Tras el gran debate del día en el Congreso de los Diputados sobre la Reforma Laboral, le llegó el turno al Dictamen de la Comisión de Investigación relativa a la “Operación Kitchen”, donde la cámara dio el “sí” y declaró como responsable político de dicha operación al expresidente Mariano Rajoy.
Tras meses de comparecencias, investigaciones y de recabar información, el debate sobre el “Dictamen de la Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular”, creada en octubre de 2020, llegó por fin al Congreso de los Diputados.
El 22 de diciembre de 2021, la comisión Kitchen dictaminó que Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal conocieron el espionaje a Bárcenas, y concluyó que “la cúpula directiva del PP ordenó que se utilizara a los efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior para hacer un seguimiento y encontrar las pruebas que obraran en poder del extesorero Luis Bárcenas y que inculparan al PP sobre la financiación irregular y los casos de corrupción durante los años en que gobernaban”. Un uso de las instituciones partidista e ilegítimo, que creó una policía política al servicio de sus intereses. Hasta el 31 de diciembre de 2021, se pidieron ampliaciones para la emisión del dictamen debido a la complejidad de la investigación.
El texto se aprobó con los votos a favor (195) de Unidas Podemos, PSOE, EH Bildu, Ciudadanos, ERC y PNV, entre otros; los votos en contra (91) del PP y de su escisión Foro Asturias; y 63 abstenciones, en su mayoría de VOX. Algunas consideraciones de votos particulares, como el presentado por Unidas Podemos, fueron rechazadas por el Congreso. La consideración de UP incluía consideraciones sobre el inicio de las cloacas y el debate sobre los límites democráticos de la razón de Estado. Pedía un proceso de investigación, reconocimiento público, reparación a las víctimas de las cloacas del Estado y no repetición de las prácticas descritas en los informes.
El documento aprobado concluye que “la finalidad de la Operación Kitchen era la obstrucción de las investigaciones judiciales en marcha y que las pruebas que pudieran estar en posesión de Luis Bárcenas se destruyeran u ocultaran para que nunca fueran utilizadas por la Administración de Justicia e, incluso, de los propios miembros del cuerpo que actuaban como policía judicial”, donde “la cúpula directiva del PP” habría utilizado, presuntamente, fondos reservados y ordenado “que se utilizara a los efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior”.
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ORGANIZACIÓN CRIMINAL
El Congreso de los Diputados concluye así que el Partido Popular ha usado las cloacas del Estado para beneficio propio, constituyendo una “policía política” al servicio de sus intereses, y no los de la ciudadanía. Se trata así de un asunto muy grave en la historia de la democracia española, donde los numerosos casos de corrupción sitúan al PP como una “organización criminal”, como describió el juez Eloy Velasco a la trama Púnica, otra operación corrupta en la que los populares están implicados. La policía y las instituciones deben estar al servicio de la ciudadanía, no al de los intereses partidarios de una organización corrupta.
