La convocatoria de una huelga general para el 11 de noviembre pretende impulsar una gran movilización social y dotar de una dimensión laboral a la reivindicación de unas políticas de vivienda ambiciosas. Por ambiciosas entendemos aquellas que permitan el acceso a un bien social básico al conjunto de la clase trabajadora. Pero desde CC.OO. también se pretende introducir en la ecuación los salarios, su capacidad de compra, y qué factores están drenando las rentas familiares y de las clases populares.
Es conocido que atravesamos un nuevo episodio de inflación. El tercero en cinco años. El primero fue en la salida de la pandemia, la recuperación del comercio mundial y los consiguientes coágulos en las cadenas de suministro global, que incrementaron los precios. El segundo, tras la invasión rusa de Ucrania con un encarecimiento del gas, los combustibles, los alimentos, las materias primas y los fertilizantes. El tercero es ahora, con la ofensiva neoimperial de Trump, la guerra en Irán y las inestabilidades asociadas.
Pero hay más. La inflación se produce también por el incremento de la rentabilidad empresarial, sobre todo en las empresas con poder de mercado. Imputan los incrementos de costes a precios, salvaguardan y mejoran sus beneficios y, a la vez, bloquean las subidas de los salarios.
La mercantilización creciente de servicios de ciudadanía no responde a una mala situación económica de las administraciones, sino a un programa político definido
Y conviene no olvidar la creciente cantidad de recursos que los hogares están teniendo que destinar para acceder a servicios como consecuencia del deterioro de las redes públicas que debieran suministrarlos de forma universal. El gasto familiar en aseguramientos sanitarios, en los centros privados de formación profesional y en las universidades privadas no son casuales. Son la consecuencia directa de la insuficiente dotación de plazas y recursos en las redes públicas citadas. Políticas impulsadas, conviene no olvidarlo, mientras los recursos transferidos a las comunidades autónomas son los más cuantiosos de la historia. La mercantilización creciente de servicios de ciudadanía no responde a una mala situación económica de las administraciones, sino a un programa político definido.
Esta combinación de factores está provocando que la marcha de la economía española, siendo la que más crece entre las grandes de la UE, con récord de empleo, estabilización de la contratación y subidas medias de los salarios por encima del 4%, no esté siendo suficiente para afrontar el encarecimiento de la cesta de la compra de millones de familias trabajadoras.
El otoño caliente que ya pronosticábamos nos llevó a hacer una reivindicación ambiciosa en materia salarial. En los convenios colectivos, un acuerdo estatal con subidas entre el 4 y el 7%, así como una subida del SMI del 7%. Y una iniciativa encaminada a facilitar esa demanda. Un fondo económico de 4 millones de euros para compensar las pérdidas salariales de las personas que hicieran huelgas en la negociación de su convenio colectivo. Este escenario de movilización se ha transformado tras los acontecimientos del último mes.
Las familias están desviando sus recursos para acceder a servicios que deberían ser suministrados por las redes públicas, como la Sanidad y la Educación y que han sido deteriorados
La situación de la vivienda está actuando como catalizador de un malestar que atraviesa de forma bastante trasversal a la sociedad española. Porque cada vez son más personas o familias las que se ven atenazadas por un coste inasumible en una hipoteca o un alquiler, o incluso no pueden tener una vida autónoma.
Comenzando por una juventud que se emancipa de media a los 30 años, pero siguiendo por otras situaciones donde el salario se va en alquileres imposibles. España ha promovido desde hace décadas un modelo propietarista de la vivienda, que hace que buena parte de la clase trabajadora haya acumulado su posibilidad de ahorro en un patrimonio inmobiliario que, en la gran mayoría de los casos, es la vivienda en la que habita.
Sin embargo, están apareciendo operadores inmobiliarios, como empresas de inversión o fondos buitre, y nuevos usos, como las viviendas turísticas, que contribuyen al encarecimiento de los precios. Asistimos a una creciente mercantilización de un bien que fundamentalmente debiera estar concebido como necesidad social. En un país, no lo olvidemos, que alcanza los 50 millones de habitantes, y por tanto demanda más espacios donde vivir a un precio asequible. La insatisfacción de esa demanda ha instalado una auténtica bomba de relojería.
Esta bomba ha estallado con el golpe emocional del drama de Mari Carmen Abascal, y el posterior rechazo a la convalidación de los decretos ley sobre vivienda por parte del PP, VOX y Junts. Pero esa emocionalidad debe tener continuidad, a través de la movilización, en una reivindicación que se abra paso hegemónico en la sociedad española.
Hace falta una agenda reformista ambiciosa que refuerce el papel social de la vivienda, frente a su uso como un activo de inversión. Las medidas regulatorias en materia de desahucios, tope al precio de los alquileres, condiciones de prórroga de los contratos u otras, sin duda tienen su interés. Pero es el momento de dar dimensión estructural al problema. Necesitamos una infraestructura pública de vivienda. La podíamos tener, pero se renunció a ella: los 6,5 millones de viviendas protegidas que se construyeron desde 1960 (2,7 millones entre 1980 y 2023), se desclasificaron y dejaron de tener esa condición. Esto limita la efectividad de las acciones regulatorias. Necesitamos una inversión sostenida que se aproxime al 1% del PIB para dotarnos de 1,5 millones de casas asequibles en la próxima década.
La vivienda debe constituirse como un pilar de un pacto social que renueve el estado de bienestar. La simpatía que concita la causa, como hemos podido ver en distintas encuestas, debe impulsar una ofensiva ideológica en torno a los elementos que permitan recuperar la seguridad vital para las mayorías sociales. Dotarnos de bienes comunes e infraestructuras públicas respecto a los salarios y la negociación colectiva, sanidad, educación, pensiones, vivienda y cuidados. El 11 de noviembre, en su vertiente laboral y en su vertiente social, debe impulsar esta pugna dialéctica. Situar estas cuestiones en el centro de la conversación pública.
