El miércoles 15 de abril se publicó en el Boletín Oficial del Estado el decreto por el que se modifica el reglamento de extranjería para regular el proceso de regularización de las personas inmigrantes que carecen de documentación para residir en España. Las últimas modificaciones introducidas en el texto a raíz del dictamen del Consejo de Estado, en especial la obligatoriedad en algunos casos de aportar un informe de vulnerabilidad en vez de presumir esta por la mera situación de estancia irregular en España, han aumentado la necesidad de asesoramiento y la complejidad de la tramitación. Desde luego, los argumentos del Consejo de Estado podrían haberse canalizado de otra manera, ya que, en un procedimiento que beneficiará probablemente a más de medio millón de personas, añadir un requisito burocrático que recae en gran medida en los servicios sociales de los ayuntamientos y las entidades colaboradoras, dificultará la agilidad de la respuesta.
La expectativa creada ante la posibilidad de salir del agujero de discriminación que supone el acceso a los papeles explica la afluencia masiva de estos primeros días. En todo caso, gracias al esfuerzo de las entidades y profesionales, en particular de las organizaciones sociales y los sindicatos, se está abordando el proceso desde una enorme responsabilidad y movilización solidaria. El PCE ha organizado un seminario en línea de formación a sus militantes para que puedan ayudar en la orientación y tramitación de las solicitudes. Izquierda Unida ha puesto a disposición sus sedes y presencia institucional para facilitar el procedimiento. En este momento lo más importante es garantizar el éxito del proceso, un reto ante la escasez de medios y unos plazos excesivamente cortos, ya que el registro de las solicitudes finalizará el 30 de junio y no parece que se vaya a prorrogar.
Los intentos de sabotear la regularización no cesan
La derecha, empeñada en su campaña xenófoba, no ha esperado mucho para intentar boicotear esta medida básica que supone el acceso a derechos y una normalización de la vida cotidiana que beneficia a toda la sociedad. Apenas un día después de la publicación en el BOE, el Tribunal Supremo rechazó una medida cautelar para paralizar el proceso. Los máximos portavoces del PP, Vox, Junts y otras formaciones que comparten la demagogia xenófoba han multiplicado sus declaraciones alarmistas. Aunque a corto plazo pueda producir réditos electorales oportunistas, esta actitud racista no debe salirles gratis y quedar en el olvido. En la España del futuro, donde convivirán las generaciones sin importar la procedencia de sus ancestros, debe quedar claro en la memoria democrática quienes apostaron por el reconocimiento de derechos y quienes torpedearon toda medida de igualdad desde el insulto y el menosprecio.
Otra vía de boicoteo que se ha generalizado es la de negarse a emitir los informes de vulnerabilidad en los ayuntamientos donde gobiernan las derechas, con argumentos peregrinos, o impedir a las personas que solicitan pruebas de su estancia en España la obtención de certificaciones, como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid con el Consorcio Regional de Transportes. Isabel Díaz Ayuso no duda en hacerse fotos con venezolanos que comparten su discurso derechista, al mismo tiempo que no vacila en poner en peligro la vida normalizada de familias enteras con las que posa cuando le interesa para sus campañas políticas. La desvergüenza de las derechas que utilizan el discurso antiinmigración no va a tener fin. El gobierno debe mantener una actitud firme frente al sabotaje y actuar con la suficiente flexibilidad para que se puedan atender todas las peticiones, facilitando la tramitación de las mismas y dotando de los medios suficientes para que el proceso culmine con éxito.
Nadie debe quedar atrás
Lo positivo del proceso no puede ocultar las deficiencias detectadas. Se ha denunciado que los solicitantes de apatridia, en su inmensa mayoría saharauis, no pueden compatibilizar sus procedimientos con la actual regularización a raíz de la modificación introducida en el texto como consecuencia del dictamen del Consejo de Estado. Un obstáculo que tendría fácil solución si el gobierno aplicara la posibilidad presente en la norma vigente sobre esta materia, el decreto 865/2001, para otorgar una autorización provisional de permanencia y trabajo durante la tramitación de la solicitud de apatridia que puede alargarse hasta más de dos años.
Por otro lado, quedan pendientes los recursos que hace un año presentaron diversas entidades sociales contra el vigente reglamento de extranjería y que el Tribunal Supremo debe resolver en estas semanas. Se pretendía con ellos reconocer el tiempo de estancia de las personas solicitantes de asilo, mientras esperan su resolución. De esta forma se evitaría que quienes se encuentren trabajando pierdan la posibilidad de regularizarse en el futuro si lo necesitaran. Que el procedimiento de asilo y el de extranjería puedan ser compatibles, otro de los objetos del recurso, es una medida que el gobierno ha contemplado en la actual regularización extraordinaria. En caso de continuar con el actual reglamento, la incompatibilidad seguirá impactando negativamente sobre las personas que soliciten asilo a partir del 1 de enero de 2026, ya que estas no podrán acogerse ni a la regularización ni a los mecanismos de arraigo en el futuro.
Por un nuevo modelo migratorio
Esta regularización ha evidenciado, una vez más, el fracaso de un modelo migratorio que no es capaz de atender de manera ordinaria lo que es una realidad en la sociedad española, una movilidad humana provocada por la falta de expectativas que ofrece el capitalismo hegemónico, las guerras provocadas por el imperialismo y la creciente inestabilidad en las relaciones internacionales. Por ello, una vez atendido lo prioritario ahora, asegurar la documentación de un mayor número de personas, será obligado plantear la necesidad de un nuevo modelo basado en derechos y con cauces permanentes de regularización, algo incompatible con la aplicación del pacto europeo de migración y asilo, que entrará en vigor a finales de junio, la directiva de retorno de la UE y otras medidas similares que caracterizan la actual ola reaccionaria. Su aplicación conllevará políticas cada vez más restrictivas y una estrategia de externalización de fronteras que supondrá un claro retroceso de los derechos humanos. Por eso España no se puede conformar con una regularización tan necesaria como parcial y debe apostar por un cambio de raíz de políticas que aprenda de los errores del pasado.
