Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, tendrán una nueva audiencia el 17 de diciembre, para evaluar las mociones de la defensa que exigen la desestimación del caso bajo el argumento de que fue ilegal la detención y traslado a Estados Unidos de ambos, tras un bombardeo y desembarco de soldados yanquis en Caracas el 3 de enero, que provocó un centenar de muertos.
La defensa hizo hincapié en que las autoridades secuestradas gozan de inmunidad soberana —Maduro como jefe de Estado en funciones y Flores en su condición de legisladora—, y en esta sesión se espera que la jueza federal del Distrito Sur de Nueva York, Analisa Torres, decida sobre esos argumentos para determinar si el proceso irá irremediablemente a juicio, como espera el presidente Donald Trump, quien, a través del fiscal, ha aumentado los cargos penales.
Sin embargo, a pocos días del secuestro, se dio a conocer la nueva imputación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el presidente venezolano Nicolás Maduro introduce un cambio significativo en la manera de describir sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
El documento elimina la mayoría de las referencias al denominado Cartel de los Soles y deja de identificarlo como el jefe de esa supuesta estructura criminal. En su lugar, define el entramado como un “sistema de clientelismo”, una formulación distinta a la utilizada en la acusación de 2020.
Esta visita tendrá lugar bajo la misma impronta del Congreso mayoritario republicano que se mantendrá hasta el 3 de enero, cuando asuman los nuevos legisladores con mayoría absoluta demócrata. Sin embargo, es bueno aclarar que el congreso no tiene incidencia directa en las decisiones del tribunal.
La jueza Torres, designada para el puesto vitalicio en 2012 por Barack Obama, tiene un excelente reconocimiento por su imparcialidad, es muy recta en cuanto a la separación de poderes y estricta en la interpretación de que el juicio es enteramente jurídico, no político.
Con ello, busca no mezclar el hecho de que se trató de un secuestro, un acto de fuerza ilegal e ilegítimo contra un gobierno soberano, y que el secuestro de un jefe de Estado fue ordenada por el presidente de Estados Unidos, ejecutada por el secretario de Guerra, y no por una instancia judicial ni autorizada por el Congreso.
Técnicamente, su decisión estará estrictamente apegada a la evidencia y contundencia de las pruebas acusatorias, que hasta ahora la fiscalía no ha mostrado, pues se ha basado solamente en los dichos del Ejecutivo.
Aunque es imposible desligar su aspecto político de lo estrictamente procedimental, hay un nexo insoslayable de profunda dimensión geopolítica y de soberanía con lo jurídico, que la fiscalía intenta bloquear a fin de que el tribunal no lo tome en cuenta, invocando para ello la canibalesca doctrina Ker-Frisbie, cuya existencia es única en EE.UU. Legal y moralmente debería ser derogada.
Según esa disposición, activa solo en los juzgados estadounidenses y a cuya sombra actúa Trump impunemente, la forma en que un acusado es capturado y llevado ante un tribunal —sea mediante secuestro, incursión militar en otro país o cualquier otra fuerza bruta— no invalida la jurisdicción del tribunal para enjuiciarlo por delitos federales. Es una arbitrariedad supranacional.
En palabras más claras: es la oficialización de la impunidad presidencial imperialista para acciones criminales fuera de las fronteras de EE.UU., cuya jurisprudencia la ha consolidado la Corte Suprema al tratar el debate de la ilegalidad de la captura en el extranjero y la validez del juicio penal, como asuntos jurídicos separados y sin injerencia del Congreso.
En cualquier lugar del mundo, los tribunales considerarían el secuestro de Maduro como un acto de fuerza unilateral, y cuestionarían la legitimidad de que un juzgado del país agresor procese a un jefe de Estado en ejercicio de una nación soberana.
Es decir, el mundo está aceptando una aberración jurídica que existe solo en EE.UU. y es rechazada, no es reconocida y carece de sustento en el Derecho Internacional.
Con el secuestro de Maduro, Trump violó el Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, el cual prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.
Le concede un poder extraterritorial a un tribunal supremo nacional por encima de cualquier norma global, por el simple expediente de dictaminar en su jurisprudencia interna que la forma «ilegal o mediante el uso de la fuerza» en que un acusado es traído a suelo estadounidense no anula la jurisdicción del tribunal para juzgarlo.
