La Unión Europea está entrando en una nueva etapa en su camino, marcado por un fuerte aumento del gasto militar. Bajo el nombre de ReArm Europe y posteriormente Readiness 2030, la Comisión Europea ha planteado desde 2025 movilizar hasta 800.000 millones de euros para reforzar las capacidades militares de los Estados miembros. El objetivo declarado es aumentar la capacidad de defensa europea, desarrollar la industria militar y reducir determinadas dependencias estratégicas.
Pero existe una cuestión que no puede quedar al margen del debate: ¿qué consecuencias tendrá esta enorme movilización de recursos sobre el Estado del bienestar europeo?
La pregunta no es abstracta. En toda Europa se afronta al mismo tiempo una crisis de vivienda, listas de espera en la sanidad pública, dificultades de acceso a la educación, precariedad laboral, salarios insuficientes, envejecimiento de la población y aumento de las desigualdades. Los recursos públicos son limitados —debido también a la acumulación de beneficios que no son sometidos a impuestos— y las decisiones presupuestarias implican necesariamente prioridades.
En los últimos años, el gasto militar europeo ha aumentado de manera muy significativa. Según los datos del Consejo de la UE, el gasto de defensa de los Estados miembros alcanzó aproximadamente 343.000 millones de euros en 2024 y se estimaba en 381.000 millones en 2025, un 62,8% más que en 2020. La Comisión Europea prevé y pide que la tendencia continúe.
El problema, por tanto, no consiste solamente en cuánto se gasta en defensa, sino en qué modelo de desarrollo económico y social se construye alrededor de ese gasto.
Más dinero para las armas, menos margen para las políticas sociales: esto es la consecuencia del nuevo marco europeo que ha introducido mecanismos específicos para facilitar el aumento del gasto militar. La llamada National Escape Clause permite a los Estados que la activan desviarse temporalmente de determinadas sendas de gasto público, hasta un límite del 1,5% del PIB anual durante el período previsto.
A esto se añade SAFE (Security Action for Europe), un instrumento europeo dotado con hasta 150.000 millones de euros en préstamos destinados a financiar adquisiciones y capacidades de defensa. Supuestamente por razones de “emergencia” que siguen siendo desmentidas por los hechos.
Las instituciones europeas han insistido en la necesidad de controlar el gasto público, sin embargo, ante el aumento de las necesidades militares, se han creado mecanismos específicos para ampliar el margen presupuestario
Existe aquí una paradoja que merece ser discutida democráticamente. Durante años, las instituciones europeas han insistido en la necesidad de controlar el gasto público, reducir los déficits y garantizar la sostenibilidad de la deuda. Sin embargo, ante el aumento de las necesidades militares, se han creado mecanismos específicos para ampliar el margen presupuestario.
La cuestión es entonces: ¿por qué la flexibilidad presupuestaria puede ampliarse para comprar armas, pero no con la misma determinación para financiar hospitales, escuelas, vivienda pública, transición ecológica o servicios sociales?
Frente a la propaganda sobre la existencia de amenazas que se utiliza como justificación de “seguridad” construida con las armas, podemos declarar que una sociedad con hospitales saturados, vivienda inaccesible, salarios que pierden poder adquisitivo y millones de personas en situación de vulnerabilidad también es una sociedad insegura.
Italia ofrece un ejemplo particularmente significativo.
En 2025, el déficit público italiano fue del 3,1% del PIB, 0,1 puntos por encima del valor de referencia europeo del 3%. Para 2026, la Comisión Europea prevé una reducción hasta el 2,9%, mientras que la deuda pública continúa siendo muy elevada y podría alcanzar el 138,5% del PIB.
Italia no solicitó la activación de la cláusula nacional de salvaguardia para el gasto militar y, por tanto, no se encuentra entre los Estados que actualmente disfrutan de esa flexibilidad específica. Al mismo tiempo, el país ha solicitado y obtenido la aprobación de 14.900 millones de euros en préstamos del instrumento SAFE para adquisiciones de defensa.
Esta situación muestra una contradicción importante: el espacio presupuestario italiano continúa siendo estrecho y las reglas fiscales siguen condicionando las políticas públicas, mientras que existen instrumentos europeos específicamente diseñados para facilitar nuevas inversiones militares.
Y el problema del bienestar italiano ya es evidente. Según la Comisión Europea, el gasto sanitario y educativo ha perdido peso dentro del gasto público respecto a 2019. Al mismo tiempo, una parte considerable de los recursos públicos está absorbida por las pensiones y por el servicio de la deuda, reduciendo el margen disponible para otras prioridades.
La frase «el Gobierno recorta el bienestar para financiar las armas» ha generado la respuesta de la marcha del 14 de junio pasado: «Welfare not warfare».
¿Qué alternativas existen?
La contestación al sistema de austeridad impulsado a lo largo de los últimos años, a partir del tratado de Maastricht que nos ha llevado a todas y todos a la situación de crisis y desmantelamiento progresivo del sistema de bienestar social —en algunos países más rápido que en otros, pero la tendencia es la misma— se concretiza hoy frente a la construcción de un sistema que permite evitarlo, si tenemos que comprar armas. Junto al plan Readiness 2030 no podemos olvidar la decisión de la cumbre de la OTAN en que la mayoría de los países europeos ha aceptado el aumento de los gastos de rearme hacia el 5% del PIB.
Construir una idea de seguridad basada no en la capacidad militar, sino en la seguridad social, energética, sanitaria, alimentaria, laboral y ambiental
Frente a esta tendencia, existe la posibilidad de plantear otro modelo de seguridad europea. Existe una alternativa política más amplia: construir una idea de seguridad basada no en la capacidad militar, sino también en la seguridad social, energética, sanitaria, alimentaria, laboral y ambiental. Es lo que ha caracterizado los años sucesivos a la segunda guerra mundial, que el proyecto neoliberalista ha progresivamente intentado destruir.
La cuestión fundamental es, por tanto, qué Europa queremos construir. Una Europa que utiliza su capacidad económica principalmente para aumentar su capacidad militar, o una Europa que utiliza sus recursos para garantizar derechos sociales
La cuestión fundamental es, por tanto, qué Europa queremos construir. Una Europa que utiliza su capacidad económica principalmente para aumentar su capacidad militar, o una Europa que utiliza sus recursos para garantizar derechos sociales, reducir desigualdades y prevenir los conflictos mediante la diplomacia, la cooperación y la seguridad colectiva.
La consigna «Welfare, not warfare» resume precisamente este debate: no se trata de elegir entre seguridad e inseguridad, sino de discutir qué significa realmente estar seguros.
Esta consigna ha sido recogida por un nuevo movimiento europeo, Stop Rearm Europe, que ha tomado las calles en Italia en 2025, el Bruselas en junio del 2026, y que volverá encabezado por los estudiantes el 20 de noviembre próximo contra la posibilidad de ir a combatir guerras bajo el lema: «Take the Streets Before the Tanks Take Them – Toma las calles antes de que los tanques las tomen». Seguirá una convocatoria para los días 21-22 de noviembre para que nos movilicemos en toda Europa: son los días en que el presupuesto europeo para el 2027 llegará al voto en el Parlamento Europeo: ¡que escuchen nuestra voz!








