El Parlamento de Uruguay ha invertido la legislación sobre trasplantes. Hasta ahora, sólo eran donantes los voluntarios o por decisión familiar después del fallecimiento. La nueva ley establece que todos lo serán si no manifiestan su oposición.
A pesar de tener la tasa de donantes más alta de América Latina, miles de pacientes mueren continuamente en las listas de espera. El promedio para un trasplante de riñón es de dos años y medio.
El cambio se ha producido por consenso entre parlamentarios de todos los partidos. La ley, que entrará en vigor con un plazo de adaptación de un año, dice que “toda persona mayor de edad que, en pleno uso de sus facultades, no haya expresado su oposición a ser donante, se presumirá que consiente la ablación de sus órganos, tejidos y células en caso de muerte, con fines terapéuticos o científicos”. Para menores de edad o incapacitados, la decisión dependerá de sus representantes legales.
Mientras en Uruguay la solidaridad se impone, en Alemania el gobierno busca un procedimiento para impedir la corrupción recientemente detectada: se han manipulado los expedientes de los aspirantes, pagando para colocarse mejor en las listas de espera.
