Brasil volverá a las urnas el próximo 4 de octubre para elegir a la persona que ocupará la Presidencia de la República durante los próximos cuatro años. Luiz Inácio Lula da Silva se presenta a la reelección junto a Geraldo Alckmin en unas elecciones abiertas y disputadas. Las encuestas publicadas durante septiembre muestran una competición estrecha con Flávio Bolsonaro, principal candidato de la derecha, hasta el punto de situar una eventual segunda vuelta dentro de los márgenes de error de algunos sondeos.
Pero reducir lo que ocurre en Brasil a una alternancia electoral sería quedarse en la superficie. En uno de los mayores países del mundo, la discusión vuelve a girar alrededor de cuestiones mucho más profundas: quién se beneficia del desarrollo económico, qué papel debe desempeñar el Estado, qué lugar corresponde al trabajo frente al capital, hasta dónde llega la soberanía nacional y qué posición debe ocupar Brasil en un sistema internacional cada vez más conflictivo.
Con Lula el desempleo cayó al 5,6%, subió el salario mínimo y Brasil volvió a salir del Mapa del Hambre de la ONU. En su programa está la reducción de la jornada laboral
Lula llega a estas elecciones con algo que no tenía cuando regresó al Palacio del Planalto en enero de 2023: un nuevo balance de gobierno que puede ser medido. El desempleo anual cayó en 2025 al 5,6%, el nivel más bajo de la serie estadística iniciada en 2012, mientras que en el segundo trimestre de 2026 se situó en el 5,4%. Brasil volvió además a salir del Mapa del Hambre de Naciones Unidas: la FAO registra al país por debajo del umbral del 2,5% de prevalencia de subalimentación en el trienio 2022-2024.
Son datos importantes porque permiten discutir sobre hechos y no solamente sobre discursos. Durante este mandato se recuperó la política de valorización del salario mínimo, vinculando su actualización a la inflación y al crecimiento económico, y en 2026 el salario mínimo alcanzó los 1.621 reales. El programa Lula-Alckmin para el siguiente mandato incorpora además cuestiones directamente vinculadas al mundo del trabajo, entre ellas la propuesta de terminar con la escala laboral 6×1 (trabajar 6 días y librar 1) y reducir la jornada semanal de 44 a 40 horas sin reducción salarial.
No significa que las contradicciones sociales de Brasil hayan desaparecido. La informalidad sigue siendo elevada, la desigualdad continúa siendo estructural y la economía brasileña mantiene fuertes dependencias financieras y productivas. El propio crecimiento se ha ralentizado en 2026. El debate, por tanto, no debería construirse alrededor de una imagen idealizada de la experiencia brasileña, sino alrededor de la dirección en la que se pretende resolver esas contradicciones.
La soberanía
El programa registrado por Lula y Alckmin sitúa precisamente soberanía, democracia, desarrollo, reducción de las desigualdades y modernización del Estado entre sus ejes centrales. Su planteamiento relaciona además la soberanía con cuestiones materiales: capacidad industrial, ciencia y tecnología, recursos naturales, soberanía digital y alimentaria y generación de empleo cualificado.
Esta concepción tiene una traducción internacional. Brasil ha recuperado durante los últimos años una política exterior que pretende mantener autonomía respecto de los grandes bloques, fortalecer la integración latinoamericana, ampliar la cooperación Sur-Sur y defender una reforma del sistema multilateral. Lula ha insistido en que la diplomacia debe prevalecer sobre la fuerza y en la necesidad de reformar unas instituciones internacionales incapaces de responder adecuadamente al desplazamiento del peso económico y político hacia el Sur Global.
Precisamente este 22 de septiembre, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Lula volvió a defender el multilateralismo, rechazó las injerencias exteriores en América Latina, reclamó respeto a la soberanía brasileña, criticó la parálisis del Consejo de Seguridad, volvió a denunciar el bloqueo contra Cuba y defendió soluciones diplomáticas para los conflictos internacionales. También denunció el genocidio que perpetra el régimen israelí en Gaza y defendió los derechos del pueblo palestino.
Es aquí donde las elecciones brasileñas adquieren una dimensión que interesa especialmente a Europa y a América Latina. Brasil no es solamente otra pieza del mapa regional. Es la mayor economía latinoamericana, miembro fundador de los BRICS, una potencia agrícola, energética y ambiental y uno de los pocos Estados del Sur Global con capacidad suficiente para intervenir en la reorganización del sistema internacional.
Por eso, detrás de los nombres de los candidatos aparecen dos discusiones que recorren hoy buena parte del mundo: si la salida a la crisis internacional pasa por reforzar las relaciones de fuerza, los alineamientos automáticos y la subordinación de los países periféricos, o por construir mayores espacios de soberanía, cooperación y negociación multilateral; y si el crecimiento económico debe medirse únicamente por las grandes cifras macroeconómicas o también por su capacidad para transformar las condiciones materiales de vida de las mayorías.
Brasil decidirá en las urnas su respuesta. Y lo hará en un momento en que América Latina vuelve a encontrarse sometida a fuertes presiones externas y a una ofensiva política de las derechas. Por eso lo que suceda el 4 de octubre no terminará en las fronteras brasileñas. Tendrá consecuencias sobre la correlación de fuerzas regional, sobre los procesos de integración latinoamericana y sobre la posibilidad de que el Sur Global siga construyendo espacios propios de decisión en un mundo cada vez más disputado.
En Brasil se elige presidente. Pero también se vuelve a discutir algo que nos concierne mucho más allá de Brasil: qué margen tendrán nuestros pueblos para decidir su propio futuro.
