La actividad de Núcleo Nacional ha quedado suspendida por orden judicial. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón ha decretado el cese total de las actividades de la organización ultraderechista, el cierre de sus sedes y el bloqueo de sus canales de comunicación y financiación. La decisión llega después de una operación policial que se saldó con 14 detenciones y que ha permitido reunir indicios sobre el funcionamiento interno de una organización que, según los investigadores, iba mucho más allá de la propaganda neonazi y la movilización callejera.
La medida tiene carácter cautelar y se adopta en el marco de una investigación por presuntos delitos de asociación ilícita, incitación al odio y tenencia ilícita de armas. No supone todavía la disolución definitiva de Núcleo Nacional ni una condena de sus integrantes, pero impide que la organización continúe desarrollando sus actividades mientras avanza el procedimiento judicial.
La resolución judicial contempla el cierre de sus locales en Madrid, Burgos y Valladolid, así como el bloqueo de sus perfiles y contenidos en redes sociales y de sus cuentas bancarias. También establece medidas cautelares para los diez detenidos que pasaron a disposición judicial, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio nacional y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
Una estructura organizada y jerarquizada
Uno de los elementos centrales de la investigación es la existencia de una estructura interna organizada. Los investigadores sitúan en torno a 60 el número de integrantes de Núcleo Nacional y describen una dirección central de siete personas, conocida internamente como «La Cúpula». La organización habría establecido mecanismos de captación, adoctrinamiento y disciplina interna, con una estrategia de expansión territorial.
Las pesquisas también apuntan a la participación de menores de edad en sus actividades. La investigación sostiene que la organización utilizaba mecanismos de captación dirigidos a jóvenes para incorporarlos a su entorno ideológico y prepararlos para participar en acciones de carácter violento. Este aspecto resulta especialmente relevante para entender la dimensión de las actividades que se atribuyen al grupo.
A ello se suma la información obtenida de las comunicaciones intervenidas por los investigadores. En ellas aparecen referencias a la necesidad de adquirir formación militar y preparar escenarios de enfrentamiento armado. Uno de los mensajes atribuidos a un dirigente de la organización, Iván Rico, afirmaba que «sin formación no va a funcionar ningún alzamiento». Estas conversaciones forman parte de los indicios que se están analizando judicialmente y no equivalen, por sí solas, a la acreditación de un plan delictivo ejecutado.
Armas, munición y entrenamiento paramilitar
Otro de los elementos que ha pesado en la investigación es el material intervenido durante los registros policiales. Los agentes encontraron más de veinte armas de fuego, abundante munición, armas blancas, pistolas táser, defensas extensibles, puños americanos, escudos —uno de ellos táctico— y numerosos objetos contundentes. También se requisó propaganda y simbología supremacista.
La investigación distingue entre las armas de fuego y las armas prohibidas. Según la información trasladada por las autoridades, la imputación por tenencia ilícita de armas no se fundamenta en las armas de fuego intervenidas, puesto que la mayoría de los investigados disponía de licencia y estas contaban con la documentación correspondiente. El delito se atribuye por la posesión de otras armas prohibidas, entre ellas puños americanos y táseres.
A este material se suman las informaciones recogidas en el sumario policial sobre los viajes de integrantes de Núcleo Nacional a Ucrania en agosto de 2026. Según los investigadores, varios miembros recibieron allí adiestramiento paramilitar, realizaron prácticas de tiro con fusiles de asalto y establecieron contactos con organizaciones de extrema derecha. El informe apunta también a contactos con integrantes de la brigada Azov.
La finalidad de ese entrenamiento habría sido trasladar posteriormente los conocimientos adquiridos al resto de la organización. Las comunicaciones intervenidas incluyen referencias explícitas a la preparación de un eventual levantamiento armado en España. Estos indicios forman parte de la investigación sobre la posible dimensión paramilitar del grupo y su disposición a recurrir a la violencia.
Una organización que buscaba extender su influencia
La investigación policial calcula que Núcleo Nacional contaba con alrededor de 60 integrantes repartidos por el territorio estatal, con siete delegaciones consolidadas y otras trece en distintas fases de desarrollo. Su estructura incluía departamentos dedicados a la propaganda y las redes sociales, entre ellos el que contaba con la participación de Isabel Peralta, una de las figuras públicas más conocidas del entorno de la organización.
El grupo había desarrollado una estrategia de expansión basada en la propaganda, la captación de nuevos militantes y la presencia en movilizaciones contra la población migrante. Sus dirigentes presentaban la organización como un movimiento de reconstrucción nacional, pero los investigadores sostienen que su funcionamiento interno incluía mecanismos de disciplina, adoctrinamiento y preparación para acciones violentas.
La dimensión de esta estructura es uno de los aspectos que diferencia la investigación de otros procedimientos contra grupos de extrema derecha. No se trata únicamente de determinar la responsabilidad individual de quienes participaron en determinadas agresiones o difundieron mensajes de odio, sino de esclarecer si existía una organización estable que planificaba, coordinaba y promovía ese tipo de actuaciones.
Suspensión cautelar, no disolución definitiva
La decisión judicial supone un golpe a la capacidad operativa de Núcleo Nacional. La organización no puede mantener abiertas sus sedes, utilizar sus canales digitales ni disponer de sus cuentas bancarias en los términos establecidos por la resolución. Los catorce detenidos durante la operación policial del 6 de noviembre están sujetos a medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer semanalmente ante el juzgado.
No obstante, la suspensión de actividades no equivale todavía a una ilegalización definitiva. La causa continúa en fase de instrucción y las responsabilidades penales tendrán que determinarse judicialmente. La organización también ha denunciado públicamente una supuesta persecución política tras conocerse las medidas.
Lo que está en cuestión es si Núcleo Nacional constituye una asociación ilícita que utiliza su estructura para promover actividades delictivas, algo que deberá acreditarse durante el procedimiento. La suspensión cautelar busca impedir que continúe desarrollando esas actividades mientras se esclarecen los hechos.
