La reciente desclasificación parcial de documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (23-F) ha reabierto el debate historiográfico sobre la naturaleza del acontecimiento y el papel de las instituciones del Estado, especialmente de la Corona. Sin embargo, lejos de aportar una clarificación definitiva, la documentación publicada presenta importantes lagunas: ausencia de materiales clave como grabaciones de audio o vídeo, documentos sin autoría identificada, archivos incompletos y la no publicación del sumario judicial custodiado por el Tribunal Supremo.
El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 constituye uno de los episodios más decisivos de la historia política reciente de España. Durante décadas, el relato dominante ha presentado aquel acontecimiento como la acción de un grupo de militares nostálgicos del franquismo derrotados gracias a la firme intervención del rey Juan Carlos I y a la consolidación de la democracia parlamentaria.
No obstante, el proceso de desclasificación parcial de documentos realizado en 2026 ha reactivado debates historiográficos latentes. El Gobierno autorizó la publicación de más de un centenar de documentos procedentes de distintos ministerios y organismos de seguridad, incluyendo informes, comunicaciones militares y transcripciones telefónicas.
Sin embargo, diversos analistas han señalado que esta apertura documental está lejos de ofrecer una visión completa de los acontecimientos. La documentación publicada no proporciona una reconstrucción global del golpe ni introduce revelaciones sustanciales, en parte porque los materiales más relevantes —entre ellos el sumario judicial completo— siguen clasificados o no se han hecho públicos.
La cuestión central, por tanto, no es únicamente qué revelan los documentos, sino qué no revelan. El análisis preliminar de los documentos publicados revela tres problemas fundamentales.
—Algunos de los documentos desclasificados carecen de autor identificado o de contexto institucional claro. Esto plantea dificultades metodológicas para el historiador, ya que impide determinar su origen, intencionalidad o nivel jerárquico dentro del aparato del Estado.
—La presencia de informes anónimos resulta especialmente problemática en investigaciones históricas, pues impide evaluar su fiabilidad y su relación con decisiones políticas concretas.
—La desclasificación se ha limitado esencialmente a documentos escritos. No se han hecho públicos nuevos materiales en formato de audio o vídeo, a pesar de que existen indicios de que algunas comunicaciones durante el golpe fueron grabadas por organismos de inteligencia.
La ausencia de estas fuentes resulta significativa, ya que las grabaciones permitirían reconstruir con mayor precisión las comunicaciones entre mandos militares, servicios de inteligencia y la Casa Real.
Quizá la laguna más relevante sea la no publicación del sumario completo del proceso judicial del 23-F, custodiado por el Tribunal Supremo. Según diversos análisis, este documento continúa siendo la pieza clave para comprender la totalidad de los hechos, y su desclasificación podría tardar todavía años.
En términos historiográficos, esto significa que el núcleo documental del caso sigue siendo inaccesible.
Un relato oficial exculpatorio
Desde la década de 1980 se consolidó una narrativa política ampliamente difundida según la cual el 23-F fue un intento de golpe protagonizado por sectores militares aislados y derrotado gracias a la intervención del rey Juan Carlos I.
Esta interpretación se integró rápidamente en el imaginario colectivo de la Transición democrática. La figura del monarca fue presentada como garante de la Constitución y elemento clave para frenar la intentona golpista.
Sin embargo, algunos historiadores sostienen que el monarca actuó principalmente para preservar la estabilidad institucional y la continuidad de la Corona, más que por una defensa abstracta de la democracia. Desde esta perspectiva, el 23-F no sería simplemente un enfrentamiento entre golpistas y demócratas, sino el resultado de múltiples conspiraciones y proyectos políticos en conflicto.
Una de las interpretaciones más críticas procede del periodista e investigador Carlos Fonseca en su obra 23-F: la farsa[1]. Fonseca sostiene que la investigación judicial posterior al golpe estuvo condicionada desde el principio por la necesidad de construir una verdad oficial que evitara profundizar en posibles complicidades institucionales. Según su análisis, el proceso judicial habría ignorado indicios relevantes y descartado determinadas líneas de investigación para limitar el número de responsables y preservar la estabilidad política del sistema.
En esta interpretación, el 23-F no fue simplemente un golpe militar fallido, sino también un episodio en el que el aparato del Estado gestionó cuidadosamente la narrativa pública de lo ocurrido.
A la luz de estas interpretaciones, la reciente desclasificación parcial plantea una cuestión inevitable: ¿Estamos ante un ejercicio de transparencia o ante una operación de legitimación histórica del rey?
El hecho de que los documentos más comprometidos continúen clasificados, que existan archivos desaparecidos o destruidos y que los materiales publicados no modifiquen sustancialmente el relato dominante sugiere que la apertura documental podría tener también una dimensión política.
En otras palabras, la desclasificación podría funcionar como un mecanismo de reafirmación del relato histórico existente: el de una monarquía salvadora de la democracia. En este sentido, algunos sectores críticos han planteado que la operación corre el riesgo de convertirse en una “segunda farsa”: una desclasificación que aparenta transparencia mientras mantiene intactas las zonas oscuras del episodio
El relato dominante sobre la Transición ha tendido a atribuir a las élites políticas —y en particular al rey— el protagonismo en la llegada de la democracia. Sin embargo, la historiografía más reciente subraya que la caída del franquismo fue fundamentalmente el resultado de décadas de movilización social y política, con enormes consecuencias para los hombres y mujeres de la resistencia. Durante los últimos años de la dictadura, organizaciones obreras, movimientos estudiantiles y personalidades de la cultura, partidos antifranquistas protagoni
zaron huelgas, manifestaciones y campañas clandestinas que tuvieron un elevado coste en términos de represión: detenciones, torturas, encarcelamientos, despidos laborales y asesinatos.
El intento reiterado desde la “versión realista” de reducir la transición democrática a la acción de una figura institucional implica invisibilizar esa dimensión colectiva del proceso histórico.
La desclasificación parcial de los documentos del 23-F constituye un paso relevante en términos de acceso a los archivos del Estado, pero está lejos de resolver las incógnitas fundamentales sobre el golpe de 1981. Las lagunas documentales —documentos sin autoría, ausencia de materiales audiovisuales, archivos desaparecidos y la persistente clasificación del sumario judicial— limitan seriamente las posibilidades de una investigación histórica completa.
En este contexto, el debate historiográfico permanece abierto. La interpretación tradicional que presenta al rey Juan Carlos I como el salvador de la democracia sigue siendo dominante, pero las investigaciones críticas —como la de Carlos Fonseca— plantean interrogantes sobre la gestión política y judicial de aquel episodio. Más de cuatro décadas después, el 23-F continúa siendo no solo un acontecimiento histórico, sino también un campo de disputa sobre la memoria, la legitimidad institucional del rey y la interpretación del origen de la democracia española.
Nota:
[1] Fonseca, C. (2023). 23-F: la farsa. Madrid: Editorial Akal.