Algo infame, porque revela desconfianza en la justicia del país que debería procesar al presunto culpable, o de aceptar una demanda de extradición si es convencido de tal requerimiento con la presentación de pruebas irrefutables de un delito cometido por el dignatario.
En palabras más entendibles: la justicia de EE.UU. autoriza la invasión militar, el secuestro de jefes de Estado, los asesinatos selectivos de líderes político y religiosos extranjeros y pone precio a la cabeza de cualquiera en el continente que sea, si el presidente lo ordena sin ser autorizado ni demostrar el porqué lo hace.
¿Cuáles son los precedentes “históricos” que le sirven de base? Los mismos creados por ellos: la invasión militar yanqui de Panamá en 1989 para intentar abortar la entrega del canal a los istmeños y cumplir el Tratado Torrijos-Carter, mediante la argucia de capturar a Manuel Antonio Noriega, calificado de dictador y narcotraficante, y “proteger” el canal.
Y el otro es la captura a la fuerza por parte de la DEA en 1990, del médico mexicano Álvarez Machaín en su consultorio de Guadalajara, a quien trasladaron en un avión privado a Texas para juzgarlo por narcotraficante.
Aunque se le aplican a Maduro, ninguno de esos precedentes es compatible por sus orígenes e intenciones con el caso, como insiste el fiscal, y ambos fueron ideados por autoridades estadounidenses y usados para dar jurisprudencia a la impunidad, a las guerras abusivas, a la piratería y corsarismo con fines de apropiación ilícita de recursos naturales.
Eso está claro y lo han aplicado de la forma más inhumana y descarada en Irán con los asesinatos de líderes como el ayatolá Ali Khamenei, en Irak, en Cuba con el bloqueo y atentados criminales, y otros muchísimos lugares con ese fin.
Con Trump se ha incrementado y llegado a su máxima expresión criminal, y seguirán haciéndolo mientras esté allí para enriquecerse, como se podría averiguar investigando simplemente el crecimiento espectacular del patrimonio trumpista desde su primer mandato.
La defensa del médico mexicano solicitó desechar los cargos argumentando que el secuestro violaba flagrantemente el Tratado de Extradición vigente entre México y Estados Unidos, así como la soberanía territorial, y la Corte Suprema tuvo que emitir un fallo dividido e histórico a favor del reo, que fue absuelto.
Sin embargo, creó el precedente para la jurisprudencia estadounidense de validez de hechos de fuerza del que ahora es víctima Maduro. En el caso del venezolano, la debilidad probatoria como argumento político no es tenida en cuenta por la justicia, que se atiene exclusivamente a la naturaleza de la acusación y del acusador.
La defensa y diversos observadores políticos sostienen que los cargos originales de «narcoterrorismo» e imputaciones sobre el inexistente Cártel de los Soles carecen de evidencias materiales contundentes e independientes de testimonios de cooperantes, lo que refuerza la tesis de que el proceso es una herramienta eminentemente política para descabezar un proyecto gubernamental incómodo para Washington.
Al Ejecutivo estadounidense le interesa un comino el asunto político y tampoco le preocupa violar flagrantemente la inmunidad de jurisdicción (ratione personae) que protege universalmente a los jefes de Estado en activo ante tribunales extranjeros, como es el asunto de Maduro.
Increíblemente, es el único caso en el mundo en el que una jurisprudencia delega la facultad de reconocer de manera exclusiva en el Poder Ejecutivo (el Departamento de Estado) quién es un gobernante legítimo, y puede acusar de narcotraficante o de lo que le venga en ganas a cualquier dignatario sin presentar pruebas, y ya es suficiente para ordenar su secuestro o su asesinato. Es la pura realidad.
O sea, que no reconocer a un gobierno (como Trump, que formalmente no reconoce a Maduro como jefe de Estado, aunque mantenga relaciones diplomáticas y comerciales con su gobierno) capacita al Ejecutivo a ordenar su secuestro o su asesinato. Significa, en el tema Maduro, que, al no reconocerlo al momento de la acusación, la fiscalía estadounidense esquiva políticamente el principio de inmunidad soberana que alega la defensa. (Continuará)
Fuente: almaplus.tv







