Se habla de África en guerra como de una tormenta: un fenómeno natural, sin autor ni motivo. Es una mentira cómoda. En Sudán, en el Sahel y en el este de la República Democrática del Congo, las armas hablan, pero la economía, la política y la historia social les han dictado el guion. Comprender estas guerras significa rechazar el fatalismo. Analicémoslas en tres etapas: de Jartum a Bamako, pasando por hasta Bukavu.
Todo comienza con un reparto. En Berlín, entre 1884 y 1885, las potencias europeas parcelan el continente con regla y cartabón, sin consultar a los africanos, y organizan la extracción: el caucho, en el Congo de Leopoldo II. En la década de 1960, los nuevos Estados independientes heredan fronteras y economías orientadas a la exportación de materias primas. Cuando Patrice Lumumba pretende que el Congo tome el control de sus riquezas, es destituido, entregado a los secesionistas de Katanga y ejecutado en enero de 1961 en presencia de oficiales belgas; Bruselas reconoció en 2001 su «responsabilidad moral» y la CIA, según el Comité Church, había preparado su envenenamiento. El mensaje es claro: la soberanía termina donde empieza la caja fuerte. Las guerras actuales son herederas de este mecanismo, no sus excepciones.
En la década de 1960, los nuevos Estados independientes heredan fronteras y economías orientadas a la exportación de materias primas
Sudán ofrece el ejemplo más trágico de esta situación. La guerra iniciada el 15 de abril de 2023 entre el ejército del general Abdel Fattah al-Burhan y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) de Mohamed Hamdan Dogolo, alias «Hemedti», no es un simple duelo entre generales. Surge del fracaso de la transición derivada de la revolución de 2019, cuando sindicatos, comités de resistencia y organizaciones de mujeres lograron derrocar al general Omar al-Bashir, quien gobernaba el país desde 1989. Los aparatos armados se apropiaron de esa esperanza antes de volver sus armas los unos contra los otros. Las RSF son herederas de las milicias yanyauid desplegadas en Darfur a partir de 2003; allí, la guerra ya se había convertido en un oficio. Ahora, la agricultura, el mar Rojo y las armas extranjeras prolongan el conflicto. Según el Programa Mundial de Alimentos, 20 millones de personas padecen hambre y 14 millones están desplazadas. Sin ir más lejos, el 5 de octubre, el PMA condenó el ataque contra dos camiones de ayuda humanitaria claramente identificados en Kordofán del Sur. No obstante, la Unión Africana exige el cese de los apoyos externos, una tregua humanitaria y un proceso inclusivo liderado por los propios sudaneses.
En el Sahel, la cronología es una lección. En 2011, la intervención de la OTAN en Libia —impulsada por el presidente francés Nicolas Sarkozy y el primer ministro británico David Cameron— dispersó armas y combatientes por la región; en 2012, el norte de Malí cayó en el caos. Posteriormente, las operaciones Barkhane y G5 Sahel fracasaron. Malí, Burkina Faso y Níger, agrupados en la Alianza de Estados del Sahel (AES), rompieron con París y la CEDEAO y se acercaron a Moscú. La aspiración a la soberanía que defienden los Estados de la AES responde a una demanda real, pero el desafío en materia de seguridad sigue siendo enorme. En 2026, los grupos armados continúan golpeando duramente al Sahel, mientras millones de personas necesitan ayuda humanitaria. Por tanto, la respuesta no puede ser únicamente militar: reconquistar los territorios de forma duradera implica también restablecer en ellos la educación, la sanidad, la justicia y los servicios públicos. Porque la guerra se gana sobre el terreno, pero la paz se construye con la población.
Para la izquierda europea, la solidaridad comienza por la coherencia: exigir transparencia en las cadenas de suministro que abastecen a nuestras industrias
Queda el Congo. En el este, la guerra dura ya treinta años, desde que las réplicas del genocidio ruandés de 1994 cruzaron la frontera. Previamente, treinta y dos años de «mobutismo» —respaldados por los padrinos de la Guerra Fría, especialmente Estados Unidos— habían vaciado el Estado para expoliarlo mejor. Hoy, la AFC/M23 controla partes de Kivu del Norte y del Sur a pesar de los procesos de Washington y Doha y de la mediación africana; el Consejo de Seguridad exige su retirada y la de las fuerzas ruandesas, pero en vano. Sin embargo, la clave está en nuestros bolsillos: el coltán, el estaño, el tungsteno, el oro y el cobalto alimentan nuestros teléfonos y baterías; el precio de nuestras pantallas se paga, muy lejos de nosotros, en las galerías de Kivu. ¿Quién controla estas riquezas, quién las transforma, quién se beneficia de ellas? Mientras el Congo exporte la materia prima y otros exporten el valor añadido, la paz seguirá siendo un mero paréntesis. A esto se suma la batalla constitucional: el mandato de Félix Tshisekedi concluye en 2028 y la oposición sospecha que habrá una prórroga.
Ser panafricanista no significa reemplazar una tutela externa por otra; implica pasar de una soberanía proclamada a una soberanía construida, con un ejército capaz de defender el territorio, una escuela que forme, un hospital que cure y un Estado al servicio de su pueblo
Tres hilos conectan estas guerras: riquezas codiciadas, Estados debilitados por la historia y pueblos apartados de la toma de decisiones. De ahí se deriva una postura clara: alto el fuego, corredores humanitarios protegidos, un embargo de armas realmente controlado, sanciones dirigidas contra quienes financian las atrocidades y saquean los recursos, así como trazabilidad y transformación local de los minerales. Sobre todo, África debe retomar la iniciativa diplomática, no para sustituir una tutela por otra, sino para dejar de ser un tablero de juego. Ser panafricanista no significa reemplazar una tutela externa por otra; implica pasar de una soberanía proclamada a una soberanía construida, con un ejército capaz de defender el territorio, una escuela que forme, un hospital que cure y un Estado al servicio de su pueblo. Tres pilares, pues: seguridad, Estado social y democracia. Para la izquierda europea, la solidaridad comienza por la coherencia: exigir transparencia en las cadenas de suministro que abastecen a nuestras industrias. Cabo Verde —un archipiélago sin recursos donde la alternancia política es habitual desde 1991— nos recuerda que las instituciones constituyen también una riqueza nacional: el Banco Mundial constata allí una reducción significativa de la pobreza. África no está condenada a la guerra; solo está condenada a sufrirla mientras se la siga saqueando.
Fuentes: PMA; OCHA; ACLED; Consejo de Seguridad de la ONU; Banco Mundial.
