Donald Trump ha encontrado una fórmula para avanzar sobre Groenlandia sin tener que incorporarla formalmente a Estados Unidos. El presidente estadounidense anunció este viernes un acuerdo con Dinamarca y el Gobierno groenlandés que, según su propia descripción, otorgaría a Washington un control permanente sobre la seguridad de la isla y permitiría ampliar allí su presencia militar.
El acuerdo todavía no se ha firmado ni se conoce su texto completo. Está previsto que los tres gobiernos lo suscriban la próxima semana, coincidiendo con la Asamblea General de Naciones Unidas, y posteriormente tendrá que superar los procedimientos parlamentarios correspondientes.
La diferencia entre el lenguaje de Trump y el empleado por Copenhague y Nuuk resulta significativa. Mientras el presidente estadounidense habla de un acuerdo de «vida indefinida» que concede a Estados Unidos responsabilidad permanente sobre la seguridad de Groenlandia, Dinamarca y Groenlandia subrayan que el pacto mantiene la soberanía danesa y reconoce el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.
Pero, aunque no exista anexión territorial, el contenido conocido plantea una cuestión diferente: hasta dónde puede llegar el control de una potencia sobre un territorio que formalmente continúa bajo la soberanía de otro Estado.
Una isla que vale por su posición
Según la versión difundida por Trump, ningún país considerado adversario de Estados Unidos podrá establecer una base militar, mantener presencia militar o realizar determinadas inversiones estratégicas en Groenlandia sin autorización expresa de Washington. El acuerdo permitiría además incrementar la presencia militar estadounidense y, según fuentes citadas por medios internacionales, construir nuevas instalaciones.
La importancia de Groenlandia no reside únicamente en sus dimensiones. Su posición entre Norteamérica, el Atlántico y el Ártico la convierte en un punto de enorme valor militar y geoestratégico. Estados Unidos ya dispone allí de la base espacial de Pituffik y mantiene derechos militares derivados de acuerdos anteriores. El nuevo pacto ampliaría potencialmente ese margen de actuación.
A esto se suma la cuestión económica. El subsuelo groenlandés contiene recursos minerales considerados estratégicos para numerosas industrias, incluidos minerales críticos y tierras raras. El deshielo del Ártico está abriendo además nuevas posibilidades para las rutas marítimas y aumentando la importancia económica y militar de la región.
El acuerdo conocido hasta ahora no establece públicamente derechos estadounidenses sobre la explotación minera. Sin embargo, la inclusión de las llamadas «inversiones sensibles» en las restricciones anunciadas por Trump muestra que la dimensión económica forma parte de la disputa por la isla.
En esta línea, el control de posiciones estratégicas, de infraestructuras, de rutas comerciales, de recursos y de las condiciones en las que otras potencias pueden operar también constituye una forma de poder internacional. La cuestión central no es únicamente quién posee jurídicamente Groenlandia, sino quién dispone de capacidad efectiva para determinar qué puede hacerse allí.
El acuerdo anunciado por Trump apunta precisamente en esa dirección. Estados Unidos no obtiene la propiedad de la isla, pero aspira a convertir su seguridad en un ámbito de competencia prácticamente reservado. Washington podría ampliar su presencia militar mientras, al mismo tiempo, pretende impedir que China, Rusia u otros Estados desarrollen capacidades equivalentes.
Washington podría ampliar su presencia militar mientras, al mismo tiempo, pretende impedir que China, Rusia u otros Estados desarrollen capacidades equivalentes.
La lógica es la de la competencia entre grandes potencias por espacios estratégicos. Y Groenlandia se encuentra ahora en el centro de esa disputa.
Esto tampoco significa que Dinamarca o Groenlandia sean actores completamente pasivos. Ambos gobiernos han negociado el acuerdo y defienden que sus intereses y su soberanía quedan reconocidos. El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, ha señalado que el pacto reconoce los intereses de la isla y su posición en la cooperación internacional, mientras que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha insistido en la soberanía del Reino y en el derecho groenlandés a la autodeterminación.
Pero la asimetría de poder resulta difícil de ignorar: el acuerdo surge después de meses en los que el presidente estadounidense llegó a plantear públicamente la posibilidad de hacerse con Groenlandia e incluso dejó abierta la utilización de la fuerza militar.
De la amenaza de anexión al control permanente
Trump comenzó su segundo mandato insistiendo en que Estados Unidos necesitaba Groenlandia por razones de seguridad nacional. Durante meses, la cuestión provocó una crisis diplomática con Dinamarca y tensiones dentro de la propia OTAN.
El nuevo acuerdo supone, al menos por ahora, un desplazamiento respecto a la pretensión inicial de adquirir la isla. Trump no consigue la anexión que había reclamado, pero el pacto podría proporcionarle buena parte de las capacidades estratégicas que explicaban el interés estadounidense por el territorio.
De hecho, una de las cuestiones más relevantes es que, según la interpretación difundida desde Washington, el acuerdo seguiría vigente incluso si Groenlandia alcanzase algún día la independencia de Dinamarca.
Es decir, la eventual modificación del estatus jurídico de la isla no implicaría necesariamente una modificación de la relación estratégica que Estados Unidos pretende establecer con ella.
La paradoja es evidente: mientras Washington presenta el acuerdo como una cuestión de seguridad frente a sus adversarios, el resultado puede ser precisamente la consolidación de una esfera de influencia estadounidense en una de las regiones donde se está intensificando la competencia entre grandes potencias.
Por ahora, buena parte de los detalles permanecen ocultos y el acuerdo aún debe formalizarse y pasar por los procedimientos parlamentarios de Dinamarca y Groenlandia. Lo que sí resulta claro es el cambio de escenario. La discusión ya no gira solamente alrededor de si Estados Unidos puede comprar o anexionarse Groenlandia. La cuestión pasa a ser si una potencia puede obtener control estratégico permanente sobre un territorio sin necesidad de convertirse formalmente en su soberana. Y ese desplazamiento, más que la retórica de Trump sobre la propiedad de la isla, es probablemente la parte más significativa del acuerdo.
