Siete días después de que el Congreso rechazara los anteriores decretos de vivienda, el Gobierno ha vuelto a aprobar este martes un nuevo paquete de medidas. Los textos mantienen buena parte de las medidas que decayeron el pasado viernes, pero incorporan algunos cambios, entre ellos un endurecimiento de las restricciones a las compras especulativas y una dotación de 10.000 millones de euros para préstamos destinados a facilitar la compra de la primera vivienda.
El Ejecutivo ha aprobado dos reales decretos-ley. El primero concentra las medidas de protección frente a los desahucios, regulación del alquiler y limitación de las operaciones especulativas de determinados fondos y empresas. El segundo plantea la renovación automática de los contratos de alquiler, aunque su entrada en vigor queda condicionada a que la Diputación Permanente del Congreso lo convalide.
Más restricciones a las compras especulativas
Una de las novedades afecta a la prohibición de determinadas compras de vivienda por parte de fondos y empresas consideradas especulativas. El nuevo texto amplía la definición de las entidades afectadas y reduce las excepciones que permitían eludir las restricciones.
El decreto también introduce nuevas obligaciones en la publicidad de las viviendas en alquiler. Los anuncios deberán incorporar el índice de referencia del precio del alquiler y señalar si el propietario tiene la consideración de gran tenedor. El objetivo es que las personas que buscan vivienda dispongan de más información sobre el precio solicitado y sobre quién está detrás de la oferta.
También se mantiene la protección frente a los desahucios para personas vulnerables que no dispongan de una alternativa habitacional. En determinados procedimientos, las administraciones competentes deberán asumir las costas cuando sea necesario paralizar el desahucio. La protección frente a los lanzamientos vinculados a viviendas de fondos buitre se extiende hasta finales de 2030.
10.000 millones para facilitar la compra de una primera vivienda
La principal novedad económica anunciada por el Gobierno es la dotación de 10.000 millones de euros para el mecanismo ‘Tu Casa’, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
La medida está dirigida a personas que quieren comprar su primera vivienda habitual pero no disponen del ahorro suficiente para afrontar la entrada de una hipoteca. Los préstamos serán a tipo de interés cero y podrán cubrir hasta el 20% del valor de la vivienda, con un límite de 50.000 euros. El mecanismo ya estaba incluido en el decreto aprobado la semana pasada, pero el Gobierno ha concretado ahora la cantidad destinada a financiarlo.
El paquete recupera además otras medidas destinadas a aumentar la oferta de vivienda asequible, reforzar el parque público y favorecer la construcción de vivienda protegida.
La renovación automática queda pendiente
El segundo decreto introduce una medida especialmente relevante para quienes viven de alquiler: la renovación automática de los contratos una vez finalice su duración, salvo determinadas circunstancias, como que el propietario necesite la vivienda para sí mismo o para un familiar.
A diferencia del resto de medidas, esta norma no quedará plenamente consolidada de manera inmediata. Tras la disolución de las Cortes, su convalidación corresponde a la Diputación Permanente del Congreso y el Gobierno ha condicionado su entrada en vigor a que este órgano dé su aprobación.
La situación es diferente para el decreto que reúne el grueso de las medidas de vivienda, ya que las fuerzas que respaldaron el texto anterior cuentan con una mayoría en la Diputación Permanente. El decreto sobre la renovación automática, sin embargo, parte de una posición más complicada al haber contado también con votos en contra en el Congreso de formaciones que no apoyan ahora su convalidación.
Los nuevos decretos llegan después de que el Congreso tumbara el pasado viernes las primeras medidas del Gobierno. Su rechazo se produjo en plena escalada de las movilizaciones por la vivienda y pocos días después de que CCOO y UGT anunciaran la convocatoria de una huelga general para reclamar medidas ante la crisis habitacional.
Con la nueva aprobación, el Gobierno vuelve a poner las medidas sobre la mesa, pero su recorrido dependerá ahora de la Diputación Permanente y, en el caso de la renovación automática de los alquileres, de una votación que todavía no tiene asegurada.
