Un grupo de diputados y diputadas de varias formaciones políticas en el Congreso de los Diputados emitieron el pasado 18 de diciembre una declaración en la que manifiestan su preocupación ante la presencia militar de EE.UU. en el Cáribe y el bloqueo naval, anunciado por Donald Trump, de barcos petroleros que entren y salgan de Venezuela.
Los y las congresistas consideran que la amenazas explícitas del uso de la fuerza con la que la administración norteamericana acompaña el anuncio de sus actuaciones suponen una vulneración de la legalidad internacional. En concreto, el principio de prohibición del uso del uso o la amenaza de la fuerza recogido en el artículo 2.4 de la Carta de Naciones Unidas y también los principios de igualdad soberana de los Estados y la no injerencia en los asuntos internos de otros países.
El bloqueo naval anunciado por Trump supone una violación de la libertad de navegación, un principio esencial del orden marítimo internacional, «cuya restricción —dice la declaración— solo puede justificarse en circunstancias excepcionales, claramente definidas y… únicamente mediante una autorización expresa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas». Ni existe autorización de Naciones Unidas ni los EE.UU. pueden alegar una situación de legítima defensa, por lo que las amenazas estadounidenses se inscriben en la «lógica de la coerción unilateral», dice la declaración, lo que causa un perjuicio al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional.
En la declaración los diputados y diputadas firmantes alertan además del impacto humano de las sanciones y bloqueos económicos, de cómo afectan a la población civil, «limitando el acceso a los bienes esenciales, deteriorando las condiciones de vida y vulnerando derechos humanos básicos», contradiciendo las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
Igualmente destacan que el respeto al derecho internacional, al multilateralismo y a la resolución pacífica de los conflictos no es una opción política, sino una exigencia jurídica y ética que incumbe a todos los Estados y que el mantenimiento de la paz exige diálogo, cooperación y respeto mutuo, no amenazas, bloqueos o demostraciones de fuerza.
Por todo ello los diputados y diputadas firmantes de la declaración instan al cese de la amenaza o al uso de la fuerza que no cuente con la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; exigen el pleno respeto a la soberanía e integridad territorial de todos los Estados; libertad de navegación y comercio internacional lícito, evitando actos de fuerza o intimidación; apuesta por el diálogo político y diplomático, el multilateralismo y la resolución pacífica de controversias; rechazo a las sanciones y medidas coercitivas unilaterales que dañan a la población civil; compromiso activo por la paz y la estabilidad regional en el Caribe; reafirmación en el derecho internacional y los derechos humanos como centro de la acción exterior de los Estados como base para un orden internacional justo y pacífico.
