Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 el Gobierno argentino eliminó 63 234 puestos de trabajo en el sector público, marcando uno de los recortes laborales estatales más profundos de las últimas décadas.
La cifra fue confirmada por el director del organismo, Hernán Letcher, quien afirmó a una agencia internacional que “desde que asumió Milei estamos hablando de más de 60 000 puestos de trabajo del sector público perdidos”. El dato se inscribe en el marco del programa de reducción del gasto impulsado por el presidente Javier Milei, orientado a disminuir la participación del Estado en la economía.
Una fuerte contracción del empleo público
Según el reporte, el empleo público nacional se contrajo un 18,4 % en 24 meses debido a una combinación de despidos masivos, no renovación de contratos y reestructuraciones administrativas.
La disminución no fue homogénea entre los distintos organismos estatales:
- Los organismos descentralizados —entidades con autonomía técnica, administrativa y financiera— concentraron 20 537 despidos, lo que representa una caída del 15 % de su plantilla. Estas instituciones incluyen organismos reguladores, servicios esenciales y áreas vinculadas a políticas sociales.
- En términos relativos, la administración centralizada registró el mayor ajuste: 16 918 trabajadores menos, una reducción equivalente al 30,2 % de su personal.
- Las dependencias del Gobierno central con presencia territorial en todo el país también fueron afectadas, con 3 199 despidos, lo que equivale a una disminución del 12,8 % de su fuerza laboral.
Objetivos oficiales y advertencias de analistas
Las autoridades del Ejecutivo sostienen que los recortes forman parte de una estrategia para reducir el gasto público, achicar el tamaño del Estado y avanzar en la liberalización económica, en línea con compromisos asumidos ante organismos financieros internacionales.
Sin embargo, distintos analistas advierten que la magnitud del ajuste podría deteriorar la capacidad operativa del Estado y afectar la prestación de servicios públicos. También alertan sobre una posible profundización de la precarización laboral, en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo, el aumento del desempleo y el crecimiento de los niveles de pobreza.
Crisis política: renuncias en serie y creciente descontento social
El ajuste no solo impacta en las cifras del empleo público, sino también en la estabilidad interna del Gobierno. Según fuentes gremiales y sectoriales, más de 520 dimisiones se registraron en distintos organismos y cargos públicos en los últimos meses, reflejando una profunda crisis de confianza en las políticas implementadas.
Sectores sindicales y amplios sectores ciudadanos critican las políticas de austeridad por su aplicación sin medidas de contención efectivas, argumentando que han deteriorado los servicios básicos, profundizado la inseguridad laboral y aumentado la presión sobre el nivel de vida de la población. Para estos grupos, el descontento social responde tanto a la percepción de ineficiencia gubernamental como a la brecha creciente entre las promesas oficiales y la realidad cotidiana.
