La crisis de la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad social en España, y seis formaciones de la izquierda estatal y territorial han decidido coordinar una respuesta conjunta desde el ámbito municipal. Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Comuns, Más Madrid, Compromís y MÉS han anunciado el impulso de iniciativas en ayuntamientos de todo el país con el objetivo de frenar la escalada de precios y reforzar el carácter social de la vivienda.
La acción coordinada se traducirá en la presentación de mociones municipales que reclamen la declaración de zonas tensionadas, una figura contemplada en la Ley estatal de Vivienda que permite aplicar límites al precio de los alquileres en áreas donde el acceso a la vivienda se ha vuelto especialmente difícil. Las formaciones consideran que esta herramienta es clave para contener la subida de rentas en las ciudades y áreas metropolitanas más afectadas.
Además, las iniciativas incluyen la prohibición de compras especulativas de vivienda, especialmente aquellas realizadas por grandes tenedores con fines de inversión a corto plazo. Según sostienen estas fuerzas políticas, el comportamiento especulativo del mercado inmobiliario está detrás de buena parte del encarecimiento del acceso a la vivienda, al priorizar la rentabilidad frente a su función social.
Otro de los ejes de la propuesta es la aprobación de una prórroga extraordinaria de los arrendamientos de vivienda habitual, una medida orientada a ofrecer estabilidad a los inquilinos en un contexto de fuerte presión de precios y creciente vulnerabilidad residencial. Las formaciones defienden que garantizar la continuidad de los contratos puede evitar expulsiones forzadas y situaciones de precariedad habitacional.
En el manifiesto que acompaña esta ofensiva institucional, los partidos subrayan que la vivienda debe dejar de ser tratada como un activo financiero y pasar a ser considerada “exclusivamente un bien de primera necesidad”. A su juicio, el acceso a una vivienda digna y adecuada no puede depender de la capacidad especulativa del mercado, sino que debe garantizarse como un derecho.
Con esta estrategia, IU, Comuns, Más Madrid, Compromís, Mov. Sumar y MÉS buscan trasladar el debate al terreno local y presionar tanto a comunidades autónomas como al Gobierno central para que refuercen las políticas públicas de vivienda. La coordinación entre formaciones pretende, además, unificar el discurso y las propuestas en un momento en el que la cuestión habitacional se ha consolidado como una de las principales preocupaciones sociales.
