La portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, ha dimitido de sus responsabilidades en el partido y ha renunciado a encabezar la candidatura al Congreso por Lleida en las elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión llega después de varios días de polémica por la actividad inmobiliaria de su pareja, Sergi Vélez, vinculado a un entramado empresarial que cuenta con una treintena de viviendas destinadas al alquiler y que, según informaciones publicadas, ha llevado a cabo desahucios de inquilinos.
El caso ha situado al PSOE ante una contradicción política difícil de esquivar. El partido ha hecho de la defensa del derecho a la vivienda una de sus principales banderas, mientras que los negocios de una persona del entorno de su portavoz se encuentran vinculados a la explotación de inmuebles en alquiler.
Mínguez comunicó su decisión el viernes mediante un mensaje en redes sociales, en el que aseguró que daba un paso atrás por considerar que era lo mejor para el proyecto colectivo al que había dedicado su trabajo. También defendió que se marcha con la conciencia tranquila y fiel a sus principios. La dirigente había asumido la portavocía federal en julio de 2025 y estaba llamada a encabezar la lista socialista por Lleida.
El PSOE defiende la legalidad de los negocios
La controversia había llevado a varios dirigentes socialistas a salir públicamente en defensa de Mínguez. El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, sostuvo que la actividad empresarial de la pareja de la portavoz era lícita y defendió que el debate sobre la vivienda debía centrarse en las políticas de los partidos, en lugar de señalar a quienes desarrollan una actividad privada legal.
La propia Mínguez también había asegurado que los negocios de su pareja cumplían la legislación vigente, incluida la normativa de vivienda aplicable en Cataluña. Sin embargo, la cuestión política va más allá de determinar si una actividad empresarial se ajusta formalmente a la ley: también afecta a la distancia entre el discurso público de una organización y los intereses económicos que se mueven en su entorno.
La gestión de viviendas en alquiler no implica por sí misma una ilegalidad, y la información conocida no demuestra que Mínguez participe directamente en esos negocios. Pero las informaciones sobre el volumen de inmuebles y los desahucios asociados a esa actividad han alimentado las críticas, especialmente por la posición que la portavoz ha mantenido en el debate público sobre la vivienda y los grandes propietarios.
La oposición ha aprovechado el caso para atacar al PSOE, aunque la controversia también interpela al propio partido sobre el alcance de sus compromisos frente a la especulación. En un país donde el precio del alquiler expulsa a numerosas familias de sus barrios y donde los desahucios siguen siendo una amenaza para miles de hogares, la defensa de la vivienda como derecho exige algo más que declaraciones contra los fondos de inversión.
Sánchez lamenta su salida y denuncia el clima político
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lamentó la renuncia y aseguró que había intentado convencer a Mínguez para que continuara. La describió como una buena política y una portavoz destacada, y atribuyó su decisión al sufrimiento personal provocado por el clima de dureza y hostilidad que, a su juicio, afecta tanto a los cargos públicos como a sus familiares.
Sánchez sostuvo que la política española ha cruzado líneas que no deberían haberse traspasado y expresó su pesar por la salida de una dirigente a la que considera un activo para el partido. El PSOE, por su parte, agradeció su dedicación y respetó públicamente su decisión.
La dimisión cierra, al menos por ahora, la crisis interna que amenazaba con prolongarse durante la precampaña electoral. Pero no resuelve la cuestión de fondo: qué medidas está dispuesto a adoptar el PSOE para limitar el negocio especulativo de la vivienda y garantizar que el acceso a un hogar no dependa de la rentabilidad que puedan extraer los propietarios. La contradicción resulta especialmente visible en un momento en que la emergencia habitacional se ha convertido en uno de los principales conflictos sociales del país. Mientras miles de inquilinos reclaman controles efectivos sobre los alquileres y protección frente a los desahucios, el Gobierno tiene pendiente demostrar que su compromiso con el derecho a la vivienda puede traducirse en cambios estructurales y no quedarse en una disputa retórica con la oposición.
