. Su candidatura pone un énfasis especial en la protección de los trabajadores ante las transformaciones económicas, la negociación colectiva, la formación y la ampliación de los derechos laborales.
La tercera opción es González-Olaechea, excanciller peruano y diplomático de larga trayectoria. Su propuesta se presenta bajo el lema «Una vida digna en la era disruptiva» y plantea también la adaptación de la OIT a las transformaciones tecnológicas y económicas.
El perfil peruano introduce, además, una trayectoria profesional distinta de la de Díaz: frente a una candidatura procedente directamente de la política laboral, González-Olaechea llega desde la diplomacia, la política exterior y una experiencia profesional que también incluye actividad empresarial. Su propuesta insiste en la capacidad de negociación y en el diálogo entre gobiernos, trabajadores y empleadores como herramientas para afrontar los cambios.
Las diferencias entre los tres candidatos no implican, sin embargo, programas completamente enfrentados. La protección social, el trabajo decente, la adaptación tecnológica y el diálogo tripartito aparecen en las distintas propuestas. El debate se sitúa más bien en qué profundidad debe tener esa transformación y qué herramientas debe utilizar la organización para acompañarla.
La IA como nuevo gran desafío laboral
Yolanda Díaz admite que la inteligencia artificial puede provocar la desaparición de millones, incluso cientos de millones de puestos de trabajo. Pero plantea que el proceso también generará nuevos empleos y que el reto consiste en conseguir que los trabajadores puedan acceder a ellos mediante la adaptación de sus competencias y el aprendizaje permanente.
«De lo que se trata es de adaptar las competencias y el aprendizaje permanente», sostiene, situando la formación continua como una de las herramientas fundamentales para evitar que la transformación tecnológica se traduzca en exclusión laboral.
El candidato peruano también ha colocado la inteligencia artificial entre los grandes desafíos de su programa. González-Olaechea sostiene que la OIT debe prepararse para los cambios que introduce la denominada «era disruptiva» y ha situado la tecnología entre las cuestiones que marcarán el futuro del empleo.
La cuestión, sin embargo, no consiste únicamente en cuántos puestos de trabajo desaparecerán y cuántos nuevos empleos surgirán. También está en juego quién controla las tecnologías que permiten aumentar la productividad y cómo se reparte la riqueza generada por ellas.
Derechos laborales sin cuestionar el reparto de la riqueza
La OIT nació en un contexto en el que muchas de las condiciones que hoy se consideran básicas todavía no existían. La jornada laboral, las vacaciones pagadas, la libertad sindical o los sistemas de protección social son resultado de décadas de conflicto, negociación y reconocimiento internacional de derechos.
Hoy buena parte del debate se desplaza hacia cómo conservar esos derechos en un mercado laboral transformado por la tecnología. Es una cuestión fundamental, especialmente cuando la automatización puede aumentar la productividad al mismo tiempo que modifica las necesidades de mano de obra.
Pero existe otra dimensión menos presente en el debate: qué ocurre con la riqueza producida y quién tiene capacidad para apropiarse de ella.
La transformación tecnológica no elimina problemas laborales mucho más antiguos. La agricultura, la minería, los cuidados, la construcción o determinadas cadenas industriales continúan concentrando en distintos lugares del mundo salarios bajos, largas jornadas, inseguridad y condiciones de explotación. La introducción de inteligencia artificial no resuelve esas desigualdades ni cuestiona por sí misma las relaciones económicas que las producen.
Ahí se encuentra uno de los límites del debate actual sobre el futuro del trabajo. Adaptar las competencias de los trabajadores, garantizar derechos y extender la protección social puede amortiguar los efectos de las transformaciones productivas. Pero queda abierta una discusión más profunda sobre la distribución de la productividad y de los beneficios empresariales, la propiedad de las nuevas tecnologías y las enormes diferencias existentes entre quienes controlan el capital y quienes dependen de vender su fuerza de trabajo.
La elección de noviembre pondrá esas cuestiones sobre la mesa dentro de una organización cuyo principal instrumento sigue siendo el establecimiento de estándares laborales internacionales y el diálogo entre gobiernos, empleadores y trabajadores. La candidatura de Díaz parte de una trayectoria especialmente vinculada a la ampliación de derechos laborales y a la negociación colectiva. Frente a ella, Houngbo ofrece continuidad y González-Olaechea una candidatura marcada por la diplomacia y una concepción más amplia de la gestión internacional. Los tres tendrán que responder, en cualquier caso, a una misma transformación: cómo hacer que los trabajadores no paguen el coste de una transformación tecnológica cuyos beneficios económicos pueden ser enormes.
